Los poderes corporativos en América Latina, también en Argentina, han logrado una doble victoria en materia de comunicación: usar todo el sistema comunicacional para operar a favor de sus intereses globales y evitar que la sociedad debata sobre las cuestiones de comunicación, sacar a la comunicación de la agenda. Y por añadidura, mediante operaciones comunicacionales, los mismos grupos de poder manipulan de distintas maneras las agendas, para así establecer de qué se puede hablar y qué hay que omitir.
La referencia no incluye las disputas menores, casi rencillas de salón o comidilla del espectáculo, entre periodistas alineados en una u otra posición política. Todas son cuestiones menores, de escasa incidencia respecto de lo que realmente importa. Lo que ha salido de la agenda es el debate sobre la importancia de la comunicación en la vida política y en la democracia de nuestros países. Sin entrar a analizar –por lo menos en esta ocasión- los motivos de fondo, lo cierto es que fuera de ciertas ámbitos académicos y culturales sumamente restringidos –y quizás autorreferentes- no hay discusiones científico políticas sobre la comunicación y su relación con la vida social, con la política, con la economía y la inseparable vinculación de todo ello con la calidad de vida de nuestras sociedades, de nuestros pueblos.
A pesar de la íntima relación que hoy existe entre política y comunicación –o quizás por ello mismo- la política y quienes son sus protagonistas evaden discutir sobre las cuestiones de la comunicación, su incidencia, los problemas que enfrenta, la vinculación con todos los aspectos de la vida, su economía, las tecnologías. No lo hacen –por razones obvias- quienes se ven favorecidos por la situación actual del escenario comunicacional. Pero de manera mucho más sorprendente, tampoco ni siquiera lo intentan aquellas y aquellos que hoy se ven perjudicados por el manejo de la comunicación actual y apenas lanzan quejas o reproches esporádicos que luego no van a las raíces del problema y, mucho menos, se traducen en acciones eficaces para cambiar la situación.
Así planteadas las cosas cobra absoluta vigencia lo afirmado por Diego de Charras, ex director de la Carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, y Luis Lozano, en un artículo publicado en la revista cubana Alcance (vol. 6, no., 13) en 2017. En esa oportunidad y refiriéndose a la región, los investigadores argentinos afirmaron que “es preciso recuperar (…) los procesos de debate en el espacio público, propiciados por diferentes actores de la sociedad civil, en distintos países, que culminaron con el tratamiento de normas propiciatorias de la democratización de la comunicación. Pero es precisa también una recuperación que logre trascender la temática restringida al audiovisual y al carácter nacional de la incidencia. Son necesarias articulaciones desde una perspectiva de sociedad civil del sur global que diagnostique y proponga contenidos y acciones vinculados al derecho a la comunicación en su generalidad. Esto es, que pueda poner en debate público temas vinculados a derechos humanos en Internet, regulación audiovisual, derecho a la privacidad, acceso a la información pública, administración democrática de la pauta oficial, etc. En muchos casos estos temas permanecen invisibilizados”.
Cada una de esas palabras tiene vigencia hoy casi cinco años después. El escenario no ha mejorado en absoluto y hasta es posible que el diagnóstico sea todavía más desfavorable desde la perspectiva de la vigencia del derecho a la comunicación.
Una realidad grave en sí misma, pero mucho más si repasamos la historia de las discusiones políticas sobre comunicación en América Latina. Poco tiempo después de lo anteriormente citado, el boliviano Alfonso Gumucio-Dagron volvía recordar una de las premisas fundamentales la llamada Escuela Latinoamericana de la Comunicación: “La comunicación articula todos los otros derechos, es esencialmente un proceso humano de relación, que implica no solamente intercambio de información, sino puesta en común de conocimientos y reconocimiento de las diferencias”. (Revista Razón y Palabra No. 22, 2018).
Quizás estamos perdiendo la memoria. O, tal vez, la política ya se rindió ante el poder de las corporaciones que controlan la comunicación. En cualquier caso debería ser el momento de recordar las palabras de unos de los mayores maestros latinoamericanos en la materia refiriendo a la centralidad del pueblo en toda lucha comunicacional. “Sostengo que la soberanía en materia de comunicación y cultura también debe radicar en el pueblo en una sociedad democrática”, afirmaba Luis Ramiro Beltrán en una entrevista realizada por Patricia Anzola y publicada en la Revista Chasqui (abril, mayo 1982).
