Desde París
Habrá sido necesaria la determinación ineludible de una asociación creada en 2016, Parole libérée (Palabra Liberada) y la pugnacidad de uno de sus fundadores, François Devaux, para que la Iglesia católica de Francia reconociera al fin la pavorosa cantidad de abusos sexuales que cometieron sus miembros desde los años 50 hasta hoy y aceptará, además, pagar por esos crímenes. Decir que la Iglesia “reconoció” las agresiones sexuales de sus miembros no es exactamente la verdad. Más bien, se vio forzada a ello por las denuncias de la asociación Palabra Liberada y, en octubre de este año, por la publicación de un informe demoledor elaborado durante tres años por La Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica (CIASE). Dicha Comisión fue creada por el episcopado, los institutos y las congregaciones religiosas para conocer la verdadera dimensión de esta tragedia a puertas cerradas.
Los trabajos de sus 22 miembros evaluaron a más de 200 mil personas, todas menores, victimas de un sacerdote, un diácono o un religioso. La cifra supera los 300 mil individuos si se le agregan las personas que no tienen cargos eclesiásticos, pero que sí están, de una otra manera, ligadas a la Iglesia. El informe, aplastante de horror y de silencios y de impunidad, describe un fenómeno “masivo” y “sistemático”. Sin esquivar las definiciones, la Comisión estimó que “fuera de las esferas familiares y amistosas, es en el seno de la Iglesia Católica donde la prevalencia de las violencias sexuales es la más elevada”. 500 páginas más otras 1.500 con anexos constituyen hoy el retrato más alucinante de los abusos sexuales contra menores dentro de la Iglesia Católica de Francia y las mil y un maneras y situaciones en las cuales las jerarquías católicas cerraron los ojos o protegieron a los abusadores.
No habrá justicia para ellos con la misma intensidad con la que lo tribunales actúan contra los abusadores que no forman parte de la Iglesia. Los protege un mito de santidad que sus actos no han hecho más que pisotear, así como la complicidad de la justicia y las entidades policiales que tampoco se movieron ante la avalancha de denuncias. Al menos, la presión y las denuncias constantes llevadas a cabo por las asociaciones desembocaron en la elaboración y la posterior publicación del informe y, ahora, en una serie de medidas que los jerarcas católicos van a adoptar en los próximos meses. El trabajo de la Comisión ha sido decisivo en esta fase en la cual la Iglesia admite la inmoralidad criminal de muchos de sus miembros y busca un nuevo modelo de funcionamiento. A este respecto, una de las figuras mayores de Palabra Liberada, François Devaux, comentó que la Comisión “al fin aportaba a las victimas un reconocimiento institucional de toda la responsabilidad de la Iglesia que, hasta hoy, ni los obispos ni el Papa fueron capaces de brindar”. Cuando el pasado 5 de octubre se publicó el informe, François Devaux interpeló a los obispos diciéndoles “ahora deben pagar por esos crímenes”. Y pagar es lo que se propone hacer la Iglesia, no ante la justicia sino con dinero.
Este lunes 8 de noviembre, la Conferencia de los Obispos de Francia (CEF) agradeció la lucha de la asociación Palabra Liberada contra los pedófilos en la Iglesia al tiempo que anunció una serie de medidas de reparación de las víctimas. Eric de Moulins-Beaufort, el presidente de la Conferencia de Obispos de Francia, admitió que todo lo ocurrido respondía a que existió “un sistema clerical pervertido que permitió todos estos crímenes”. En lo más terrenal, la CEF decidió indemnizar a las víctimas y, para ello, adoptó por mayoría el principio de la venta de parte del patrimonio inmobiliario para financiar las indemnizaciones (hasta ahora se había negado a esa posibilidad). Ello implica concretamente que los obispos renunciaron a que las reparaciones sean financiadas con donaciones, lo cual hubiese equivalido a hacer pagar a los fieles y a las mismas víctimas por los abusos de los prelados y a diluir la responsabilidad directa de la Iglesia.
Además de la venta del patrimonio inmobiliario se decidió recurrir a las reservas financieras de las diócesis, estimadas en unos 500 millones de euros, así como a un posible préstamo. Por otra parte, Eric de Moulins-Beaufort reveló que se había optado por pedirle al Papa que “enviara a alguien de su confianza para examinar con nosotros la manera en la que tratamos y trataremos a las víctimas y a sus agresores”.
En complemento a estas medidas habrá igualmente un tribunal penal canónico a partir de 2022 así como la creación de 9 grupos de trabajo conducidos por laicos que se dedicarán a analizar “problemas sensibles” como el secreto del confesionario o a acompañar a los religiosos implicados en los abusos. Han pasado 20 años desde que la Iglesia francesa admitió tímidamente la problemática de la pedofilia entre sus miembros. Ahora reconoce su responsabilidad y se apresta a pagar por los crímenes. Sin embargo, ningún perdón ni dinero podrá borrar el daño que hicieron a los menores, ni la impunidad y la protección de que gozaron los abusadores a lo largo y a lo ancho de varias jerarquías, desde la del Vaticano, hasta la de la justicia. Se rompió el pacto de silencio gracias al irrenunciable trabajo de las víctimas. Sin su abnegación, los abusos habrían continuado.
