Una treintena de funcionarios, funcionarias, técnicos y técnicas de distintos organismos del Estado nacional visitaron el extremo noreste de la provincia de Salta para participar de la Mesa de Gestión Territorial que se realizó en el municipio de Santa Victoria Este, en el límite tripartito con Bolivia y Paraguay. En ese marco anunciaron la conformación de un equipo técnico con la provincia para activar el proceso de demarcación territorial y avanzar en el proceso de cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para entregar a las comunidades indígenas integrantes de la Asociación Lhaka Honhat el título único de 400 mil hectáreas de su territorio de uso ancestral.

El titular de la Unidad Ejecutora y jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Rapetti, informó a Salta/12 que el primer objetivo de la visita al Chaco salteño era precisamente para anunciar la "integración de un equipo técnico en conjunto con la provincia para poder retomar los acuerdos de parte rápidamente”.

Cristina Pérez (Imagen: gentileza Augusto Famulari).

El funcionario insistió en que ya en su primera visita al territorio advirtieron que "había una necesidad urgente de que se viera que el proceso se ponía nuevamente en marcha después de dos años de congelamiento" y por eso propusieron a la provincia "conformar un equipo técnico compuesto por tres técnicos de la provincia y que nosotros pudiéramos contratar de la unidad ejecutora a dos personas, una por parte de los criollos, la otra por parte de las comunidades, para poder retomar el trabajo de demarcación”. Incluso "hay una serie de acuerdos que ya están hechos de palabra y que solo hay que protocolizar”, sostuvo. 

En febrero de 2020 , tras más de 20 años de proceso judicial instado por Lhaka Honhat, la CorteIDH ordenó al estado argentino entregar 400 mil hectáreas de ex lotes fiscales 55 y 14 a sus habitantes indígenas. Pero como como en el territorio fueron instalándose familias criollas, el tribunal internacional también dejó una extensión de más de 200 mil hectáreas para ellas, pero tienen que relocalizarse, lo que complejiza este proceso. 

Conocer el territorio 

“El segundo objetivo de este viaje tuvo que ver con poder traer a distintos funcionarios de varios ministerios de la Nación”, contó Rapetti. Dijo que desde la primera visita suya al norte salteño, en octubre último hicieron un relevamiento de las intervenciones que tiene el Estado nacional en la zona, “que son muchas, la verdad, pero bastante descoordinadas". Como precisamente la Unidad Ejecutora tiene la función de coordinar esas acciones, les propusieron que los acompañaran en este nuevo viaje, y así se armó la delegación de unas 30 personas, entre funcionarios y técnicos, que participaron de una asamblea de caciques y de la reunión de la Mesa de Gestión Territorial y luego visitaron a familias criollas relocalizadas y a dos comunidades. 

“Los llevamos a conocer la realidad de relocalizados, algunas de las últimas familias relocalizadas, para que vieran las necesidades que hay de que el Estado haga todas las mejoras que prometió para los relocalizados” y , por otro lado, “hicimos una visita a un par de comunidades en la zona del monte para que también ahí pudieran ver las necesidades que hay vinculadas al tema del agua, que es una constante en todo el territorio. También vinculadas al tema de vivienda”, contó Rapetti.

De la comitiva fueron parte funcionarios y funcionarias de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, Economía, Obras Públicas, Desarrollo Territorial y Hábitat, Agricultura y Defensa. También participaron representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE).

Rapetti destacó la importancia de la visita al territorio. Todos los funcionarios volvieron a Buenos Aires "sabiendo un poco de qué se trata el tema”. Por caso, las funcionarias del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación, “pudieron ver cuáles son las intervenciones del Estado y cuáles son las intervenciones que deberían hacer, siempre con la consulta previa a las comunidades, cosa que se asegure que las intervenciones sean las que se necesita y no las que se planifican desde Buenos Aires”.

La funcionaria de más alto rango que participó de la delegación, la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Soledad Cantero, se mostró conmovida por la realidad de la zona, pidió "perdón" y ratificó el compromiso de su Ministerio de seguir interviniendo en el lugar. 

Rapetti informó que ahora deben “diseñar cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional para cumplir” con la sentencia.

De las actividades también participaron funcionarios y funcionarias del gobierno de Salta, entre ellos, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato.

Un pedido de Lhaka Honhat 

La coordinadora de la Asociación Lhaka Honhat, Cristina Pérez, entregó a Rapetti una nota, con dos pedidos fundamentales: la realización de las obras para garantizar el acceso al agua e "iniciar con la demarcación, delimitación y escrituración”, lo que estaría comenzando a ejecutarse con la integración del equipo técnico y “la realización del plan integral de cumplimiento de la sentencia”, contó el funcionario nacional. 

Rapetti con Cristina Pérez  (Imagen: gentileza Augusto Famulari). 

Las comunidades también plantearon que los integrantes del equipo técnico tengan residencia permanente en el norte, que “sea gente de las comunidades, de los criollos, y que estén ahí en territorio siempre, no que sea gente que vive en Salta o en Buenos Aires y que vaya solamente un par de veces por semana, así que en eso estamos”.

Rapetti insistió que su función es la de "coordinar” las acciones del Estado nacional, y resaltó que por esto era importante viajar con funcionarios de los distintos ministerios. Las acciones del Estado nacional “son muchas, igual las necesidades son tan grandes que terminan siendo pocas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es coordinar las intervenciones de los demás ministerios”, afirmó. Añadió que “En paralelo, como nosotros veíamos que la necesidad urgente de que la gente recuperara credibilidad en el proceso, que la paz social no se cayera, hicimos este acuerdo con la provincia y armamos un pequeño equipo técnico para ya dar marcha con este que sería el segundo punto que nos está pidiendo con urgencia Lhaka Honhat”.

Como ocurre cada vez que se habla del proceso de regularización dominial y ocupacional en este amplio territorio del departamento Rivadavia, otra vez sus habitantes expusieron sobre la tala, unos para defenderla como actividad necesaria para la subsistencia, y otros, para denunciar la destrucción del ambiente. 

Rapetti contó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, habló sobre este problema con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y que se prevé profundizar los controles de Gendarmería Nacional, pero puso énfasis en que “es un conflicto bastante difícil de resolver porque ahí está la tensión entre el desmonte" y “por otro lado la necesidad de varias comunidades, de varios caciques de poder subsistir. Mientras estas comunidades no tengan acceso a modos de subsistencia que sea a través de la venta de la madera, esto va a ser muy difícil de resolver, nosotros creemos que la solución no pasa solamente por el control”.