En contraste con las palabras del presidente Sebastián Piñera, la Cancillería chilena advirtió que no hay "inconvenientes" en que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se haya expresado a favor de Gabriel Boric. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, sostuvo que la expresidenta puede manifestar "su preferencia electoral frente a una elección tan importante" de la misma forma en que lo haría "cualquier chilena o chileno". Piñera aseguró, por su parte, que Bachelet tiene la obligación de "cumplir con las normas y reglas" de los organismos internacionales. A diferencia de las tres principales encuestadoras del país que muestran a Boric como favorito, el último sondeo realizado por la consultora Black&White habla de un empate técnico con el ultraderechista Kast aunque no contempla a los votantes indecisos, que definirán los comicios del domingo.
"No tenemos reparos con que haya hecho explícita una preferencia electoral, que de alguna manera era de presumir", manifestó Allamand sobre los dichos de Bachelet. El canciller chileno reforzó la idea de que desde la institución no ven ningún problema en las palabras de la exmandataria, descartando tomar medidas a pesar de los pedidos de parte del oficialismo.
La expresidenta de Chile había anunciado este martes su voto a favor de Boric, llamando a elegir a un "presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, de mayor libertad, igualdad, derechos humanos que se respeten, un medio ambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva Constitución".
La situación generó malestar en el sector del oficialismo que apoya a Kast, y así lo hizo saber el propio Piñera. "La expresidenta Bachelet como ciudadana chilena tiene derecho a expresar su opinión, pero también tiene la obligación de cumplir con las normas y reglas que la ONU establece para los funcionarios internacionales", sostuvo el saliente mandatario chileno luego de promulgar la llamada "Ley Juan Barrios" que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos.
