Producción: Natalí Risso

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Proteger nuestros ecosistemas

Por Hernán Giardini (*)

A pocos días de finalizada una nueva cumbre climática, quedan las promesas y lo más importante: las tareas pendientes. A nivel mundial, dos medidas son claves e impostergables: detener la deforestación y abandonar los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) lo antes posible.

Más de 100 países, incluyendo Argentina, firmaron durante la cumbre un acuerdo para frenar la deforestación para 2030. Se trata de un compromiso que, además de ser declarativo y no vinculante jurídicamente, no resulta suficiente para enfrentar la grave crisis climática y de biodiversidad en la que estamos, ya que permitirá casi una década más de deforestación, la cual podría incluso aumentar en forma especulativa.

En Argentina por ejemplo, durante 2007, mientras se discutía la sanción de la Ley Nacional de Bosques, la deforestación se triplicó. Sólo ese año, según datos oficiales, se perdieron más de 728.000 hectáreas de bosques. Cabe recordar que durante las últimas tres décadas, en Argentina se arrasaron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques, lo que puso al país en el top ten de la deforestación mundial. La principal razón: el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte (principalmente soja y ganadería).

En nuestro país más del 80 por ciento de la deforestación se produce en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después del Amazonas. Se trata de una de las áreas más ricas en biodiversidad del planeta, que ayuda a mitigar el cambio climático al tiempo que alberga una vegetación y vida silvestre única: 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Es importante considerar que la combinación de deforestación, más ganadería y agricultura son responsables de casi el 40 por ciento por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Por otra parte, los bosques son claves para poder adaptarnos a la crisis climática. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estima que una hectárea con bosque chaqueño puede absorber, en una hora, cerca de 300 mm de precipitaciones; mientras que una con pasturas para ganadería, unos 100 mm; y una con soja, tan sólo 30 mm. Es claro que más deforestación significan más inundaciones. Pero también implica más pérdida de biodiversidad y de especies en peligro de extinción como el yaguareté; más desalojos de indígenas y campesinos; más pérdida de maderas, alimentos y medicinas; y más enfermedades.

Actualmente la mitad de la deforestación que se produce en Argentina es ilegal. Resulta evidente que las multas no alcanzan para frenar a las topadoras y al fuego. Es hora de que la destrucción de bosques, por desmontes o incendios, sea considerada como lo que es: un crimen. Para eso, es fundamental que el importante anuncio del Presidente, de penalizar al desmonte ilegal, sea acompañado con la presentación de un proyecto de Ley en el Congreso Nacional. Y el país debe adoptar una meta de Deforestación Cero a corto plazo.

Otro tema impostergable es la sanción de una ley que proteja a los humedales, constantemente amenazados por los poderes agropecuarios, inmobiliarios y mineros.

En lo referido a la política energética, es clave que Argentina frene el avance de la frontera petrolera. Los enormes subsidios al sector y los planes de desarrollar la industria offshore en el Mar Argentino van a contramano de esto. La zona marítima a explotar se solapa con áreas de altísima importancia para la biodiversidad como el Frente del Talud, un lugar de alimentación predilecto de especies como el pingüino de Magallanes o mamíferos como la ballena franca austral. Y también podría repercutir en las comunidades costeras, que dependen del turismo y la pesca, impactando negativamente en la fauna icónica que lleva a miles de personas cada año a visitar estas ciudades, y amenazando la reproducción de especies comerciales. En suma, más que prometer, hay que actuar y proteger a nuestros valiosos ecosistemas.

(*) Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

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Crisis ambiental y ecocidio

Por Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes (**)

La pandemia visibilizó la relación entre crisis ambiental global y ecocidio, al tiempo que el avance de China sobre el nuevo paradigma energético (paneles solares, aerogeneradores, electromovilidad), advirtió a Estados Unidos y a Europa sobre su rezago y necesidad geopolítica de disputar el dominio de estas tecnologías y asegurarse los recursos necesarios para ello. El capitalismo se pintó de verde y el nuevo paradigma energético es un espacio privilegiado de acumulación, inversión e innovación para el capital. Las compañías que antes explotaban yacimientos de petróleo se vuelcan ahora a las nuevas energías, quienes antes no prestaban atención a temas ambientales ahora les resulta insoslayable.

En Argentina, la situación está cargada de eufemismos, prevalece una visión en áreas de gobierno en la cual la provisión de minerales críticos para el cambio de matriz energética abriría una ventana de oportunidad para la explotación con nuevas técnicas extractivas. Sin cuestionar los impactos territoriales, el uso de agua, reducidos puestos de trabajo y sobre la base de una legislación minera neoliberal, resulta una política de estado defender la comodidad del capital transnacional y los laxos controles ambientales.

Avanzar en la transición energética en este país requiere desmontar un sistema energético altamente concentrado y extranjerizado, cuyas empresas tienen el poder sobre las decisiones estratégicas. Empresas como Pampa Energía, no solo vuelcan sus ganancias al circuito financiero, sino que sus objetivos de incremento de ganancias no son necesariamente compatibles con los de una transición socio-ecológica justa. Son sectores que propician una transición energética corporativa, y mientras los mismos continúen teniendo el fácil comando de la energía y no se les dispute dichos espacios de poder y renta, muy posiblemente nada cambie, y surjan los repetidos anuncios estatales que terminan en la nada.

¿Qué hay que hacer para apuntalar una transición energética popular? Existe un entramado de instituciones científicas y de empresas públicas que podría ser potenciado, articulado y coordinando, financiado, para encarar un verdadero timón de las capacidades públicas e industriales: INVAP, IMPSA, Fabricaciones Militares, Y-TEC, IEASA, INTI, CIN, CONICET, que por la falta de decisión gubernamental adolecen de llevar adelante una acción individual y descoordinada. Además, es este predominio del bien público y común lo que garantiza guiarse por criterios ambientales para el crecimiento de la nueva energía.

Entre los años 2023 y 2024 finalizan las concesiones de las más grandes represas que fueron privatizadas durante el menemismo, las cuales producen cerca del 10 por ciento de la energía eléctrica del país y poseen una renta anual bruta que oscila entre los 350 y los 700 millones de dólares, un capital que podría usarse para invertir en la transición energética y la industrialización, para lo cual simplemente deberían asumir la vuelta al estado de las represas cuando finalicen las concesiones.

Asimismo, existen en la Argentina cerca de 500 cooperativas de distribución eléctrica, empresas provinciales de energía (pese a la actual avanzada privatizadora sobre las empresas de Córdoba y Chaco), y de orden nacional, la CNEA por ejemplo, pero también YPF, que se comporta en realidad como una empresa privada más que como la controlante de un activo estatal estratégico y orientador del desarrollo.

Para realizar una transición energética justa y popular, entonces, hay que tener voluntad política de transformación, de horadar los espacios en los que el capital comanda y domina las decisiones sobre la situación energética porque se orienta básicamente por la obtención de ganancia.

Si se prosigue con discursos y acciones tenues, lavadas, sin decisiones fuertes de transformación, también se evita apostar otro andar político, por si acaso, esas decisiones fuertes son las que podrían traer un resultado positivo que las urnas niegan.

(**) Grupo integrado por Bruno Fornillo, Ariel Slipak, Martín Kazimierski, Jonatan Nuñez, Andrea Calderón, Elaine Santos, Melisa Argento, Florencia Puente, Martina Gamba, Gustavo Romeo y Gabriel Correa. http://geopolcomunes.org/