El miércoles por la tarde, mientras daba inicio la tradicional Serenata a Cafayate, los vecinos del barrio Socorro II, que desde el 2019 reclaman por agua y servicios básicos de urbanización, fueron brutalmente reprimidos cuando se aprestaban a realizar una protesta en la entrada de aquel pueblo en los Valles Calchaquíes.
Hubo heridos y tres detenidos por “resistencia a la autoridad injustificada”, algo que los manifestantes negaron ya que ni siquiera estaban cortando la ruta en ese momento, y aseguraron tener la autorización de la comisaría local.
La semana pasada tras más de dos semanas de protesta, en la que se cortaba el puente de acceso a la ciudad, y a días del comienzo del festival más popular de la provincia, varios funcionarios del gobierno junto al intendente, Fernando “Casita” Almeda y el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, se hicieron presentes y prometieron que en el transcurso del fin de semana, se resolveria al menos la provisión de agua.
Mientras que los demás problemas tales como alumbrado, barrido, limpieza y calles en mal estado, se irían solucionando paulatinamente. Comentaron las autoridades que para solucionarlos, ya se había dispuesto de una partida de dinero $2 millones para que el municipio ejecute las obras pertinentes.
Este lunes la provincia informó a través de su página de prensa que se habían resuelto los problemas en la cisterna al tiempo que se había conectado el servicio de agua a “todo el loteo Ampliación Socorro II”, algo que sus habitantes negaron rotundamente. “Es mentira, apenas intentaron conectarla comenzaron a romperse los caños, había pérdidas por todos lados y la presión no alcanzaba para llegar a las casas”, sostuvo Silvio Aguirre, habitante de la zona.
Alejandro Gómez, uno de los referentes barriales, asintió los dichos de Aguirre y agregó que además “hay un petitorio de 15 puntos, con obras esenciales que necesitamos para vivir” y que ningún funcionario se animó a firmar “comprometiéndose a cumplir en un determinado plazo”. “Porque a ninguno le importa, lo único que querían era que no se vea lo que pasa durante la serenata”, agregó. Gomez sostuvo que una vez que pase este evento “nos vuelven a olvidar”.
El referente barrial contó que tuvieron contacto con el jefe comunal, con el Secretario del Interior, Javier Diez Villa, y hasta con el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes: “todos daban su palabra, pero ninguno quería firmar el acta de compromiso, y nosotros ya estamos cansados de promesas”, manifestó el vecino. El documento solicita, entre otros, la pronta apertura de calles y su limpieza ya que “es imposible transitar por la cantidad y magnitud de las piedras en esos pasajes”; también el alumbrado público, desmalezado y que finalmente puedan acceder al agua corriente.
Es por eso que luego de más de dos años de espera, decidieron salir a manifestar nuevamente su problemática aprovechando que en esta oportunidad había un evento que los visibilizaría y que se encontraban en la ciudad funcionarios provinciales y nacionales como el propio gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Turismo, Matías Lammens.
Al llegar, los vecinos se encontraron con un regimiento de más de 30 policías “comenzaron a agredirnos, nos tiraron los perros encima y golpearon a todos los que estábamos ahí, hombres y mujeres”, relató Gómez y señaló a un comisario de apellido Cayo, “de la regional de Cachi”, como quien encabezó la represión y el maltrato.
El mismo Gómez fue uno de los que sufrió la peor parte, además de recibir golpes, fue mordido por un perro de la Policía en el pecho y terminó detenido junto a dos manifestantes quienes también recibieron golpes en la cara y el cuerpo. El vecino indignado repetía que no solo tenían el permiso de la jefa de la Unidad y la comisaría de la regional, sino que ni siquiera habían cortado la calle aún, ya que estaban llegando al lugar: “recién nos estábamos juntando, no éramos más de diez y estábamos sentados en la plazoleta Güemes que está al costado del puente”, indicó.
Uno de los detenidos resultó con rotura de tabique, el labio partido y golpes en brazos y piernas, “nos fueron a provocar y detener directamente sin mediar palabras, ese comisario estaba fuera de sus cabales”, sostuvo Gómez para quien las órdenes eran claras: detenerlos y esconder el conflicto en medio de un evento de tal envergadura como la Serenata a Cafayate.
Por último, denunció que cuando los dejaron en libertad recibieron amenazas por parte de los efectivos policiales "para no volver a salir a cortas las calles", algo que aseguró seguirán haciendo "es nuestro derecho y estamos cansados de que no nos vean”.
El referente barrial responsabilizó directamente al gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Almeda por la represión injustificada “querían tapar la protesta” y contó que a la hora en que los estaban reprimiendo “ellos estaban en la plaza central tomando un café en el bar de (el diputado Nacional) Miguel Nanni”, y que mientras se encontraban detenidos, el mandatario “subía a cantar con Abel Pintos como si en Cafayate no pasara nada”, sentenció.
Sobre Almeda ya pesa una imputación por parte de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de haber entregado el loteo de Finca Socorro II supuestamente en totales condiciones, pero a la que le faltan obras imprescindibles para vivir, tales como la construcción de un canal de agua potable con su respectiva cisterna.
Salinas Odorisio también lo imputó por “la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo” y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
El barrio fue inaugurado en el 2019, días antes de las elecciones, por el intendente y autoridades del IPV, pero desde ese momento sus habitantes viven sin agua y en condiciones muy precarias.
