Un cabo primero de la Gendarmería Nacional que cumplía funciones en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Salta fue condenado por el delito de violación de secreto. Por las pruebas que la fiscalía aportó, el gendarme buscaba una retribución económica a cambio de revelar datos de la investigación sobre contrabando de granos.

Es es el primer juicio realizado contra un investigador que reveló información sensible de un caso en el que se indagaba sobre el circuito del contrabando de granos en la frontera con Bolivia. El cabo primero Aníbal Alegre fue condenado por haber avisado a otro gendarme, jefe de un escuadrón de la zona de frontera, que lo estaban investigando sospechado de participar del contrabando. 

En el debate el fiscal general Eduardo José Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, de la Unidad Fiscal Salta, presentaron testigos y otras pruebas para demostrar la culpabilidad del gendarme. Entre las pruebas mostraron las conversaciones vía WhatsApp que Alegre tuvo con el gendarme sospechado, cuyo teléfono estaba intervenido. Así, se demostró que el ahora condenado pidió una retribución monetaria por la información secreta: “Che tigre, tirame una moneda”, le dijo en el primer mensaje, recordó la fiscalía. 

Con ese fin Alegre reveló al gendarme sospechado que había una investigación en curso sobre los camiones de granos y develó que había escuchas telefónicas en las que un comisionista sospechado los había delatado.

Esta prueba fue ratificada por testimonios de otros gendarmes, tanto compañeros como jefes de las unidades investigativas, quienes explicaron cómo se descubrió que los mensajes de advertencia provinieron del teléfono de Alegre. También se refirieron a la modalidad de trabajo y al deber de confidencialidad.

En su alegato, el fiscal consideró probado el delito cometido por Alegre, cuya defensa trató de justificar esta conducta en una supuesta preeminencia que tenía el oficial alertado sobre su cliente.

Pero la fiscalía insistió con los chats que entre investigador e investigado, correspondientes a fechas en que la investigación se llevaba adelante en su etapa inicial, cuando debía permanecer secreta y fuera del alcance del sospechado.

Por otra parte, el comandante Rafael Sanabria, responsable de la UNIPROJUD y jefe inmediato de Alegre, subrayó el carácter secreto de esos datos, a la vez que aclaró que la subordinación se debe hacia los jefes y la unidad en la que se desempeña y no solamente por el cargo.

Villalba señaló que, al margen de revelar datos que perjudicaron el proceso, “Alegre se burló de las premisas que promulga no sólo esa institución, sino también la justicia misma”. Y puso de relieve que lo hizo con un fin retributivo recordando la frase “Che tigre, tirame una moneda”.

Al momento del hecho Alegre cumplía funciones en la UNIPROJUD, unidad que llevaba adelante diversas tareas de inteligencia criminal, entre ellas el análisis de información extraída de intervenciones telefónicas, cuyos datos, sostuvo la fiscalía, eran de alta sensibilidad para el éxito del caso.

El cabo primero provenía del Escuadrón 54 de Aguaray de Gendarmería, unidad que era investigada por las maniobras ilegales en el paso de camiones con granos, de las cuales participaba un comisionista que, a la postre, fue imputado y condenado por ese delito.

La condena, de 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue dictada el jueves último por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Domingo Batule y Abel Fleming.

Corrupción 

Al referirse a la corrupción, el fiscal Villalba sostuvo en el debate que hay quienes se valen de ella, como Alegre, y otros que la sufren, como el personal idóneo de la fuerza que busca desarticular el delito. Y también destacó que este fue revelado por la propia fuerza de seguridad:  “Es destacable señalar que sus jefes inmediatos, que podían haber hecho la vista gorda, no lo hicieron y activaron así los mecanismos de saneamiento”, dijo.

Describió el caso como una alerta hacia adentro de esa y otras fuerzas involucradas en la investigación criminal. Asimismo, aclaró que pese a tratarse de un delito con una escala penal menor, su comisión tiene “un efecto brutal” en la investigación, aunque reconoció que, en este caso, se logró avanzar penalmente contra el oficial alertado por Alegre.

En vista de estas pruebas, y a pedido del fiscal, el tribunal encontró culpable a Alegre. En el juicio por la determinación de la pena, Villalba señaló que la fiscalía “exigirá el máximo” y solicitó la imposición de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para Alegre.

Por su parte, la defensa buscó el mínimo de la escala, y para ello resaltó la condición primaria de su cliente y su conducta proactiva durante el debate.

La fiscalía señaló que Alegre no tenía ninguna urgencia económica u otra necesidad, como podría suceder con un “bagayero” (alguien que trabaja en la frontera portando bultos), y destacó el rol del acusado, quien trabajaba en una unidad especial de investigación. 

Al resolver, el tribunal condenó a Alegre a 8 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación. Esta decisión, según lo explicado por los jueces, se debió al hecho de que el delito cometido no frustró la investigación, aunque también reconocieron el grave riesgo que se corrió.