El sábado por la noche, personal de la División Operativo Salvador Mazza de la Policía Federal secuestró siete camiones con documentación adulterada y que transportaban unas 30 toneladas de soja cada uno en el paraje Arenales de aquella localidad del norte de Salta fronteriza con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Se estima que el monto del cargamento es de $12.200.000. Así lo informaron desde la Policía Federal y lo ratificó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a través de su cuenta de Twitter. Hasta ayer, los camiones secuestrados permanecían con consigna policial e intervino en el caso la Fiscalía Descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán, a cargo de José Luis Bruno.

Desde el entorno policial y de la fiscalía informaron que aún no podían precisar más datos debido a que se está investigando quiénes estarían detrás de dicho contrabando y se esperaba la indagatoria a los choferes de los siete camiones. El fiscal no quiso realizar declaraciones.

Desde que comenzó la pandemia y se incrementaron los controles en la frontera ya son cientos las toneladas de soja que se pudieron incautar en Salta y el país. Solo este año, son casi 6 millones de kilos los que intentaron pasarse de manera ilegal. Hace apenas dos meses, la misma Policía Federal pudo secuestrar un camión que transportaba 40 toneladas de soja sin el aval correspondiente de AFIP. Esa vez, el operativo se realizó en un paso fronterizo no habilitado.

Apenas unos días antes, pero en Aguaray, el Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional, con apoyo de personal de la Unidad Delitos Económicos de la Fuerza y de AFIP-DGI, detuvieron a dos transportes de cargas que tenían como destino Salvador Mazza. En ambos procedimientos interceptaron en total 61 toneladas de maíz con Cartas de Porte apócrifas. El cargamento era de Las Lajitas (Departamento Anta) y la provincia de Jujuy.

Pero el golpe no solo se dio en Salta, el mismo día un jefe de Gendarmería y siete empresarios de Misiones fueron detenidos por contrabando de soja en lo que sería una asociación ilícita que destinaba cargamentos hacia Brasil.

Las detenciones se produjeron tras 12 allanamientos en las localidades misioneras de Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande todos por orden del juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat.

Las investigaciones, que incluyeron intervenciones telefónicas, seguimientos e investigaciones fiscales comenzaron hace poco menos de un año, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Cambios en el control de granos

Como para dificultar el transporte ilegal y facilitar el de control, la AFIP puso en marcha desde el primero de noviembre la declaración digital obligatoria del traslado ferroviario o automotor de granos.

Se trata de la carta de porte electrónica (CPE) para el transporte dentro del país, que además será complementada con la utilización y procesamiento de imágenes satelitales por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El sector de los granos, genera entre el 45 al 50% de las exportaciones declaradas del país.

A partir de ahora a través del código de barras y código QR de la CPE, se podrá identificar inmediatamente la "trazabilidad" del grano transportado, su origen y destino, el remitente y el destinatario.

En la primera semana con esta nueva modalidad, se emitieron unas 11 mil cartas de porte electrónicas diarias. Mientras que cuando se hacían en papel estaban en el orden de las 14 mil por día.