La calidad institucional y la defensa de las instituciones de la República fueron y son caballitos de batalla del actual gobierno nacional. Amén de las promesas la campaña electoral de 2015 jamás cumplidas, la administración macrista hizo hincapié en la inseguridad jurídica en la que se encontraba sumida la Argentina hasta ese año. Sin embargo, y de acuerdo a un relevamiento realizado por los diputados del Frente para la Victoria, la tan mentada transparencia ha quedado en palabras fruto que, como afirma ese bloque, “el poder económico copó los tres poderes del Estado”.

La lista preparada por el bloque que conduce Héctor Recalde cita 20 casos para demostrar que la “inseguridad jurídica” se expresa principalmente en acciones del Poder Ejecutivo. Según el diputado Rodolfo Tailhade, uno de los redactores del listado, la “ofensiva” se expresó muy temprano con el intento de incorporar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema a través de un decreto. Si bien no prosperó, la crítica se sostiene ante la aceptación primigenia de los protagonistas a la posibilidad de ser jueces por esa vía. El otro ejemplo que prueba el “avasallamiento” a las instituciones es la incorporación del diputado del PRO Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura. El FpV sostiene que el representante macrista le “robó” el curul del Consejo, con la complicidad de otros bloques legislativos, que le correspondía al kirchnerismo por ser la primera minoría en la Cámara baja. El objetivo del despojo fue “conseguir una mayoría oficialista en el Consejo” con la que pretenden “dominar” al Poder Judicial. Como ejemplo de ello, ponen el “acoso” al camarista Eduardo Freiler.

Otro de los puntos importantes del listado es el caso del juez Carlos Mahíques. El magistrado entró en la Sala II de Casación Penal de una manera que suele definirse como “por la ventana”. Si bien en noviembre de 2013 Mahíques recibió el acuerdo del Senado como vocal de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Pero a través de un decreto presidencial el juez terminó nombrado en un tribunal y un fuero para el que no concursó.

Los diputados del FpV también señalaron lo que pretendieron hacer con Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero que fue sido designado como subrogante del Juzgado Electoral de La Plata con el aval del Consejo de la Magistratura. Su nombramiento fue declarad inconstitucional por un fallo que también cuestionó al Consejo en su intento por adjudicarse atribuciones para crear juzgados o dividir la competencia de los existentes.

La lista incluye la decisión de la Corte Suprema de crear una nueva estructura institucional que contenga en su interior a la oficina que se encargaba de las escuchas telefónicas pero, como sostienen los legisladores, con facultades que exceden su función, como incluir el análisis e inteligencia criminal. Pero además, la transferencia se realizó con un DNU de diciembre de 2015 que todavía es cuestionado por la oposición más dura al gobierno central. Por otra parte, en febrero pasado, el Poder Ejecutivo emitió otro decreto relacionado a este tema con el que prorrogaron el mandato de los funcionarios que la Corte había designado. Este decreto tiene el rechazo de la comisión del Congreso que los evalúa por entender que el Ejecutivo se entrometió en designaciones que son responsabilidad del Poder Judicial. El DNU sigue vigente hasta tanto ambas Cámaras del Congreso lo rechacen, algo que es poco probable que suceda durante este año que incluye un proceso electoral.

El informe que presentaron los miembros del FpV de la Cámara baja relaciona esta transferencia del sistema de escuchas telefónicas con la difusión pública de conversaciones privadas de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Para los diputados kirchneristas otro de los hechos que prueba que el poder económico es el que realmente gobierna, fue el decreto presidencial que extendió la fecha límite para adherirse al blanqueo de capitales y, sobre todo, autorizó la inclusión de los familiares de los funcionarios públicos entre los sujetos que pueden adherirse al beneficio.

A este último debe sumársele el endeudamiento externo generado por la Casa Rosada que, por si fuera poco, ha colocado como respaldo de los pagos del servicio de la deuda el conjunto de los recursos naturales. Como siempre, esto se realizó por un decreto que se conoció en enero pasado.

El oficialismo siempre recurre a atajos para conseguir lo que pretende. Eso incluye leyes como con la que se pretendió acortar el mandato de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El intento fracasó fruto del rechazo público de la macrista Elisa Carrió. Tal vez la chaqueña habría apoyado la embestida contra Gils Carbó si el oficialismo hubiese recurrido, como corresponde, al juicio político.

El último de la lista es la pretensión del Gobierno por direccionar la investigación del caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a través de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Justicia. Por ahora en este tema el tiro está saliendo por la culata ya que la justicia brasileña enviará toda la documentación a Gils Carbó, justamente a quien el Ejecutivo pretendía eludir.