La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, recibirán a partir del jueves próximo los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Según confesaron algunos directivos de la constructora brasileña en los tribunales de Estados Unidos, los sobornos alcanzan los 35 millones de dólares entre los años 2007 y 2014 en la Argentina. El Gobierno fracasó esta semana en su intento de alcanzar un acuerdo a cambio de información con la empresa antes de que la información llegue a manos de la Procuradora General. 

Vía valija diplomática, los archivos digitalizados —videos, mails, pasajes de avión, gastos de hotel, escritos, papeles corporativos y oficiales— serán entregados en discos rígidos en las oficinas del Ministerio Público Fiscal, gracias a un acuerdo firmado por la Procuración brasileña con sus organismos hermanos de Argentina y otros 9 países de América Latina, donde operaba la empresa encabezada por Marcelo Odebrecht. Según el acuerdo firmado por Gils Carbó y Rodríguez la información sobre la que empezarán a trabajar el 1 de junio no podrá ser divulgada públicamente.  

La documentación contiene las confesiones que, a través del sistema de delación premiada para obtener una reducción de la pena, ofrecieron 77 ejecutivos de la constructora atravesada por la megacausa Lava Jato. La firma acordó con la Justicia de su país el plazo de mantener las delaciones resguardadas hasta este 1 de junio para poder avanzar en acuerdos en los países donde pretende seguir operando. 

Eso ocurrió tanto en Suiza como en Estados Unidos, donde directivos de la constructora se presentaron ante el Departamento de Justicia para ofrecer información con el objetivo de pagar multas y poder seguir trabajando en el país. En esas negociaciones, los directivos reconocieron el pago de sobornos en al menos 12 países, entre ellos los 35 millones de dólares supuestamente girados para acuerdos en la Argentina. 

De la propia investigación desarrollada en Brasil, a partir de información a la que accedió  el equipo peruano IDL Reporteros y replicada por el diario La Nación, se conoció la declaración del cambista Leonardo Meirelles, quien había asegurado realizar cinco giros por un total cercano a los 600 mil pesos al exrepresentante de fútbol y actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, vinculado a la obra del soterramiento del Tren Sarmiento, en la que está involucrado el primo hermano del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterro.  

Macri —que por decreto presidencial aumentó las partidas públicas para esa obra— hizo una rápida defensa de su amigo e inquilino, pero a mediados de mayo, Meirelles confirmó su confesión y amplió los giros hasta 10 y el monto a 850 mil dólares ante el fiscal Federico Delgado —quien investiga con el juez federal Sebastián Casanello el capítulo argentino del Lava Jato— y el propio fiscal Rodríguez, quien desde el jueves tendrá la información original en sus manos. 

A días de cumplirse el plazo del 1 de junio y tras las declaraciones de Elisa Carrió, que dijo que el Gobierno y la clase política en general protegen al exministro Julio De Vido, el Ejecutivo intentó a través del propio ministro de Justicia, Germán Garavano, y la Oficina Anticorrupción alcanzar un acuerdo con los abogados de Odebrecht para cerrar un acuerdo a cambio de información. 

La jugada del Gobierno intentó pasar por encima las facultades de los fiscales y jueces, pero el propio Garavano reconoció ayer: “Nos acercaron una propuesta basada en la normativa brasileña, con lo cual no resulta aplicable”. Por un lado, el problema para el objetivo de Cambiemos fue que la figura de delación premiada utilizada en Brasil, no existe en la Argentina. Por otro lado, como informó hoy PáginaI12, los abogados de Odebrecht no prometían acusar a nadie, o sea no darían información direccionada hacia la oposición, sino sólo testimonios de arrepentidos y documentos a disposición.

La reunión que tenían pautada los representantes del Ejecutivo ayer en las oficinas de Odebrecht en la Ciudad de Buenos Aires quedó finalmente cancelada por una serie de allanamientos ordenados por Casanello. A partir del jueves continuará la historia con la documentaciones en manos del Poder Judicial.