Techint ganó 250 millones de pesos con la ley de reparación jubilatoria

La moratoria que se coló con el blanqueo

Dicho monto es parte del reclamo fiscal de la AFIP contra Siderar, en 2012, por maniobras de evasión mediante la creación de empresas offshore. El perdón fiscal se incorporó al paquete del blanqueo y reparación jubilatoria que el PRO y aliados votaron en 2016.
El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones.El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones.El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones.El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones.El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones.
El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones. 

La moratoria impositiva prevista en la ley ómnibus que habilitó el blanqueo de capitales y la reforma del sistema previsional le permitió al grupo Techint ahorrarse alrededor de 250 millones de pesos en impuestos que la AFIP le reclamaba desde 2012. El monto exigido a Siderar por abusar de un acuerdo fiscal firmado en pleno auge privatizador entre Argentina y España rondaba los 450 millones de pesos. La siderúrgica montó una estructura de sociedades que le permitieron evadir el pago del impuesto a los bienes personales para las participaciones accionarias y societarias. Expertos en el uso de los privilegios vendidos en la red global de servicios financieros offshore, en el holding que encabeza Paolo Rocca desconocieron la legitimidad de la acusación y decidieron disputarla en tribunales. Hasta finales de 2016, las autoridades de la compañía estaban convencidas que ganarían el juicio pero, según informó en su balance correspondiente al primer trimestre del año, decidieron acogerse a la amnistía fiscal y pagar 197 millones de pesos para clausurar el conflicto.  La cifra no supera los 13 millones de dólares, un monto exiguo frente a los 1800 millones de dólares que invirtió el grupo para poner a punto su nueva planta de tubos de acero sin costura en Houston. La fábrica que Rocca visitó con el presidente Mauricio Macri en abril será inaugurada en pocos meses más y generará 600 puestos de trabajo directos en Estados Unidos. 

 Entre 2006 y 2010, una larga lista de grandes grupos económicos locales y multinacionales que operan en el país pasaron a ser firmas españolas. A diferencia del proceso de privatización, extranjerización y concentración de los años noventa, en el que las empresas ibéricas se apropiaron de importantes activos argentinos, aquella migración masiva de compañías hacia Madrid revelada por PáginaI12 hace cinco años fue apenas un acto administrativo para lograr beneficios impositivos de manera fraudulenta. El grupo Techint no estuvo solo. Petrobras, McCain, Nextel, Acindar, Quilmes, Kimberly Clark, Cencosud, Peugeot-Citroën, Acindar, FATE, Holcim, Aceitera General Deheza, Walmart y Monsanto son algunas de las empresas que terminaron controladas por cáscaras radicadas en España. La creación de esa escala societaria española tenía como único objetivo evitar el pago del impuesto a los bienes personales correspondiente a las tenencias de acciones o participaciones societarias. En 2011, AFIP recaudó 5891 millones de pesos en concepto de Bienes Personales. El 34 por ciento de esos recursos provino del gravamen sobre la tenencia de acciones y participaciones societarias. La elusión de ese impuesto a partir de los beneficios que ofrecía España fue cercana a los 250 millones de pesos en 2012. Ese año, el acuerdo se dio de baja y se renegoció uno nuevo que bloqueara esa abusiva vía. 

 Esta historia de la empresa presidida por Paolo Rocca comenzó en 2008 cuando interpuso una sociedad española en la red de empresas montada alrededor del mundo para administrar sus acciones. Entre 2002 y 2007, Siderar abonó cerca de 70 millones de pesos por bienes personales como responsable sustituto de la firma luxemburguesa Ternium SA. El monto del tributo surge de aplicar al patrimonio de la empresa una alícuota del 0,5 por ciento. El esquema societario dispuesto a través del Gran Ducado de Luxemburgo, una guarida fiscal europea, estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 2002 hasta fines de 2007. A partir de 2008 el modelo de negocios cambió y la firma europea dejó de ser la controlante directa del 61 por ciento de Siderar. En el medio, Rocca interpuso dos sociedades: Dirken Company en Uruguay y Ternium Internacional en España. Con esa maniobra, la firma pasó a eludir el pago del impuesto a los bienes personales que debería abonar como responsable sustituto de su sociedad controlante en el exterior. 

 La maniobra fue denunciada en 2012 cuando la AFIP dio de baja el acuerdo con su contraparte española que habilitaba los abusos. El 82 por ciento de las empresas intimadas aceptó el reajuste del organismo recaudador. Techint no aceptó el reclamo. A mediados del año pasado la AFIP determinó que Siderar debía pagar 239,6 millones de pesos. El monto correspondiente a los períodos 2008, 2009 y 2010 estaba compuesto por 77,7 millones en concepto del impuesto evadido y 161,9 millones de intereses resarcitorios. El holding apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación y al cerrar el ejercicio 2016 la sociedad no había registrado ninguna provisión para afrontar esa contingencia “dado que, en opinión de sus asesores legales y fiscales, el mismo resulta cuestionable y se cuenta con una alta probabilidad de éxito en la apelación”.

 Pero antes de que se agotara la posibilidad de ingresar a la moratoria, la posición corporativa cambió. “Aun no reconociendo la legitimidad de la cuestión de fondo, Siderar se acogió a la moratoria”, explicaron desde la empresa a este diario. Entre otros beneficios, la decisión le permitió una generosa reducción de los intereses acumulados y la condonación de las multas. Antes de que terminase el primer trimestre, la empresa regularizó 197 millones de pesos aunque no trascendieron las condiciones del arreglo (la moratoria contempla hasta 60 cuotas). En ese montó también se incluyó el impuesto y los intereses correspondientes a los períodos fiscales 2011 y 2012 que todavía estaban en etapa de discusión administrativa y, según señalaron fuentes de la AFIP, sumaban cerca de 200 millones de pesos adicionales a la pretensión inicial. 

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