Por segunda vez, hoy asumirá Oscar Biagioni como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia sin haber obtenido ningún voto en la Asamblea Legislativa, que debe refrendar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Omar Perotti es el segundo gobernador que decide poner a este contador, que hoy cuenta con cuatro denuncias por violencia laboral y de género en trámite administrativo o judicial, como integrante del organismo encargado de fiscalizar los actos administrativos en todos los poderes de la provincia. Maltrato laboral, discriminación, acoso y coacción son algunas de las denuncias que recibió el funcionario. Uno de los interrogantes que genera esta designación es el futuro laboral de las empleadas que lo denunciaron, ya que desde la Comisión bicameral de Acuerdos se filtró información de su identidad y los términos de las denuncias, aunque nunca fueron recibidas para escuchar sus experiencias. 

Con miedo por las represalias posibles, las denunciantes afirman que Biagioni intimó a agentes públicos a concurrir a vitorearlo en su asunción, como ya lo hizo para que firmen declaraciones de apoyo a su continuidad. El funcionario exige que lo llamen "señor presidente", según relatan, "entre risas y sollozos que asustan, por su cambiante personalidad". Ese rasgo lo pudieron observar quienes integran la Comisión bicameral de Acuerdos cuando concurrió, como manda la ley. Respondió entre llantos cuando la diputada socialista Lionela Cattalini le preguntó por las denuncias en su contra. No reacciona así con sus empleadas: las trata de "negra de mierda" y también les asegura que están ahí por él. Los maltratos llegaron a Tribunales, ya que el juez en lo laboral de Santa Fe, Guillermo Garibay, ordenó el cese de hostigamiento y la prohibición de acercamiento hacia una profesional del Tribunal, que comenzó a sufrir persecución en 2018, cuando difundió la información de un concurso entre sus colegas, y los instó a presentarse. Biagioni la amenazó, le gritó y le dijo que ese concurso tenía “nombre y apellido”. Lo ganó Alejandra Nieto, la esposa del funcionario.

Biagioni llegó por primera vez como vocal al Tribunal de Cuentas en agosto de 2015, propuesto por el entonces gobernador Antonio Bonfatti. En aquella ocasión, por diferencias al interior del Frente Progresista, la Asamblea tampoco se conformó y la aprobación se dio por el mero paso del lapso legal establecido. Este año, la polémica se levantó aun antes de que Perotti decidiera volver a enviar el pliego. Biagioni presidió durante los seis años de su mandato el organismo, rompiendo la tradición de una rotación de la presidencia entre los diferentes vocales. 

Los cuestionamientos a Biagioni son públicos, como relató Rosario/12. Las denuncias llegaron al Ministerio de Mujeres, Igualdad y Género de la Nación, pero no pudieron perforar el blindaje legislativo del funcionario, que fue asesor del senador Armando Traferri entre 2011 y 2015 tras una larga carrera en el Estado siempre designado en puestos claves, tanto por gobiernos peronistas como del Frente Progresista.

El 14 de octubre pasado, la Asamblea Legislativa fracasó por segunda vez en siete días por falta de quórum. Solo 28 legisladores se convocaron para votarlo en contra, de los cuales dos eran senadores, sobre un cuerpo de 19. Faltaron 41 representantes. Así, Biagioni se convirtió en el primer vocal del Tribunal de Cuentas en la historia institucional de Santa Fe que asume dos períodos sin ningún voto. 

La voluntad de rechazar el pliego sumó a catorce diputadxs del socialismo (el presidente de la Cámara, Pablo Farías, y sus colegas Joaquín Blanco, Clara García, Erica Hynes, Claudia Balagué, Gisel Mahmud, José Garibay, Lionella Cattalini, María Laura Corgniali, Lorena Ulieldin, Esteban Lenci, Pablo Pinotti, Rosana Bellatti y Nicolás Aimar). Y tres aliados: Gabriel Real (PDP), Mónica Peralta (GEN) y Fabián Pablo Oliver (UCR). Más, los cuatro del interbloque de izquierda: Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). Se sumaron también tres diputadas del Frente de Todos (Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Cesira Arcando), así como Gabriel Chumpitaz (PRO) y Amalia Granata. Los senadores fueron Rubén Pirola (presidió la sesión) y Germán Giacomino. 

Biagioni, además, está acusado de proteger al ex jefe de policía de la provincia Rafael Grau, acusado de fraguar la compra de repuestos y reparación de móviles policiales para quedarse con el dinero. En junio de 2016, el máximo encargado de cuidar la transparencia de las cuentas públicas le avisó sobre una denuncia en su contra, y le aconsejó cómo neutralizarla.