Desde Roma

La Corte Suprema de Italia comunicó este miércoles que el ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y el coronel Martín Felipe Martínez Garay, fueron definitivamente condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70. La Corte rechazó la apelación presentada por los acusados confirmando la sentencia a cadena perpetua que había sido ya emitida por la primera (2017) y la segunda instancia (2019) de la justicia italiana. La nueva sentencia concluye definitivamente con el Proceso Cóndor.

Este proceso condenó a militares latinoamericanos del terrorífico Plan Cóndor, acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos de origen italiano (seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina). A éstos se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya. Tróccoli vive en Italia y fue el único acusado que presenció sesiones del juicio. Para los demás el juicio se hizo en ausencia, cosa permitida por la justicia italiana. Ahora se espera la extradición de los condenados de los respectivos países, en principio para que cumplan sus condenas en Italia.

En la sentencia conocida el 9 de julio pasado, la Corte Suprema había confirmado la condena a cadena perpetua de 24 imputados emitida precedentemente por la Corte de Apelaciones, a diferencia de lo que había sucedido en la primera instancia del juicio en la que sólo ocho fueron condenados. Pero faltaba decidir sobre los casos de Morales Bermúdez y Martínez Garay, que habían apelado, y de un tercer militar peruano, el general Germán Ruiz Figueroa, que luego resultó oficialmente muerto.

Morales Bermúdez fue presidente de Perú de 1975 a 1980 y fue quien permitió la entrada al país de una suerte de organismo representante del Plan Cóndor, que coordinaba el accionar de varias dictaduras latinoamericanas en materia de secuestro y desaparición de personas. Morales Bermúdez es el único presidente todavía vivo de los países latinoamericanos implicados en el Plan Cóndor, por lo cual su condena es simbólica como condena a todos aquellos que fueron los ideólogos, coordinadores y jefes de estado durante el terrorífico Plan, originariamente creado en Chile por los servicios secretos de Augusto Pinochet.

Uno de los hechos ocurridos en este contexto fue el secuestro en Lima, de parte de gente del Batallón 601 del ejército argentino, de la ítalo-argentina Noemí Gianotti Molfino, cuyo cadáver fue encontrado cuatro días después en Madrid. En esta operación, según lo que salió a relucir en el juicio y también en documentos diplomáticos de Estados Unidos liberados del secreto, fue determinante la contribución del Coronel Martínez Garay, responsable entonces de la Policía de Inteligencia Peruana.

Otro caso atribuido en este proceso a Morales Bermúdez, en tanto responsable y mandatario del Plan Cóndor, fue el asesinato de otros dos ítalo-argentinos, Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, ambos secuestrados en Brasil y llevados a Campo de Mayo en Buenos Aires, donde desaparecieron.

Un cambio en la justicia italiana

“Ha sido un proceso largo y difícil pero esta sentencia lo cierra definitivamente. Ha sido un duro trabajo pero estamos contentos. He hablado con los familiares. Es una sentencia importante e internacional. Italia, a diferencia de otros países donde juzgaban a sus propios militares por sus propias víctimas, ha sido capaz de juzgar a los responsables de una operación criminal en distintos países”, declaró a Página 12 Jorge Ithurburu, presidente de la organización no gubernamental 24marzo.it que durante todos estos años ha ayudado a familiares y abogados de este proceso.

También contó que ya se ha pedido la extradición de los condenados a los respectivos países. “Ha habido un cambio importante en la justicia italiana a diferencia de otros años. El gobierno de Mario Draghi y la ministra de Justicia Marta Cartabia, cambiaron la posición respecto a las extradiciones y las solicitaron para los militares condenados. Después se verá si los países las rechazan o no. La justicia italiana también pasó toda la información a Interpol y ésta ya respondió que tiene localizados a todos los militares condenados y que están esperando que las autoridades decidan qué hacer. Como hay diferencias entre los países en materia de autoridades y la extradición es una cuestión de colaboración entre los estados, veremos hasta donde se llega”, concluyó Ithurburu.