El juez José Luis Suárez homologó el procedimiento abreviado en el cual la Fiscalía y la Defensa acordaron las condenas para otros dos miembros de la banda de Esteban Lindor Alvarado. Se trata de Jorge Antonio Benegas de 45 años, que convino una pena de 5 años de prisión efectiva y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado estimado en la suma de 62,2 millones de pesos por el delito de asociación ilícia en carácter de organizador en concurso real con el delito de Lavado de activos; y a Valeria Nasca de 43 años, una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado, siendo la suma de 51,6 millones por asociación ilícita en carácter de integrante en concurso real con el delito de lavado de activos.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario le atribuyeron a Benegas ser el organizador de una asociación ilícita con miembros que conformaban distintos estamentos, que funcionó desde al menos el 16 de Junio de 2012 al 18 de octubre de 2019, donde Esteban Alvarado era el jefe. Benegas era quien realizaba conductas que sirvieron para organizar la empresa criminal e impartía directivas dadas por Alvarado a otros miembros de la asociación, actuando como la persona de confianza del jefe. 

La Fiscalía describió a la asociación ilícita organizada en dos estamentos: el operativo y logístico, y el estamento a cargo de la gestión y administración y disposición de bienes. 

El primero de estos estamentos está constituido por los aportes de personas a las que se les asignan tareas operativas y logísticas para cometer (y procurar los medios materiales) para la comisión de crímenes violentos y otros delitos. 

El segundo estamento está integrado por quienes cumplían tareas bajo directivas de Alvarado para administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindan las estructuras societarias, a los efectos del provecho de los mismos y su utilización en la comisión de nuevos hechos delictivos. 

Valeria Nasca era parte de este segundo grupo. Además se le atribuye haber participado de una maniobra tendiente a ocultar deliberadamente la calidad de propietario que Alvarado tenía de la vivienda familiar ubicada en Avenida Fuerza Aérea al 2300 de la localidad de Funes, habiéndola adquirido con el producido de actividades ilícitas mencionadas en la asociación ilícita.

Otros cinco integrantes de la organización que prestaron su nombre para crear empresas unipersonales y comerciales, gestionarlas, administrarlas y brindar logística a otros estamentos de la banda fueron condenados el 5 de octubre pasado en otro juicio abreviado. En ese grupo estuvo Rosa Capuano, ex pareja y madre de dos de los hijos de Alvarado. Las penas fueron de 3 años, en algunos casos de cumplimiento condicional y en otros efectivo, a lo que se les sumó para tres de los involucrados el pago de multas millonarias, que en el caso de Capuano fue de 51 millones de pesos. Alvarado y otros miembros de la banda están próximos al juicio oral y público con expectativas de condenas muy altas.