Fallo a favor de una organización barrial por el conflicto de Casa Amarilla
Vecinos con derecho a reclamar
Un juez había negado al movimiento La Boca Resiste y Propone la legitimidad para presentar un recurso contra el proyecto que impulsa Angelici en esos terrenos. Pero ahora la cámara lo habilitó. Y la Justicia deberá expedirse sobre el proceso que los vecinos denuncian como irregular.
Angelici proyecta un estadio nuevo con capacidad para 80 mil personas en los terrenos de Casa Amarilla.Angelici proyecta un estadio nuevo con capacidad para 80 mil personas en los terrenos de Casa Amarilla.Angelici proyecta un estadio nuevo con capacidad para 80 mil personas en los terrenos de Casa Amarilla.Angelici proyecta un estadio nuevo con capacidad para 80 mil personas en los terrenos de Casa Amarilla.
Angelici proyecta un estadio nuevo con capacidad para 80 mil personas en los terrenos de Casa Amarilla. 

Un fallo judicial de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires les abrió la puerta a los vecinos de la Boca para recuperar 3,2 hectáreas de espacio público. Las tierras habían sido compradas por Boca Juniors en una operación que resultó una bicoca para el club que preside Daniel Angelici. Unos 180.600.000 pesos pagaderos a la fecha de escritura solo con el 5 por ciento de adelanto, más 41 cuotas trimestrales. Esa operación ahora podría revertirse por un recurso de amparo que presentó Natalia Gimena Quinto, del movimiento La Boca Resiste y Propone. “Esta sentencia es importante porque tenemos la certeza de que todo el proceso que derivó en la entrega de las manzanas fue irregular. El conflicto viene desde hace mucho tiempo. Ha sido una batalla difícil para nosotros. Todos los vecinos consensuamos que esos terrenos sean públicos y que no se vendan a ningún interés privado”, le dijo la mujer a PáginaI12.

El proyecto de un estadio nuevo con capacidad para 80 mil personas que Angelici pretende construir en las tierras de Casa Amarilla se vería afectado tras la medida cautelar a que dio lugar el tribunal. Los jueces Fabiana Schafrik de Nuñez y Hugo Zuleta votaron a favor del recurso presentado y el presidente de la Cámara, Esteban Centanaro, en disidencia. En primera instancia, el magistrado Pablo Mantaras había rechazado el amparo bajo el argumento de que La Boca Resiste y Propone –que reúne a unas diez organizaciones político-sociales– no tenía legitimidad para plantear violaciones a sus derechos.

Pero al ser revocado ese fallo ahora será la nueva jueza Paola Cabezas Cescato quien continuará con la tramitación de la causa. Deberá decidir si la venta de la Corporación del Sur –un ente autárquico del gobierno porteño– “respetó las leyes y la Constitución de la Ciudad o si los funcionarios intervinientes utilizaron artilugios legales para favorecer a Boca”, señaló el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que también firmó el amparo.

Del fallo de Cámara se desprende que “los actores se encontrarían legitimados porque alegan una situación que, según su planteo, lesionaría un derecho colectivo relativo a un bien colectivo en sentido propio, cual es el derecho a un ambiente sano”. Para Natalia Quinto, “la medida de los jueces nos da la pauta de que todo no es impunidad pura. No nos olvidemos de que el 4 de mayo del año pasado fuimos agredidos de manera brutal en la sede de la Comuna 4 cuando quisimos que se tratara este tema. Pero ahora lo importante es que queda suspendida la venta de las tierras”.

No se trata de cualquier espacio público, ni de cualquier barrio donde se dirime este conflicto de intereses. La Boca tiene decretada la emergencia ambiental y urbanística por el propio gobierno porteño desde 2006. Perdió por oleadas sucesivas distintas manzanas en beneficio de intereses privados y no sumó las viviendas necesarias para sus vecinos. Las tierras a las que alude el fallo pertenecían al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Por un decreto del 13 de septiembre de 2010, Macri se las cedió a la Corporación pasando por alto a la Legislatura. El ente nunca construyó departamentos para familias de bajos recursos. Ni las 4000 viviendas sociales que estaban estipuladas inicialmente por ley. Ni las 1231 a que se redujo la cantidad inicial. Se levantaron apenas 438. 

Además de estos argumentos, las organizaciones que fueron legitimadas por el fallo de la Cámara, denuncian que la venta de tierras al club es ilegal e inconstitucional por varios motivos. Porque la Legislatura no discutió ni aprobó la venta. Porque la ley 1251 sólo autoriza a que el IVC transfiera la propiedad de sus inmuebles al gobierno para cumplir fines educacionales, de seguridad o de salud. Porque se están destinando para uso privado orientado a cuestiones deportivas y comerciales. Y además, porque Casa Amarilla se encuentra en el marco de la ley 2240, que declara la Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca. Un estadio shopping, como definen los vecinos al proyecto faraónico de Angelici, no se compadece con las necesidades del barrio. 

gveiga12@gmail.com