“No explican cómo obligo a la paciente a hacerse un aborto”. La incógnita la plantea la propia Miranda Ruiz, médica imputada por el fiscal penal Gonzalo Vega, de Tartagal,  en el departamento San Martín.

Según pudo constatar Salta/12 en el Ministerio Público Fiscal (MPF), “se está terminando la etapa investigativa para oportunamente requerir a juicio”. Por ahora se espera la resolución de la Justicia sobre e segundo pedido de sobreseimiento. Las abogadas que defienden a la médica afirmaron que no van a permitir que la causa llegue a los tribunales, entendiendo que todas las pruebas presentadas por su parte, y la falta de soporte de la Fiscalía para continuar con la acusación, deberían ser suficientes para sobreseer a Ruiz.

Ayer, en una conferencia de prensa en la que participaron distintos sectores políticos y hasta Santiago Payo, gerente del Hospital tartagalense “Juan Domingo Perón”, se manifestó el total apoyo a Ruiz. Antes se hizo un pañuelazo en la Plaza Italia de la ciudad norteña. 

Durante las alocuciones se llegó a mencionar la necesidad de plantear “una reforma judicial feminista” para garantizar la perspectiva de género y de derechos humanos de quienes deben administrar Justicia.

Para las abogadas de Ruiz, Paula Tackzeck y Emilia Tomezeck, la imputación realizada por Vega nunca fue clara. El fiscal se apoyó en que los tiempos para permitir la interrupción legal del embarazo (ILE) no eran los dispuestos por la Ley. Luego también sostuvo que no se había cumplido con las causales establecidas para realizar la intervención. Esta primera imputación fue tras la denuncia de familiares de una joven de 21 años que pidió acceder a la ILE, y por esa acusación la médica residente fue encarcelada por unas horas el 3 de septiembre pasado, a pedido de Vega y por decisión del juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta. La presión de las mujeres en la provincia y el país generó la liberación de Ruiz.

Luego de presentada toda la documentación probando que la práctica estaba enmarcada en la ley, y mientras se presentaba el primer pedido de sobreseimiento, Vega decidió “ampliar” la denuncia contra Ruiz, afirmando esta vez que había realizado el aborto “sin consentimiento” de la gestante.

Esta nueva acusación fue en noviembre, sin que se mueva el legajo o presenten nuevas pruebas, según sostuvieron las abogadas. Por el contrario, las letradas explicaron que el procedimiento de interrupción del embarazo se hizo con un tratamiento de pastillas que se autoadministran, es decir que la gestante las toma mientras está internada, y puede haber más de una toma cada tres horas. Por ello es que no entienden como se podría “obligar” a alguien a ingerir el medicamento. Además, para llegar a la ILE, actuó un equipo interdisciplinario, hubo consentimiento informado firmado por la paciente y autorización de quienes por jerarquía supervisan y avalan las actuaciones de Ruiz.

Cuando se habla de la falta de consentimiento “se tiene que probar que la doctora coaccionó a la paciente para hacerse al aborto. Absolutamente nada de lo que indica el Código Penal prueba de que ella coaccionó”, dijeron las abogadas.

Incluso el mismo gerente del Hospital tartagalense, ratificó ayer que hizo su descargo ante la Justicia en calidad de responsable último del Hospital. “Si dicen que la mujer estaba obligada, que nos digan quien la obligó”, manifestó el médico.

“Esta es una imputación inadecuada que a los médicos nos pone a pensar hasta dónde podemos poner nuestro sello si luego la Justicia va a hacer esto”, fue la observación de la diputada provincial Gladys Paredes, quien también es médica. Y es que tanto las médicas como las abogadas entendieron que de confirmarse un accionar como el que se está demostrando en este caso, “estamos poniendo en riesgo toda la práctica médica del personal de salud”.

Contra Miranda o contra la ley

“Huele a cosa armada y en este punto parece complicado este armado para hostigar a Miranda por un delito inexistente”, dijo la diputada nacional Mónica Macha. También estuvo en la conferencia la legisladora nacional por Salta Verónica Caliva, quien sostuvo que es insólito que en Salta duerman causas importantes y haya celeridad sobre otras como la que se sigue contra la médica. “Hay que lidiar con un grupo de trasnochados que no se sabe en qué momento lograron hacer esto”, manifestó.

“La Justicia se presta a esta violación de la ley”, fue la consideración volcada por el diputado provincial por San Martín Santiago Vargas, quien se presentó en la conferencia junto a su par Jorge Restom. El legislador consideró entonces que el entramado de relatos sobre el accionar de la médica fue orquestado por distintos sectores políticos que, con el aval de referentes del Ministerio Público Fiscal y la Justicia de Salta, pretenden ir contra los derechos garantizados por la Ley 27.610 que enmarca la interrupción voluntaria del embarazo.

“Como Católicas por el Derecho a Decidir creemos que es urgente la necesidad de una reforma judicial feminista ya”, sostuvo la referente de la organización, Rocío García Garro, al considerar que esta es la única forma de acceder a una administración de este poder con perspectiva de género y de derechos humanos.

Hasta ahora lo único que se ve con seguridad es que quienes administran la Justicia, no la estarían garantizando. Mientras, todos consideraron que se corre el riesgo de perder a una profesional en una ciudad donde escasean quienes se dedican a la medicina, además de trabajar en terreno, como lo hace Ruiz.