Audiencia por amenazas y espionaje de abogados y militantes de derechos humanos
Uruguay pegó el faltazo en la CIDH
Referentes de la sociedad civil uruguaya expusieron sobre intimidaciones a referentes de la búsqueda de justicia para víctimas de la última dictadura y falta de voluntad política para juzgar a los responsables. Hubo sorpresa por la ausencia de los representantes del Estado.
Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, en la audiencia que se realizó ayer en Buenos Aires.Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, en la audiencia que se realizó ayer en Buenos Aires.Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, en la audiencia que se realizó ayer en Buenos Aires.Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, en la audiencia que se realizó ayer en Buenos Aires.Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, en la audiencia que se realizó ayer en Buenos Aires.
Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, en la audiencia que se realizó ayer en Buenos Aires. 

“Nos da vergüenza ajena”, confesaron ayer los integrantes del uruguayo Observatorio Luz Ibarburu ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se enteraron del faltazo que pegó el gobierno de su país a la audiencia en la que debía “dar respuestas” sobre las amenazas recibidas meses atrás por ex fiscales, abogados y militantes vinculados con el proceso de juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último golpe de Estado, el “empantanamiento de causas” en la que se investigan los hechos y actividades de espionaje que los tienen por víctimas. “En Uruguay persiste la impunidad”, denunció ante el comisionado Raúl Oliviera, coordinador del observatorio, un conjunto de organizaciones vinculadas con el proceso de justicia en torno de los delitos cometidos en el territorio vecino durante la última dictadura. Para Pablo Chargoñia, quien está a cargo del equipo jurídico de ese organismo, la ausencia “sorpresiva, lamentable” del Estado “confirma las críticas que estamos formulando”. Es la primera vez que Uruguay no se presenta ante la CIDH. 

  La negativa de Uruguay a participar de la segunda jornada del período número 162 de sesiones que la CIDH está desarrollando en Argentina generó enojos, levantó suspicacias y sembró sospechas. Las y los referentes de la sociedad civil que expusieron sus denuncias contra el Estado uruguayo sobre independencia judicial, amenazas a referentes de la búsqueda de justicia para víctimas de la última dictadura y falta de voluntad política para que el proceso de investigación y juzgamiento a los responsables avance definieron como “un papelón” la ausencia de las autoridades. Desde la CIDH la lamentaron. “No es lo común que un Estado no se presente y por eso nos preocupa que Uruguay no haya venido. Lamentamos mucho que los peticionarios no puedan oír qué tienen para decir las autoridades en relación a las problemáticas planteadas”, evaluó el presidente del organismo internacional Francisco Eguiguren.

 

Amenazas, espionaje e impunidad

La actividad de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como es el caso del Observatorio Luz Ibarburu, “se vio afectada por amenazas, hostigamiento, la responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de causas y la persistencia en democracia de los servicios de inteligencia públicos sobre la sociedad civil y sus organizaciones”, denunció Olivera ayer, antes de plantear que el Estado uruguayo “no tiene una conducta activa que ponga en funcionamiento una institucionalidad para modificar” esta cuestión. Además, el secretario de Derechos Humanos de la Central sindical única de Uruguay advirtió que su país está incumpliendo con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011, cuando lo instó a investigar los secuestros, las violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura. “Es responsable de la persistente impunidad, cuestionamos la falta de voluntad política para resolverla”, denunció. Bajo esa consigna marcharon miles uruguayas y uruguayos días atrás en el país. 

En enero pasado, 13 operadores de justicia e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos recibieron una amenaza vía mail: “Comunicado del Comando general Pedro Barneix: el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune. No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. Y, tal como informó este diario, el correo culminaba con 13 nombres: el actual ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, el jurista francés Louis Joinet y el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño (MJDH), Jair Krischke, la ex vicecanciller María Bernabela Herrera Sanguinetti, la ex fiscal Mirtha Guianze, los abogados Oscar Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Alvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé y la italiana Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford. “Hasta el momento se ignora quién fue el autor de la amenaza”, informó Florencia Retamosa. 

En marzo de 2016, robaron computadoras y discos rígidos del laboratorio del grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades uruguaya –que busca el destino de los desaparecidos durante el último golpe– y dejaron un mapa marcado con los domicilios de sus integrantes. Además, Retamosa indicó que “esos hechos no deben desligarse de la persistencia de un sistema de inteligencia que opera desde la propia estructura de las fuerzas armadas con la misma lógica de la dictadura”. El año pasado, contó la abogada, la Justicia incautó de la casa de un exagente de inteligencia del Ejército Elmar Castiglioni archivos de espionaje a organizaciones democráticas, dirigentes sociales y políticos. Se conformó una comisión investigadora en el parlamento uruguayo que “aún no dio resultados”.  

El titular del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, añadió un elemento más al “contexto en el que estas amenazas con eficacia, amedrentan no solo a las víctimas afectadas sino a cualquier abogado o activista que se sume al proceso de denuncias penales”: el estado de la justicia transicional en Uruguay. “Hay solo 19 individuos sometidos a proceso o cumpliendo condena. No hay perspectiva de cambio”, denunció. Hay más de 300 causas penales iniciadas. Añadió que desde el Estado hay “descoordinación entre diversas agencias” creadas para trabajar en el proceso y que existe “desinterés en la protección de las víctimas”. “No se superan las buenas intenciones, se verifica una impunidad institucionalizada, ésa es la política de Estado para los delitos de los crímenes de Estado”, alarmó. El observatorio exigió, ante la CIDH, que el Gobierno cree una fiscalía especializada

Conclusiones 

Eguiguren y sus colegas José de Jesús Orozco, Luis Vargas Silva y James Cavallaro oyeron con “preocupación” las denuncias del colectivo uruguayo. Luego de expresar su “sorpresa” por la “lamentable ausencia” del Gobierno uruguayo, advitieron que lo expuesto era “grave”. “La afrenta a los derechos humanos es grave, compartimos la preocupación ya que las amenazas atentan contra la eficacia de obtener justicia en Uruguay”, planteó Orozco. 

En diálogo con PáginaI12, el presidente de la CIDH confesó que él y el resto de los comisionados se enteraron “tarde, tarde” en la noche del miércoles que en las audiencias de ayer las sillas correspondientes al Estado uruguayo estarían vacías. “No será posible” hacerse presentes, apuntaron las autoridades del país vecino en la misiva, trascendió. “Es la primera vez que el país se ausenta, esperamos que en transcurso de los días nos llegue una explicación más precisa de lo que ocurrió. Quizá fue un contratiempo, no lo sabemos, necesitamos más detalles”, añadió Eguiguren. A la escasa fundamentación del faltazo se añade otro dato: el octubre, la comisión sesionará en Montevideo, invitada por el gobierno. 

Además de la carta con al breve excusa, el gobierno de Tabaré Vázquez envió un punteo con “respuestas” para los reclamos a los que fue sometido por la sociedad civil, los que fueron transmitidos. Sin embargo, apuntó el presidente del organismo internacional, “no es lo mismo leer un texto que escuchar presencialmente a los representantes del Estado a ver qué tienen para decir”. Hoy, el gobierno vecino debe responder por una demanda sobre la democratización de los medios de comunicación en ese país y ayer se comentaba que asistiría.