Desde Córdoba

A casi un mes de cumplir 90 años, y mientras goza de prisión domiciliaria, Luciano Benjamín Menéndez, el represor que es récord en el mundo en condenas a prisión perpetua –doce, más otras dos por una veintena de años–, pidió el beneficio del 2x1 ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), presidido por Jaime Díaz Gavier. A través de su defensora de oficio, Natalia Bazán, el ex jerarca de la dictadura que aún “goza de muy buena salud para su edad”, intenta quedar en libertad. Sobre él pesan las desapariciones, los asesinatos, secuestros, torturas y violaciones de miles de personas; además del robo de bebés. Por uno de ellos, el nieto de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, el 25 de agosto de 2016 fue condenado por primera vez “por desaparición forzada de menor”. 

Apenas nueve meses después, y como un regalo sorpresa de parte de la Corte y el gobierno macrista, el genocida al que sus subordinados llamaban “el Cachorro” o “la Hiena” –con una mezcla de veneración y pavor– quiere morir impune. “Está contento, animado con todo esto. Nunca había imaginado esta situación. Eso sí: nunca ha dejado de llamar desde la condena, al menos una vez por semana, para ver qué puede hacer para mejorar su situación”, confió un miembro del equipo de defensores oficiales.

Desde que se conoció el fallo de la Corte que aplicó el 2x1 al represor Luis Muiña, con Menéndez ya son veinte los represores cordobeses que solicitaron el beneficio.

El primero fue el civil de inteligencia Arnaldo “Chubi” López, cuya solicitud fue rechazada por el TOF 1, aduciendo que los delitos por los que López fue condenado son crímenes de lesa humanidad: “La desaparición forzada de personas es un delito de carácter permanente: se sigue cometiendo hasta el día de la fecha, ya que los desaparecidos siguen desaparecidos, incluidos los nietos que buscan las Abuelas”, explicó el juez Díaz Gavier. Ayer, el TOF 2, del juez Pérez Villalobo, le denegó el pedido al ex policía Juan Domingo Ayala.

Todavía quedan por resolver los requerimientos de beneficiarse con el 2x1 presentados por los represores Exequiel Acosta, Carlos Yanicelli, Héctor Vergez, José Vega, Luis Lucero, Yamil Jabour, Carlos Villanueva, Gustavo Diedrich, Ricardo Lardone, Héctor Romero, Orestes Padován, Emilio Morard, Juan Emilio Húber, Carlos Alberto Díaz, Enrique Mones Ruiz y la única represora mujer, Mirta Antón, famosa por su ferocidad y su particular ensañamiento con las zonas genitales de los torturados.

Se estima que los pedidos de Menéndez y el resto de sus subordinados serían rechazados.

La semana pasada se supo, a través de una nota de La Voz del Interior, que en Córdoba ya hubo un antecedente del beneficio del 2x1 a represores. Los protagonistas fueron nada menos que Menéndez y el juez Jaime Díaz Gavier. Consultada al respecto, la defensora del multicondenado genocida confirmó a PáginaI12: “Sí, fue en 2013 y por la condena sufrida en el juicio Brandalisis (de 2008, la primera perpetua en cárcel común que recayó sobre Menéndez). Lo solicité, no fue apelado por la querella de ese primer juicio, y quedó firme”, detalló Bazán. Y siguió: “Pero Menéndez no pudo hacer uso del beneficio, porque tiene un montón de otras acusaciones y juicios”.

El propio Díaz Gavier tuvo que salir a explicar esa resolución, y argumentó que aplicó “la ley más benigna”: el mismo argumento que utilizó la Corte, y aún cuando desde 2001 la ley 24.390 (del 2 x 1) ya había sido derogada. Díaz Gavier –quien goza de enorme prestigio en Córdoba– acusó el golpe por la revelación del dato, y esgrimió que “en 2013 todavía no habíamos dictado el fallo en la causa La Perla (Campo de La Ribera), en el que se modifica el criterio por el cual consideramos que estos delitos de desaparición de personas son permanentes, y que se siguen cometiendo hasta el día de la fecha”. Lo que el juez no dijo, es que los de la causa Brandalisis también lo son: tres de las cuatro víctimas continúan desaparecidas. Sólo se recuperaron e identificaron los restos de Hilda Flora Palacios: el cuerpo del delito por el cual Menéndez recibió su primera condena a perpetua. En el recorrido desde el secuestro de Hilda, su tortura, asesinato y entierro clandestino, se pudo reconstruir por primera vez en juicio el modus operandi del terrorismo de Estado en Córdoba.