Comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal 2 por el siniestro vial en el que murieron 43 gendarmes del destacamento móvil 5 de Santiago del Estero, el 14 de diciembre de 2015 a la altura del arroyo Balboa, en el kilómetro 956 de la ruta nacional 34, cerca de Rosario de la Frontera. Los acusados son un suboficial y cuatro comandantes de Gendarmería, la imputación fiscal es por estrago culposo seguido de muerte. 

Familiares de los gendarmes viajaron con recursos propios desde distintas provincias para asistir a la primera audiencia. Antes del inicio del juicio se concentraron en la puerta del TOF 2 y dieron entrevistas a los medios de comunicación. Por protocolo de Covid-19, y debido a que la sala de juicio es muy pequeña un grupo presenció la audiencia desde afuera y otro grupo en una sala contigua que se dispuso también para la prensa y en la que al principio por desperfectos técnicos solo se emitía audio hasta que resolvieron la transmisión de video.

El tribunal está compuesto por el juez Domingo Batule (presidente) y los vocales Abel Fleming y Mario Juárez Almaraz. Este último, junto a la cuarta jueza, María Alejandra Cataldi, intervinieron en el debate de forma virtual. 

El requerimiento a juicio fue realizado por el fiscal Ricardo Toranzos, y en las audiencias de juicio representa al Ministerio Público Fiscal, Carlos Amad. 

Los acusados son el comandante y jefe de Logística, Juan Carlos German, y el suboficial mayor y jefe de la División Motorizada, Ricardo Ernesto Villasanti. Este último es el padre de Ricardo Emilio Villasanti, también gendarme que murió en el siniestro. Por aparte se investigó y acusó del mismo delito al comandante principal y jefe de personal, Juan Carlos Bordón; el comandante mayor y jefe de destacamento, Elio Rafael Méndez;  y el comandante principal y segundo en el mando Ramón Antonio Maidana.

En la causa, se han constituído varias querellas. Una de ellas está representada por el abogado Ruben Fernández quien manifestó que acusará a German y Villasanti "por homicidio simple con dolo eventual, con los agravantes de violencia institucional y abuso de autoridad". Dijo además que pedirá "cárcel común, porque es lo que se merecen, porque despreciaron la vida humana". "Este siniestro, esta desgracia se podría haber evitado porque Villasanti ya tenía conocimiento previo de que estaba en mal estado el móvil y no podía circular. Lo llevó a la muerte hasta a su propio hijo...", manifestó Fernández. 

El siniestro vial ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri cuando se encontraba como ministra de Seguridad Patricia Bulrich. El abogado Fernández contextualizó en ese sentido los hechos y dijo que "se tenía que cubrir (por parte de los gendarmes) una orden dada porque Milagro Salas iba a tomar por asalto la casa de gobierno del gobernador (Gerardo) Morales en la provincia de Jujuy, a los pocos días de su asunción".

"Sé lo que es cuando una madre pierde a su hijo, cuando se tiene que entregar una bandera. Voy a abogar para que se haga justicia, para que esta gente (cada familia) cierre su luto necesita transitar por este juicio". Al igual que lxs otrxs abogadxs querellantes y las familias, consideró que en el banquillo de los acusados deberían estar todos los funcionarios de "la cadena de mando, hasta el último subalterno".

Antonio Suárez, es el padre del gendarme fallecido Marcos Suarez, de Campo Largo, Chaco. Expresó que pide justicia. "Ya está, nos marcaron para toda la vida (...) Yo les diría a los jueces, quiero la vida de mi hijo, no me la van a poder devolver. Por eso quiero que esto marque para todos los gendarmes que están, que sepan que estén seguros que van a salir y a volver a su casa", sostuvo en conferencia de prensa.  También contó que en la fuerza tuvieron apoyo por 6 meses "y después se desaparecieron, no supimos más nada".

El abogado Nicolas Vedia explicó en conferencia de prensa que su acusación es por "homicidio culposo, concordante con estrago culposo", e indicó que "no se descarta si llega a surgir como dolo eventual". "Desde un primer momento las familias entregaron a Gendarmeria a sus hijos formados para que sirvan a la patria y por eso creemos que no solamente hay un grado de negligencia, si los mandaron sabiendo que podía ocurrir un hecho de estas características", consideró. Indicó que no se descarta que pueda haber más imputados del comando superior. El letrado se refirió a que los familiares "creen que no hubo cuidado, no hubo valor humano", de parte de las autoridades jerárquicas de la fuerza. 

Manuel Ruiz y Ernestina Ruiz residen en Salta y son sobrinxs del gendarme de Santiago del Estero, Sergio Gallardo, manifestaron que "pasaron 6 años y quisieron mantener esto tapado bajo la alfombra y no pudieron", dijo Manuel a Salta/12. Consideró que todos "los jefes de ese tiempo” deberían estar sentados en el banquillo. El joven señaló que lxs hijxs huérfanos recibieron "muy poca asistencia" del Estado.

Gallardo tenía dos hijxs de 15 y 17 años cuando falleció, y ambos quedaron en orfandad absoluta porque ya había muerto antes su madre. M. Ruiz contó que hubo problemas en un primer momento porque el Estado no había definido quien se haría cargo de su cuidado personal. Ambxs estuvieron con su familia en Salta pero "no les hacía bien viajar de modo constante" de una provincia a la otra por lo que quedaron luego incluso bajo la guarda de un compañero de gendarmería del padre que se ofreció a cuidarlos en Santiago del Estero. Luego quedó una abuela como tutora. Hoy ambos ya son mayores de edad.  

“Fue muy fuerte muy duro, lo que uno se fue enterando después es muy horrible. Todos los datos que se iban recopilando se compartían con las familias. Lo primero fue que el colectivo no estaba en condiciones, que había plata para poder reparar el colectivo y no se usó. El mismo chofer (que se opuso a conducir la unidad) dijo que el colectivo no podía andar, no podía salir y lo mandaron igual (con otro chofer)", relató Ernestina R. a Salta/12. 

La querella mayoritaria que representa a 20 familias de distintas provincias, es ejercida por el abogado Mauricio Arriagada y Nuria Monserrat. La acusación que sostienen contra Bordón, Mendez, Maidana y German es por estrago doloso seguido de muerte, incumplimiento a los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública. 

Monserrat explicó que los acusados contaban un presupuesto de $63.000.000 para los vehículos y no arreglaron el móvil que se siniestró. Indicaron que esto quedó demostrado mediante una auditoria que se realizó con un perito oficial y otro de parte. Refirieron que de ese dinero solo se rindieron $300.000. 

"El vehículo circulaba con neumáticos que tenían más de 90.000 kilómetros y cualquier empresa de neumáticos Premium dice que en las mejores condiciones de uso duran 50.000 kilómetros y este no era un neumático Premium, era de tercera línea y además de eso, no estaba alineado, no estaba balanceado", detalló Arriagada.

Ambos abogadxs indicaron que también consideran que hubo asociación ilícita y que se encuentran en instancia de apelación en otra causa contra los jefes de gendarmería por ello. Estimaron que en este juicio en base a las pruebas que surjan el fiscal puede ampliar incluso la acusación por este delito, si coincidiera con su valoración.

"Me parece un despropósito por parte de los procesados haber utilizado las intalaciones de Gendarmería, la comunicación y el personal para estar presentes en esta audiencia. Maidana usó las instalaciones de la agrupación Comahue, Bordón la de la agrupación de Posadas, Misiones y Maidana la del edificio Centinela en Capital Federal", sostuvo Arriagada. 

Dijo que éstos continúan "cometiendo ilícitos" y que debían haber asistido "personalmente" o por la pandemia, "haber utilizado sus medios personales, su conexión, porque no es una cuestión laboral lo que están discutiendo, es un tema personal en ejercicio de sus funciones". A propósito, también indicó que pidieron que los tres "cesen de sus funciones", pero en cambio fueron ascendidos a jerarquías superiores.

"Son jefes de gendarmería que tienen que dar explicaciones de por qué agravaron de manera dolosa la seguridad en el transporte de estos 43 gendarmes, Y además qué hicieron con los fondos que tenían para mantener ese colectivo", manifestó Monserrat.

Arriagada y Monserrat, por otro lado acusan al suboficial Villasanti, por estrago culposo. Dijeron que actuó con negligencia y no tomó las medidas necesarias en su momento respecto al vehículo. "Está en el inicio de una situación en la cual él no tenía la disponibilidad de esos 63 millones para decir 'voy y compro una cubierta'. Además tiene la particularidad de que también perdió a su hijo en este accidente", dijo el abogado. 

El abogado Ricardo Julián, que no pudo ingresar a la audiencia de juicio, explicó que representa a 14 viudas y más de 40 niñxs de distintas provincias, como damnificadxs civiles. Consideró que la decisión del Tribunal "se equivoca" al intentar separarlxs del expediente de la causa penal, "solicitamos que nos tenga por partícipes en esta constitución de parte civil damnificada", manifestó a Salta/12. "Lamentablemente salió un decreto el 29 de octubre que impide que tengan acceso a un resarcimiento. Esperamos hacer uso de la palabra y que el Tribunal revea este decreto", sostuvo. "El Tribunal deriva a que resuelva el juez de instrucción Julio Bavio", dijo.  Sostuvo que piden la nulidad del decreto e hicieron la apelación en subsidio.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 15 de noviembre