El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se reunió con el reconocido jurista Alberto Binder, presidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y profesor de derecho criminal en la Universidad del Comahue y Buenos Aires, para avanzar en la reforma del Código Procesal Penal.

De esta manera, vuelve a la agenda judicial la implementación del sistema acusatorio adversarial. Los cambios en el Código Procesal Penal se suman a otra reforma, ya que en el 2022, el Gobierno riojano piensa avanzar con la reforma constitucional.

Además del máximo organismo judicial integrado por Claudio Saúl, Claudio Ana, Luis Brizuela, Karina Becerra y Gabriela Asís, estuvieron en la reunión el fiscal General Javier Vallejos, el juez de la Cámara Tercera, Jorge Chamía y el defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Martín Yoma. Becerra y Asís, ex funcionarias del gabinete del gobernador Ricardo Quintela, asumieron este lunes como juezas del tribunal.

Con el cambio de sistema se modificarían los roles los jueces y la defensa. En la actualidad quienes ejercen las magistraturas dirigen las investigaciones y también toman decisiones, es un sistema mixto. En cambio, con el sistema acusatorio cambia el procedimiento y recae en los fiscales la tarea de investigar.

Binder señaló que, “en caso de aprobarse el proyecto de reforma, es importante trabajar en el montaje de tres organismos fundamentales para el nuevo sistema acusatorio: una policía de investigación, un centro tecnológico de investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal y un organismo de supervisión de presos”.

“El punto más complicado es una policía de investigación. Si tenés policías y fiscales que acompañen a la policía de investigación tenés el 90 por ciento resuelto. La clave es armar una inteligencia criminal seria”, recalcó Binder y destacó la carrera policial de la provincia, que posee una orientación específica en investigación. Además, indicó que “otra cuestión clave es el organismo de supervisión de presos”, y sugirió que “el Patronato de Liberados tiene que ocuparse de la reinserción social, debe tener una función más social, pero esta supervisión debe estar a cargo de agentes de probation”, que controlen las penas condicionales.

La jueza Karina Becerra propuso que tras el receso judicial se comience a trabajar fuertemente en este proyecto. “Si nos ponemos firmes, para marzo o mayo del 2022 podemos sacar la reforma”, consideró.