El número de muertos en el sangriento motín del viernes a la noche y el sábado a la madrugada en la Penitenciaría del Litoral de Ecuador se elevó a 68, según detalló en la tarde-noche del sábado la fiscalía ecuatoriana, que a su vez anunció que iniciará una investigación de oficio sobre la nueva masacre. Se trata del octavo enfrentamiento del año registrado en una cárcel del país.
Pedidos de auxilio
Un violento enfrentamiento en la penitenciaría Guayas 1, ubicada en las cercanías de la ciudad portuaria de Guayaquil, mantuvo en vilo a los familiares de los privados de libertad que llegaban a las inmediaciones de la prisión. Las familias de los detenidos hicieron vigilia para pedir la intervención de las autoridades y tener noticias de sus seres queridos. Berta Yago, de 51 años, es tía de un recluso que identificó como Roberto Cevallos. Yago pidió por la seguridad de su sobrino. "Alguien me ayude para poderlo sacar antes que me lo saquen muerto", dijo a la AFP.
Algunos internos utilizaron las redes sociales para alertar sobre la violenta situación y suplicar auxilio ante el brutal enfrentamiento. En los videos subidos a redes sociales se escuchan las detonaciones y se podían ver los techos incendiados."Hay muchos heridos y hay muertos en la parte de abajo, no sabemos cuántos", dice un hombre que hizo una transmisión en vivo por Facebook. El interno además alertó que los agresores utilizaban explosivos para abrir huecos a los muros.
Según informó la fiscalía ecuatoriana, al menos 68 personas perdieron la vida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, mientras que 25 de los reclusos resultaron heridos. Durante la madrugada la policía ecuatoriana informó que activó el protocolo de seguridad para intervenir el centro carcelario con sus unidades tácticas. A la mañana del sábado policías con pasamontañas bajaron un cuerpo por los muros manchados de sangre.
Defensores detenidos
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que “no existe personal ni presupuesto suficiente asignado”. “Las personas se encuentran hacinadas, sin que se hayan adoptado medidas eficaces para reducir la sobrepoblación, retomar el control de dichos centros y garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirma la red que integra a 16 organizaciones.
“Reiteramos que en los centros penitenciarios se encuentran privadas de libertad personas sin sentencia, por el cometimiento de delitos menores o de pobreza e incluso defensores y defensoras de derechos humanos y colectivos que resultan criminalizados y perseguidos por su legítima labor”, alertaron.
En este sentido, se refirieron el caso del defensor del medio ambiente, Víctor Guaillas, una persona con discapacidad cuya sentencia llegó “en contexto del levantamiento de octubre de 2019 y forma parte de la resistencia contra la minería en Molleturo”. Según informaron, Guaillas se encuentra en el pabellón 2 donde se produjo la masacre, por lo que solicitaron un hábeas corpus, aunque hasta el momento no tuvieron respuesta.
Lasso de gala
Desde la oposición al gobierno de derecha de Lasso, reclamaron que mientras ocurría la trágica masacre el mandatario se encontraba en un evento de gala por el aniversario de la marina de Estados Unidos. El sábado por la tarde, el presidente responsabilizó a los órganos judiciales de Ecuador por la nueva masacre. “El deber fundamental de un Estado es garantizar la vida de los ciudadanos, sin discriminación alguna. Es el derecho humano fundamental. Lastimosamente, hoy esa labor resulta imposible por decisiones judiciales que ponen restricciones exageradas a la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado para defender la vida. No nos permiten defender la vida”, aseguró el presidente.
En tanto, la diputada Viviana Veloz (UNES) lamentó que “mientras sucedía el amotinamiento el Presidente junto con estos ‘personajes’ estaban festejando, mientras la única respuesta del “gobierno parece ser que ‘se maten entre delincuentes’. Cuanta indolencia e incompetencia.”
Por su parte, la asambleísta Patricia Núñez (UNES), reprochó que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recién va a reunirse el próximo 17 de noviembre. “Cinco días después. ¡Demasiada indolencia y pasividad!”, reclamó.
Aunque durante la semana hubo varias alertas de incidentes en Guayas 1, las fuerzas de seguridad no intervinieron el centro penitenciario en ese momento sino hasta entrada la noche del viernes cuando la situación desbordaba.
Sin embargo, según el gobernador de Guayas, Pablo Arosemana, la intervención de la Policía “permitió salvar vidas”. El intendente además describió los hechos como una “situación de salvajismo”. Según consigna el matutino El Universo, Arosemana justificó la no intervención de la policía durante las primeras horas del motín afirmando que en el momento en el que se registraron la detonaciones cerca de las 22 horas “había un 90% de riesgo de que los servidores policiales perdieran la vida al entrar (...). Por ello se mantuvieron con acciones disuasivas, como el lanzamiento de gas lacrimógeno”. Un parte policial informó que el amotinamiento comenzó cerca de las 18:30 del viernes, informó El Universo que a su vez reveló que “más del 75 % de los reclusos del pabellón donde tuvo lugar la masacre en la prisión número 1 de Guayaquil carecían de una sentencia ejecutoriada y el 61,3 % de los asesinados tenía entre 20 y 30 años”.
La penitenciaria del Litoral es una de las más importantes del país con 8.500 internos y una sobrepoblación de 60 por ciento de acuerdo a datos oficiales. El penal ha sido el escenario de brutales enfrentamientos entre internos. En lo que va del año fueron registrados numerosos motines, entre ellos uno de los más violentos en la historia carcelaria del país. El hecho ocurrió en septiembre cuando un conflicto por el control de la prisión dejó al menos 116 muertos y 80 heridos. El presidente Guillermo Lasso incluso decretó el estado de excepción para todo el sistema penitenciario en Ecuador. En lo que va del año murieron más de 320 personas en episodios similares dentro de las prisiones ecuatorianas.
