Organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se manifestaron ayer en las puertas de los Tribunales Federales, donde comenzaron a ser juzgados 19 policías acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. El joven de 20 años fue detenido y trasladado a la comisaría 7ma, en octubre de 2014, cuando estaba por regresar a Florencio Varela -desde donde llegó para visitar familiares- y su cuerpo fue encontrado tres semanas después en las aguas de río Paraná. Desde las 8 de la mañana de ayer y hasta entrada la tarde, la primera jornada de debate estuvo marcada por el ritmo de tambores, platillos y cánticos, mientras adentro la audiencia consistió en la lectura de las requisitorias de elevación a juicio de la Fiscalía y las querellas, donde quedaron de manifiesto las imputaciones.
Antes de entrar a la sala de audiencias en los tribunales de calle Oroño al 900, el querellante Salvador Vera indicó que tienen “las mejores expectativas” sobre el resultado del juicio: "Esperamos que se demuestre la desaparición y la muerte en la seccional 7ma, donde además se le aplicaron tormentos. Confiamos en la investigación y creemos que hay elementos para condenar a los 19 efectivos que se enjuician”, aseguró el abogado.
Diecisiete de los acusados se encontraban en la sala de audiencias, incluido el entonces comisario de la seccional de barrio Agote, Diego Álvarez, mientras que dos de ellos presenciaron por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz. Vera indicó que entre los acusados hay diferentes responsabilidades imputadas y al mismo tiempo, distintas situaciones en relación a las detenciones. “Alrededor de la mitad de ellos transita este proceso en libertad; otros están en prisión preventiva, con diferentes modalidades”, dijo.
La querella que integran Vera y Guillermo Campana planteó que tras ser detenido, el joven fue "sometido a diversos vejámenes, torturas y golpizas hasta causarle la muerte, procediendo luego a hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo a las aguas del río Paraná".
El abogado Santiago Bereciartúa, en representación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordó que cuando ocurrió el hecho, en octubre de 2014, había sido "una decisión política participar como querellante", pero lamentó que "durante la presidencia de Mauricio Macri no se instó a ningún abogado local que continúe", durante esos cuatro años. "Con la actual gestión de gobierno, fue una nueva decisión volver a presentarnos en la causa. Es un símbolo político importante que con este gobierno vuelva a ser interés de la Secretaría participar en causas de violencia institucional", consideró.
Ramón Casco y una de sus hijas también hablaron ayer para reclamar que haya justicia y una reparación. Además, el padre agradeció a las organizaciones que los acompañaron como en cada instancia de la causa que comenzó hace siete años. Malvina, hermana de Franco, relató que desde Florencio Varela llegaron varios familiares para este momento. Ambos presenciaron la audiencia desde una sala del primer piso del tribunal con una remera que tenía estampada la foto de Franco, en la parte delantera, y la imagen de Elsa, la madre de Franco, en la espalda. La mujer fue la primera en salir a exigir que le digan qué había pasado con su hijo y falleció en 2016, en medio del reclamo de justicia y el dolor por lo ocurrido.
La hipótesis de la Fiscalía Federal es que Franco salió desde donde se encontraba alojado en Rosario -en la casa de una tía- hacia la Estación de Trenes Rosario Norte con la finalidad de regresar a Buenos Aires, a la casa familiar, el 6 de octubre de 2014 por la tarde. "En los alrededores de la estación habría sido apresado por efectivos de la Comisaria 7ma, donde fue trasladado y sometido a condiciones de detención ilegitimas en un 'pequeño, oscuro y mugroso' espacio denominado 'la Jaulita'", reza la requisitoria fiscal. También, agrega que a partir de testimonios de personas detenidas "se pudieron reconstruir golpes y fuertes gritos de auxilio del propio Casco. Luego 'se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente'".
En un comunicado, la Multisectorial contra la Violencia Institucional recordó que los familiares de Franco "emprendieron una ardua búsqueda en compañía de organizaciones sociales que se fueron sumando a la lucha. El proceso estuvo plagado de obstáculos. Autoridades políticas y judiciales descartaron inmediatamente la responsabilidad policial y abonaron todo tipo de pistas falsas aportadas por la policía para garantizar su impunidad".
Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco llegaron procesados por desaparición forzada seguida de muerte y tormentos. En tanto, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner y Esteban Silva están acusados de desaparición forzada seguida de muerte; Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz, Ramón Juárez, Elisabeth Belkis y Franco Zorzoli, como partícipes secundarios; y dos agentes de Asuntos Internos, Pablo Siscaro y Daniel Escobar, por encubrimiento. Sus allegados también se movilizaron para alegar inocencia y negar las acusaciones.
Las próximas audiencias a cargo del tribunal integrado por Otmar Paulucci, Eugenio Martínez, Ricardo Vázquez y Osvaldo Facciano, están previstas para el 16 y 28 de diciembre. En tanto, a partir de febrero comenzarán los testimonios de más de doscientos testigos y las audiencias se realizarán los jueves y viernes hasta la finalización del debate.
