Deberían estar presos pero siguen en su casa

Desde Santa Fe

El cuarto juicio al ex juez Víctor Brusa que empieza el 20 de diciembre ya exhibe un récord. Es el primero en Santa Fe en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la detención domiciliaria de dos –de los tres- imputados y ordenó dictar un nuevo fallo, pero eso no ocurrió. Los beneficiarios siguen en su casa, ya sin resolución judicial que autorice el privilegio. Uno es el propio Brusa, a quien la Corte le derogó la libertad domiciliaria en octubre. Y el otro, un ex oficial de inteligencia que operaba en el D2, Juan Eduardo González, que estuvo prófugo un año y medio y al que la Corte también le revocó la domiciliaria, pero en marzo, hace ya nueve meses.

Los fallos pendientes que ordenó la Corte los deberá dictar el Tribunal Oral de Santa Fe, en el caso de Brusa, la jueza de Paraná Lilia Carnero –quien intervino en el juicio de 2009- y en el de González, el Tribunal integrado por los jueces de Rosario: Mario Jorge Gambacorta, Germán Sutter Schneider y Eugenio Martínez Ferrero que comenzarán a juzgarlo a partir del lunes que viene. En el expediente González, ordenaron que lo examine el cuerpo médico de la Corte, pero eso tampoco se concretó, según informaron fuentes judiciales.

Brusa cumple una condena unificada a 23 años de prisión –en tres juicios-, a media cuadra del Juzgado Federal, en el casco histórico de Santa Fe. En el debate que empieza el lunes 20, está imputado por “apremios ilegales” a tres militantes peronistas: Carlos Chiarulli, Luis Eduardo Baffico y Francisco “Pancho” Klaric, durante la dictadura. Chiarulli y Baffico lo denunciaron por judicializar declaraciones que les arrancaron bajo tortura en un centro clandestino conocido como "La casita", en las afueras de Santa Fe. Mientras que Klaric lo acusó de presionarlo para involucre al ex líder histórico de UPCN Alberto Maguid en la organización Montoneros.

González también está en su casa, en Federación, Entre Ríos. En el juicio, debe responder por tres cargos: “privación ilegal agravada” y “tormentos agravados” al secretario general de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, su ex esposa Graciela Roselló y su compañero Hernán Gurvich y “la violación de domicilio por allanamiento ilegal” de la casa de Schulman, en octubre de 1976. En el operativo, participaron otros dos policías del D2, Eduardo Ramos (cuatro condenas con una pena unificada a prisión perpetua) y Víctor Hugo Cabrera (condenado en 2019 a seis años de prisión por el secuestro de Schulman, Roselló y Gurvich y el allanamiento ilegal al primero).

La detención domiciliaria de Brusa –que anuló la Corte- se la concedió la Cámara de Casación Penal, en diciembre de 2018, en un trámite que escandalizó a los organismos de derechos humanos. La pidió la defensa con el argumento de que en la cárcel de Las Flores no podía “recuperarse” y “tratar su patología” –lo que no pudo probar- y la Sala 2 con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma se la otorgaron porque había cumplido 70 años. La Corte revocó ese fallo en octubre.

El caso de González no es menor. El ex policía del D2 tenía orden de captura desde 15 de setiembre de 2015, pero recién fue detenido en mayo de 2017, cuando el fiscal Martín Suárez Faisal aportó en la causa la dirección de la casa donde vivía en Federación, Entre Ríos. “Estuvo un año y medio prófugo”, planteó Suárez Faisal. Sin embargo, dos meses después de la captura, en noviembre de 2017, el juez Carlos Vera Barros le otorgó la detención domiciliaria, que fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario (en octubre de 2018) y luego por la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal (en marzo de 2019), con la firma de los jueces Yacobucci y Ledesma, los mismos que habían beneficiado a Brusa, tres meses antes. El voto disidente fue el de su colega Alejandro Slokar, quien también se opuso a la salida de Brusa de la cárcel de Las Flores.

Aquella apelación de Suárez Faisal ante la Cámara Federal de Rosario, en noviembre de 2017, escaló –por el Ministerio Público- hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 12 de marzo anuló la domiciliaria de González. La Corte revocó la sentencia de la Sala 2 que le había ratificado el beneficio en 2019, así que después de la excusación de Yacobucci y Ledesma, la causa volvió al Tribunal Oral de Santa Fe, que ahora deberá dictar un nuevo fallo.

Entre los dos fallos de la Corte que anularon las domiciliarias hay una diferencia: el juez Horacio Rosatti votó por revocar la de González, pero no la de Brusa, en octubre,  cuando ya había asumido como presidente del máximo tribunal del país, con su propio voto.

La tercera imputada en el juicio a Brusa y González es la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), María Eva Aevi, que es otro récord. Aebi ya sumó cinco condenas que se unificaron en 25 años de prisión, que cumple en el barrio Las Flores. En éste, que será el sexto, se la acusa por la “privación ilegítima de la libertad agravada" y “tormentos agravados” a dos militantes peronistas: Marta Susana Berra y María de los Milagros Almirón, quien era una adolescente de la UES, en 1976.