El jueves último por la noche una mujer de 37 años de La Puntana, una comunidad indígena que se encuentra a 45 kilómetros de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, fue trasladada de urgencia al Hospital de base primero y luego al hospital de referencia Juan Domingo Perón, en la ciudad de Tartagal, ya en el departamento San Martín, a más de 160 kilómetros. La razón tuvo que ver con que al hacerle la ecografía los médicos del hospital de base no detectaron latido fetal a pesar de que la mujer atravesaba un embarazo a término.

Según el certificado de defunción fetal, la enfermedad principal u otras afecciones del feto son desconocidas, y la enfermedad principal de la madre que afectó al feto fue una “diabetes sin tratamiento”. La gestación ya era de 9 meses, según indica el certificado, y el bebé tuvo un peso de 4.200 gramos. Este era el noveno embarazo de la mujer.

Ayer el niyat (cacique) de la comunidad, Pablo Solís, dio a conocer la situación cuando solicitaba un vehículo para trasladar el cuerpo del bebé para darle sepultura en la comunidad. Según refirió, si bien existen “monitores” de diversas instituciones para actuar en los lugares enmarcados en la emergencia sanitaria declarada en 2020 en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, hasta ayer ninguno daba una respuesta. “Nos dicen que no tienen vehículos”, se quejó el referente originario al hablar con Salta/12.

“La madre se tiene que recuperar porque pareciera que el feto estuvo muerto desde hace unos 7 días”, dijo por su parte el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Ariel Sosa, al indicar que por el momento espera los informes para conocer sobre los controles realizados a la mujer. Según lo relevado de manera preliminar, afirmó que el último control está registrado el 7 de julio pasado. Tras ello “la mujer fue citada en dos ocasiones pero no fue”. Afirmó que incluso fue el Hospital el que la inscribió para que reciba la asignación por embarazo y sea agregada al programa Sumar.

Sosa añadió que la misma embarazada manifestó que hace una semana no sentía movimientos del bebé, entonces se hizo la ecografía y advirtieron que no había pulso. Respecto al traslado del cuerpo del bebé, indicó que los facilitadores que actuaron en el Hospital de Tartagal informaron que la mujer prefería ser trasladada al mismo momento de que se llevara el cuerpo.

Una medida sin cumplir

El 24 de noviembre pasado se conoció la orden de la jueza de Minas de Salta, Victoria Mosmann, para que en los centros de Salud que se extienden en los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín se pongan carteles con información en idiomas originarios y los números de referentes de las comunidades y responsables de la provincia para llamarlos en casos de urgencias. 

La jueza tomó esta decisión ante el pedido de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación de que se den respuestas urgentes a la provisión de agua potable, a que haya caminos transitables y el acceso a la salud a las personas integrantes de comunidades indígenas del norte salteño. La solicitud se hizo vía una medida cautelar en el marco de un amparo que presentó la Defensoría a cargo de Marisa Graham el 10 de noviembre pasado.

Si bien se desconoce la fecha exacta de las notificaciones, Mosmann había dado al Ejecutivo Provincial y al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) 5 días hábiles para cumplir con la instalación de estos carteles. Hasta ayer, según relevó Salta/12 en consultas a Sosa y al responsable del Centro de Salud de Misión Chaqueña el médico Rodolfo Franco, se desconocía notificación alguna para pegar los carteles.

Mientras, Solís recordó que hace tres semanas realizaron protestas en La Puntana en reclamo de una ambulancia en condiciones para el traslado de personas enfermas. Según contó, la ambulancia que tenían en el centro sanitario del lugar fue retirada por el Hospital por estar rota. “Pero llegó otra muy vieja que tiene pérdida de aceite y con esa cualquier paciente corre peligro de morirse en el camino”, sostuvo.

Y es que, como graficó la Defensoría de NNyA en el amparo presentado, la intransitabilidad de los caminos es un escollo más para el acceso a la salud, sobre todo en las épocas estivales, cuando las lluvias dejan a los caminos en peores condiciones y dificultan extremadamente el traslado de pacientes o de agua potable a las comunidades que no tienen de donde aprovisionarse en su propio lugar. 

En ese contexto, en el Chaco salteño más de 7500 niños y niñas se encuentran en riesgo nutricional. Para Solís, en tanto, el problema de la falta de acceso al servicio de salud y de atención de los integrantes de la comunidad persiste y con ello, el peligro de que mueran niños y niñas wichí por causas evitables. “Ya se nos murió este bebé”, afirmó.