Convocadas por el acampe frente al Congreso, centenares de comunidad indígenas de todo el país volvieron a marchar desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional para exigirle a ese cuerpo legislativo la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende los desalojos de pueblos originarios y ordena el relevamiento en todas las provincias. Las movilizaciones se replicaron en cada uno de los territorios recuperados, con la consigna "por la defensa de la vida, la biodiversidad y toda la humanidad, la madre tierra nos necesita porque las multinacionales y los poderes económicos vienen por el agua y por todo", tal como lo expresaron las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (Opinoa). Días atrás el gobierno anunció que la prórroga se concretaría por decreto de necesidad y urgencia (DNU).

"El DNU tiene que pasar por la comisión bicameral donde podría ser rechazado. Mientras tanto tiene valor de ley. Por eso la ley debería salir porque tiene esa mayor estabilidad que el DNU pues no depende de una segunda validación; y en segundo lugar porque el debate parlamentario en sí mismo es una oportunidad para que los Pueblos Indígenas puedan visibilizar sus demandas y concientizar sobre la conflictividad en los territorios", dijo a Página12 Fernando Kosovsky, abogado especializado en derecho indígena. "Finalmente, las prórrogas por leyes 26555, 26894 y 27400 salieron por consenso, por unanimidad, ahora hay una mora estatal reconocida por todas las fuerzas políticas nacionales, y eso tiene un impacto a nivel provincial", agregó.

Por otra parte, el relevamiento territorial ordenado por esa ley se ha concretado en un porcentaje muy bajo, y una de las provincias más demoradas es Río Negro. Por eso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó tres invitaciones de trabajo conjunto al gobierno que conduce la gobernadora Arabela Carreras en el marco del convenio para la realización de este censo de tierras indígenas. "En virtud de las recientes declaraciones del ministro de Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler, respecto al 'no avance del relevamiento de comunidades' en esa provincia, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, expresó que 'Río Negro no releva con equipo completo desde 2012”, según un comunicado del organismo.

El INAI detalló que “en diciembre del 2020, en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas de Co-Ejecución con las Provincias, se remitió a la gobernadora Carreras el proyecto de Convenio Específico a ser firmado con el objetivo de reiniciar las tareas de relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas de la provincia, en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.160 y sus prórrogas”. No hubo respuesta de las autoridades rionegrinas para dicho avance. “Más tarde, el 16 de marzo de 2021, se reiteró la invitación enviando modificaciones al proyecto de Convenio Específico a ser firmado, en pos de articular políticas conjuntas para abordar los relevamientos territoriales". Odarda le expresó a Carreras que el universo a relevar es de 60 comunidades. "Se llevaron a cabo dos relevamientos bajo la 'modalidad centralizada' ante la falta de respuesta del gobierno provincial, que fueron las comunidades Buenuleo y a Celestino Quijada”, afirmó Odarda. La tercera invitación del 22 de octubre también fue ignorada. "Ante la predisposición y buena fe del INAI, nunca existió la voluntad política para avanzar al respecto", concluyó sobre la provincia donde el 21 de noviembre fue asesinado el joven mapuche Elías Garay, en la comunidad recuperada de Cuesta del Ternero.