Más de 50 organizaciones sociales, sindicales y religiosas de La Matanza expresaron su “acompañamiento” a la familia del kiosquero asesinado durante un asalto en Ramos Mejía y exhortaron a la dirigencia a “no utilizar una tragedia con fines políticos”, máxime a tan pocos días de las elecciones legislativas.

“Frente a esta pérdida que la comunidad ha sufrido, exhortamos a todos los que tienen representatividad social a pensar sólo en el bien común y no recorrer caminos que procuran utilizar una tragedia con fines políticos. La memoria de la víctima y el dolor de su familia no lo merecen”, puntualizó el comunicado “de las fuerzas vivas” de ese distrito bonaerense.

El texto firmado por Veteranos de Guerra de Malvinas, federaciones empresarias, la defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados, la CGT y la CTA, clubes, 21 foros de seguridad y la Fundación Padre Mario, entre algunas de las instituciones matanceras, es una contundente toma de distancia del posicionamiento expresado en los últimos días por sectores de derecha.

También es un espaldarazo al reclamo de justicia de la familia de Roberto Sabo, el hombre de 45 años que fue ultimado por un hombre de 29 años y una adolescente de 15, quienes están detenidos.

“Frente a un trágico hecho de inseguridad que le costó la vida a un trabajador (...) queremos manifestar nuestro sincero acompañamiento al dolor de su familia y de sus amigos, nuestra solidaridad frente a tan irreparable pérdida y nuestro incondicional apoyo a su búsqueda de Justicia”, dice la declaración.

En el mismo sentido se reconoció que en este momento “es imprescindible el acompañamiento conjunto” de la sociedad porque “la lucha contra la inseguridad no tiene tiempo ni espacio ni cantidades específicas. Es siempre”.

"Hubo un retroceso de cuatro años"

Paralelamente, y de la misma manera que salieron a tomar distancia de la “utilización política” del hecho, dieron argumentos que desbaratan los intentos por desacreditar la labor de las instituciones de ese distrito que trabajan junto con la Municipalidad en seguridad.

Denunciaron que durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hubo “un retroceso de cuatro años” en esa materia y dieron datos de ello: “Hasta 2015 teníamos 5.300 policías, 150 zonas de patrullaje y 1.000 gendarmes. Pero a fines del 2019 por decisiones del gobierno nacional y provincial anterior, nos encontramos con 3.300 policías, 36 zonas de patrullaje y ningún gendarme”.

Luego de ese período, citaron, La Matanza “reanudó aún en la pandemia la reconstrucción de su aparato de seguridad”. Se convocó a expertos en seguridad, representantes de la Justicia, Fuerzas de Seguridad, los obispados de San Justo y Laferrere, las iglesias evangélicas, foros vecinales de seguridad y a todos los sectores de la sociedad para crear el Consejo Municipal de Seguridad.

También destacaron que, en los últimos años, los gobiernos nacional y provincial hicieron una inversión de 1.500 millones de pesos con los que se equipó al personal policial y se hicieron obras de infraestructura y tecnológicas para combatir el delito.

“Por supuesto que ante una muerte ninguna explicación disminuye el dolor que todos sentimos. Pero el camino en la lucha contra la inseguridad no puede tener pausas y, lamentablemente, hubo tiempo perdido”, indicó el texto.

Además de las organizaciones ya mencionadas, también firmaron el comunicado la Federación de Jubilados y Pensionados de La Matanza, Redes de Mujeres de ese distrito, el Consejo Pastoral Evangélico, gremios docentes y centros de estudiantes, colegios privados y las cámaras empresarias, de comercio y de profesionales, entre algunas.