Solo dos años después de iniciado el proceso de relocalización, los vecinos y vecinas del Sector YPF de la Villa 31 sufren en sus nuevas viviendas diversas deficiencias constructivas como filtraciones de agua en techos y paredes, falta de matafuegos y elementos de seguridad, y falencias en los servicios de agua y electricidad. En el marco del lento y cuestionado proceso de urbanización del barrio, a las denuncias de los habitantes del nuevo sector se sumó ahora un relevamiento realizado por organizaciones que detalla una por una las fallas en las construcciones del GCBA. "La persistencia de los defectos constructivos señalados puede ser causa de daños mayores en los componentes y en la totalidad de los edificios, poniendo en juego su durabilidad", advirtieron las organizaciones, que sostienen que "el proceso de reurbanización funcionaría más bien como método expulsivo, liberando el barrio al mercado inmobiliario". 

El relevamiento realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Defensoría de Laburantes fue realizado en 19 de los 26 edificios del Sector YPF. "Entre 2019 y 2021 aproximadamente mil familias del sector conocido como Bajo Autopista fueron relocalizadas a las viviendas nuevas. Estas viviendas, desde su inauguración vienen presentando problemas constructivos y funcionales serios que han generado mucha preocupación entre sus habitantes", explicó la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de CLIC. 

Como ya consignó este diario en testimonio de los vecinos y vecinas, uno de los principales problemas mencionados está relacionado con las filtraciones y la provisión de agua. En el informe final de 57 páginas elaborado por las organizaciones se detalla que las viviendas sufren filtraciones en techos en un 73,8 por ciento de los casos, mientras que en el 69 por ciento también se producen en paredes, en su mayoría hechas de Durlock. En cuanto a la provisión de agua, tanto fría como caliente, el informe remarca que es insuficiente en el 81,4 por ciento de los hogares. 

"Superficies rugosas y desparejas en los pisos, con 88,4 por ciento, herrajes en mal estado, con 73,3 por ciento", continúa enumerando el informe. A su vez, el mal estado de la aislamiento térmico, con 57,1 por ciento, y acústico, con 81,4, también aparece mencionado por los vecinos y vecinas. Por su parte, la categoría "mal funcionamiento de luces y enchufes" alcanzó el 76,7 por ciento. "También se revelaron deficiencias en los servicios de agua y electricidad en los espacios comunes (pasillos y escaleras), provistos por paneles solares", destaca el informe.

"Los daños estructurales, tanto en losas como en techos, debilitan o incluso pueden llevar a la destrucción de la estructura resistente de los nuevos edificios construidos por el GCBA. Los desperfectos en el sistema eléctrico constituyen problemas de seguridad eléctrica y además elevan el riesgo de incendio. La falta de agua en los sistemas de distribución constituye un limitante a la hora, por ejemplo, de poder extinguir los incendios", indicó Koutsovitis, quien recordó que una de las viviendas se incendió el 31 de mayo de este año. 

"Los incendios demuestran no solamente las deficiencias en las instalaciones que pusieron en riesgo las viviendas sino también la mala organización de la prevención de accidentes: faltan matafuegos o están vacíos y no había bocas de agua", agregó en este sentido Zoe Durruty, licenciada en Ciencias Políticas e integrante de La Defensoría de Laburantes. Según indica el informe, el "93,3 por ciento de los hogares realizaron reclamos ante la secretaría responsable, de los cuales el 95,6 por ciento no recibió solución. Muchos reclamos fueron iniciados desde el momento mismo de la entrega de las viviendas".

"Luego de muchos meses de insistencia se convocó a mesas de trabajo con el objetivo de resolver los problemas de las viviendas", señaló Durruty. "En el tercer encuentro se llegó a una conclusión interesante, se reconocieron los problemas del agua caliente y de la ausencia de matafuegos y se anunció la instalación de termotanques eléctricos. Estas resoluciones son significativas porque confirman los problemas estructurales", añadió, aunque indicó que a la fecha "no se avanzó con la instalación del nuevo sistema para que las familias tengan agua caliente a través de termotanques eléctricos". 

"Las deficiencias constructivas forman parte del plan del GCBA de facilitar la presión inmobiliaria para hacerse con estos suelos públicos a futuro", advirtió Jonatan Baldiviezo, titular del ODC. El abogado agregó que el Gobierno porteño "hace todo lo posible para no consolidar el barrio y para no otorgar todas las soluciones habitacionales definitivas que necesitan las familias. Por este motivo, en las relocalizaciones muchas familias recibieron viviendas que no tienen las habitaciones suficientes para los integrantes del hogar". 

El intento del GCBA de avanzar en la venta de terrenos del barrio no es novedad. En enero de este año, la Justicia porteña suspendió la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido transferidas desde Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Entre ellas se contaban varios lotes ubicados dentro del "Polígono Barrio Carlos Mugica". En mayo, la Cámara de Apelaciones porteña ratificó la suspensión de la venta. 

El proceso de urbanización de la 31 es uno de los puntos críticos del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Aunque el GCBA lo utiliza como una de sus banderas de campaña, lo cierto es que hasta el momento solo se construyeron 1080 viviendas -- con las condiciones habitacionales que detalla el informe de las organizaciones -- para una población de más de 40 mil habitantes. Según Baldiviezo, la urbanización "tiene rasgos de un proceso de gentrificación lento, a largo plazo, para que el barrio desaparezca y estos suelos sean destinados a emprendimientos inmobiliarios suntuosos al estilo de Puerto Madero, como impulsa el GCBA en Costa Salguero o el de Costa Urbana en Costanera Sur”.