A LA VISTA
Mapa del odio global
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) presentó su informe 2017 sobre la criminalización y la patologización de las identidades sexuales. Un análisis global de los signos vitales y también mortuorios, esta vez escrito por un investigador irlandés y otro argentino.

La expresión “concierto de las naciones” -naciones unidas o desunidas- es especialmente atonal si de hacer “derecho estadístico” sobre homofobia se trata. ¿Qué países tienen y no tienen leyes del tipo matrimonio igualitario y antidiscriminación? ¿Desde cuándo y con qué alcances concretos? ¿En qué estados hay pena de muerte por relaciones entre personas del mismo sexo y en cuáles desde la constitución para abajo, la exclusión de personas gays, lesbianas y bisexuales queda explícita o implícitamente sancionada? ¿Qué hay más allá de la letra grande y la letra chica? Por esta razón, desde hace 12 años ILGA -la asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex- elabora un informe anual, el “Estudio jurídico mundial sobre orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento”. Esta vez, la federación fundada en 1978 convocó como uno de los dos autores a un abogado argentino especialista en derechos sexuales, Lucas Ramón Mendos. Fiel (sí, fiel) seguidor de las estratagemas discursivas del Papa Francisco sobre “putismo” y afines (razón por la que fue entrevistado en este suplemento un tiempo atrás), Mendos, profesor universitario y activista gay, integró la relatoría LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trabajó por mail para ILGA junto al irlandés Aengus Carroll, consultor en temas de orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal. Juntos, en apenas meses, construyeron un documento de 200 páginas, disponible gratis en la web y en seis idiomas, capaz de otorgar fuentes confiables a investigadores, ONGs, aliadxs y lectorxs. A menudo, los números que proporcionan los informes ILGA (otro de sus trabajos es específicamente sobre identidades) son reproducidos en discursos periodísticos y pronunciamientos varios, de allí que la precisión intente ser total. 

A modo de prólogo, los responsables de esta edición se encargan de aclarar que Oriente y Occidente viven una marcada polarización en esta materia, ya que en las zonas geopolíticas en las que vienen dándose avances es posible detectar una acentuación de los mismos, pero pasa exactamente lo contrario del otro lado del respeto, donde cada vez más hay mayor rechazo y persecución a la disidencia sexual. A mayo de 2017, existen 72 estados susceptibles de ser clasificados como estados que criminalizan las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (el recorte, quirúrgico, es fundamental para entender los límites de esta empresa investigativa): 24 países de África, 13 de Asia, 6 de América y 2 en Oceanía. En más de la mitad, la sanción abarca también las relaciones entre mujeres. El caso de Egipto, en el que estos vínculos están penalizados de hecho y no de derecho, queda incluido. A lo largo de 2016, muchos medios informaron sobre los 13 Estados que aplican pena de muerte a los homosexuales. En rigor, estados soberanos y miembros de Naciones Unidas, son 4: Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. Luego, en Somalía y Nigeria se aplica sólo en 2 provincias y en Irak y en el norte de Siria, hay pena de muerte a gays aplicada por tribunales locales, vigilantes ad hoc o agentes no estatales. En este sentido, deviene interesante citar los casos de 5 países adscriptos a la interpretación de la Shari’a (el cuerpo máximo del oxímoron máximo, el “derecho islámico”) y pensar en los montajes “cinematográficos” de Isis que dominan la web (lanzamiento a fosas e incineraciones de gays, por ejemplo): en Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Mauritania, la interpretación de esa “carta magna” celestial habilita condenas a muerte (y por supuesto, no se las cuentan a Ilga). 

124 países legalizaron ya las relaciones sexuales de “iguales” pero sólo en 23 estados hay boda, porque reina la unión civil mucho antes que el casorio (incluso, la adopción sí y el matrimonio jamás). Uno de los casos más encendidos del año pasado fue el de Italia donde, Vaticano mediante, sigue siendo impensable otra instancia que no sea el papelito de la mera convivencia y paremos de contar. Un ítem especial de este informe lo ocupan las denominadas “terapias de conversión” (evangelistas y religiosas en general, a veces políticas y de salud): están prohibidas por ley en la Argentina, Brasil, Ecuador, China, Taiwán y Malta (habrá que ir a “curarse” a otro lado). Y si de región se trata, ILGA 2017 recuerda que tanto en Bolivia como en Ecuador, por ejemplo, las constituciones nacionales contienen disposiciones tendientes a proteger de la discriminación por orientación sexual a sus ciudadanxs. Sí, Bolivia y Ecuador, donde ni asoman otras medidas parecidas y donde, con frecuencia, sus líderes políticos rechazan discusiones semejantes. La hiperinflación legal no tiene, siempre, correlatos concretos y si para algo contribuyen estos documentos es para pensar y repensar qué pedidos hay detrás de cada pedido, toda vez que cualquier Estado devuelve (o no) derechos que antes, se encargó de quitar.