Las investigaciones de espionaje durante el macrismo tuvieron un efecto particular en la Corte Suprema: los cuatro integrantes salieron en estampida --sin que nadie se los reclame-- en los últimos meses a excusarse para no intervenir en los expedientes que muestran cómo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri espiaba a propios y ajenos. “Al día de la fecha, el más alto tribunal carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, denunció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue víctima de los espías de la administración Cambiemos. 

Solo Carlos Rosenkrantz explicó que se apartaba porque lo podrían haber espiado –como surgió en las causas de Dolores y Lomas de Zamora–. Los otros tres, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, alegaron razones de delicadeza y decoro. No explicaron cuáles eran. Un detalle llamó la atención: las excusaciones fueron entre noviembre y diciembre, cuando hacía más de medio año que tenían recursos de la causa y justo cuando se endureció la pulseada de los supremos con el gobierno.

Los cuatro supremos ya están fuera de la cancha y ahora deberán sortear conjueces para resolver este caso de alto impacto político, lo que podría suceder en las próximas semanas. Serán los presidentes de las Cámaras quienes pueden entrar a reemplazar a los cuatro cortesanos. Habrá que esperar que no continúe el festival de excusaciones que muestra cómo siempre las causas sobre espías encierran a la justicia federal dentro de su propio laberinto, como ya sucedió con el caso AMIA.

“Nada menos que nuestro más alto tribunal, para resolver sobre la legalidad de los traslados de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi se tomó apenas unas semanas; en cambio, en el caso de espionaje ilegal que se investiga en autos (una organización delictiva insertada en organismos oficiales, dirigida a espiar a políticos, empresarios, periodistas, dirigentes sindicales, religiosos) luego de casi un año nada ha resuelto al respecto y, para peor, ahora los jueces, sin mayores fundamentos, se apartan del conocimiento del proceso”, remarcó CFK.

La Corte debe resolver básicamente si está bien que la Cámara Federal de Casación le haya sacado al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé la causa de espionaje que venía avanzando de su mano y las de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Allí investigaban cómo los espías conocidos como Súper Mario Bros espiaban a dirigentes políticos cambiemitas y opositores y cómo desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se escuchó y vigiló a los exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos. Mientras la causa estuvo en Lomas tenía 38 procesados y los investigadores avanzaban con la intención de desentrañar qué rol había tenido la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI en todo el entramado del espionaje. La DAAJ estaba en manos de Juan Sebastián de Stefano, uno de los tres protagonistas del video de la “Gestapo” antisindical y a quien Horacio Rodríguez Larreta sostiene en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

Todo ese proceso quedó paralizado cuando la Casación le sacó la causa a Augé. Entonces, el expediente viajó a los tribunales de Comodoro Py y quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que esperó hasta que la Cámara Federal revisara los 38 procesamientos. En diciembre pasado, ese tribunal solo dejó en pie diez procesamientos y negó que el espionaje del macrismo haya obedecido a un plan sino que fue obra y gracia de cuentapropistas.

CFK apeló este miércoles esa decisión, a través de su abogado Carlos Beraldi, que reclamó que se anule todo lo actuado por la Cámara de Casación desde que le arrebató el expediente a Augé y que la investigación retorne a Lomas de Zamora. En tal caso, sería la Cámara Federal de La Plata la que debería analizar los procesamientos. Ese tribunal había ratificado todos los pasos que había dado Augé en la causa y había confirmado los procesamientos de los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en una causa que tramitaba en paralelo, la del espionaje a CFK en el Instituto Patria.

Cómo frenar una causa

Cristina Kirchner denunció en su recurso que no solo se trató de decapitar la investigación –como hizo la Cámara Federal en diciembre– sino de frenarla, y para ello hubo distintos eslabones:

  • Dos casadores, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, intervinieron ilegalmente. Los dos integran la Sala IV de la Casación Federal. Sin embargo, en el expediente debió haber intervenido la Sala I. Ese traspaso se hizo en diciembre de 2020 a espaldas de la camarista Ana Figueroa y después fue denunciado como una maniobra por su colega Ángela Ledesma. Antes, Gustavo Hornos también había dicho que la causa no le pertenecía a la Sala IV.

  • Hornos y Carbajo fueron quienes sostuvieron que la investigación debía mudarse a los tribunales de Comodoro Py.

  • La causa fue al juzgado de Martínez de Giorgi y allí quedó paralizada, denunció CFK.

  • El 21 de diciembre pasado, los camaristas Mariano Llorens y Bertuzzi dijeron que no se trataba de una asociación ilícita dedicada al espionaje sino de actos de agentes que actuaban por su propia cuenta. Entre otros, revocaron los procesamientos de Arribas, de Stefano y del exdirector del SPF Emiliano Blanco.

  • CFK denuncia que Llorens y Bertuzzi carecen de los atributos más básicos de independencia e imparcialidad. Bertuzzi, dice, llegó a la Cámara Federal por un “traslado totalmente irregular”. Llorens, por su parte, no debió intervenir –según entiende la vicepresidenta– porque su primo Rafael fue víctima del espionaje mientras estuvo preso en el penal de Ezeiza. Además, CFK remarcó que el juez también visitó a Macri en Olivos.

En esa línea, CFK volvió a recusar a los dos camaristas. El tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, tendrá que resolver si sus colegas continúan al frente del expediente. Es probable que esa definición no llegue antes de la semana próxima, ya que hasta el lunes las partes en el expediente seguirán planteando sus recursos contra el fallo de la Cámara.

Los impactos del video

Menos de una semana después del fallo que ponía en valor la teoría del cuentapropismo del macrismo, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había hallado un video en el que se veía cómo funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios y tres altos funcionarios de la exSIDE se confabulaban para armarle una causa al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. En la filmación se veía en acción a dos de los imputados de la causa: al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y a de Stefano. Además estaba Darío Biorci, el jefe de gabinete de la AFI y cuñado de Majdalani.

“Lo que el video en cuestión pone al descubierto es que pensar que en nuestro caso solo se dio la actuación de un grupo de espías que actuaban como cuentapropistas no es más ni menos que una tomadura de pelo para todos los argentinos”, concluye el escrito de CFK.

Biorci en la Bicameral

La Comisión Bicameral de Inteligencia recibirá este jueves al exjefe de gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Darío Biorci, uno de los tres protagonistas del video en el que se ve cómo espías, funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios se dieron cita para armar causas contra el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina. Desde la defensa de Biorci confirmaron a Página/12 que el exfuncionario de la exSIDE concurrirá. Aun no queda claro si declarará o presentará un escrito.

Para la semana que viene, la Bicameral que preside Leopoldo Moreau citó al exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, también presente en la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia, y a Hernán Stella, vocero de la exgobernadora. Diputados y senadores avanzan con las declaraciones con el objetivo de presentarse un informe sobre el capítulo bonaerense del espionaje macrista.