El fiscal Leonel Gómez Barbella, que investiga el asesinato de Lucas González, presentó el pedido de elevación a juicio de los 14 policías porteños detenidos y procesados por el crimen del chico de 17 años y el posterior encubrimiento. Además de los tres oficiales de la brigada de civil que baleó a Lucas y a sus tres amigos, otros comisarios, subcomisarios e inspectores de la Policía porteña se encaminan a enfrentar el juicio por intentar tapar lo ocurrido y detener ilegalmente a los amigos de Lucas. La familia del chico asesinado ya había pedido la elevación a juicio, por lo que resta la decisión final de la jueza de la causa, a poco más de cuatro meses del asesinato. 

Los principales imputados por el crimen son el inspector Gabriel Isassi, el oficial José Nieva y el oficial mayor Fabián López, los tres integrantes de la brigada de civil que cerca de las 9.30 del 17 de noviembre interceptó al Suran en el que viajaban Lucas y sus amigos en el cruce de Iriarte y Luzuriaga. En el escrito presentado ahora ante la jueza Paula González, el fiscal precisó que "sin identificarse, descendieron del auto dirigiéndose hacia los jóvenes, los que sintieron temor ante la posibilidad de que se tratasen de ladrones. Los cuatro jóvenes avanzaron a bordo del vehículo Suran por Iriarte, en tanto los agentes mencionados abrieron fuego".

Los tres dispararon, por lo que el fiscal los acusa como coautores de una larga lista de delitos, que se inicia por el homicidio agravado por alevosía, "por haber sido cometido por placer, por odio racial", con el concurso premeditado de dos o más personas, y por cometerse "abusando de sus funciones". En tanto, también les imputa la tentativa de homicidio y la privación ilegal de la libertad de los amigos de Lucas, así como por "falsedad ideológica" por haber instalado la versión inicial del enfrentamiento armado. Con esas carátulas, enfrentarían la pena de prisión perpetua. En cuanto al agravante de "odio racial", Gómez Barbella consideró que la brigada fue a la caza en un "intento de exterminio" de los chicos, a los que los policías catalogaron "por su edad y por la zona en que transitaban como posibles delincuentes armados".

Los otros 11 agentes están procesados por "encubrimiento agravado" y la detención ilegal de los amigos de Lucas. En su escrito, Gómez Barbella señaló que tras el crimen hubo un despliegue de "un gran número de integrantes de la Policía, muchos de ellos de alta jerarquía". En dicho despliegue, el accionar de cada uno "presentó un designio común: obtener sin ambages la impunidad para el integrante de la fuerza que desde los albores del suceso aparecía al menos sospechado de un actuar ilegítimo". En poco más de tres meses de una instrucción que cerró a principios de marzo, con indagatorias, testimoniales y más de 60 pruebas, la Fiscalía logró atar los cabos de una trama de encubrimiento que tuvo como elemento central a la réplica de arma plantada en el auto de los chicos, detenidos tras la balacera en Alvarado y Perdriel. 

Por esa trama, el agente porteño de mayor rango procesado es el comisario inspector Daniel Santana, que tenía a cargo las dependencias de la Comuna N°4 y estuvo luego de la balacera en Alvarado y Perdriel. Los otros tres comisarios procesados son Fabián Du Santos, de la vecinal 4D de la que partió la brigada, Juan Romero, a cargo de la División Brigadas, y Rodolfo Ozan, de la 4A, el primer comisario en llegar pese a no tener jurisdicción. La voz de Ozan se escucha en una de las pruebas clave de la investigación: la llamada que mantuvo con Du Santos minutos después del homicidio, en la que pedía llamar a Romero para "emprolijar" y "justificar" la "cagada" de la brigada. En esa misma conversación, Ozan incriminó a Santana al mencionar que él se encargaría de llamarlo. Está probado que los cuatro comisarios estuvieron en el lugar del encubrimiento. 

Los restantes procesados son los subcomisarios Roberto Inca y Ramón Chocobar, el inspector Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Ángel Arévalos, Daniel Espinosa y Jonathan Martínez. A los 11, el fiscal les imputa además "falsedad ideológica" y el haberle aplicado "tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos" a Lucas y a sus amigos, a los que tuvieron horas detenidos mientras los insultaban, por ejemplo, tratándolos de "villeritos". En cuanto a Lucas, Gómez Barbella recordó que "le provocaron una lesión circular" en una mano, "muy similar a lo observado en quemaduras de cigarrillo".

Gómez Barbella también solicitó extraer testimonio de la causa para seguir investigando otros posibles partícipes del encubrimiento. El caso más notorio es el de las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, primeras en llegar a Alvarado y Perdriel, cuyos rastros odoríferos fueron hallados en la réplica del arma. Pese a los pedidos del fiscal, el exjuez de instrucción de la causa, Martín del Viso, decidió dejarlas en libertad. 

Como contó este diario, desde principios de febrero se produjo un viraje en la actitud del juez hacia los pedidos del fiscal. Las puertas se empezaron a cerrar cuando Del Viso denegó, entre otros pedidos, la solicitud de Gómez Barbella para detener al agente de mayor rango investigado hasta el momento: el comisario mayor Fabián Lencina, responsable de las comunas 4, 8 y 9. El fiscal también había pedido la detención de las abogadas Verónica Andraca y su jefa Silvia Ozón, del Departamento de Asuntos Legales de la Policía, dependiente del Ministerio de Seguridad, a quienes acusa de participar en el encubrimiento. 

El fiscal también remitió al Colegio Público de Abogados de CABA extracciones de escritos presentados por abogados de los policías con "expresiones un tanto descalificantes y ofensivas" hacia la Fiscalía. El Colegio puede evaluar con posibles sanciones las presentaciones, en las que los letrados acusaron al fiscal de mentir, de "falta de vocación" o de "no estar a la altura del cargo". La semana pasada, la familia de Lucas ya había presentado su pedido de elevación a juicio para los 14 procesados, en el que también se hizo referencia al "odio por discriminación racial o social". El abogado que representa a la familia, Gregorio Dalbón, señaló que Isassi, López y Nieva cometieron un "ataque delincuencial" y que por "efecto simpatía" se retroalimentaron para dispararle a las cuatro víctimas.