El Concejo Deliberante de la capital salteña registra un volumen inusual de visitas de funcionarios del Ejecutivo municipal. Estos concurren para explicar, en algunos casos, la política que sigue cada área y en otros, confrontar argumentos ante reiterados pedidos de ediles que plantearon derogar al menos cuatro decretos por considerar que se ha invadido la tarea legislativa.

“Voy a tener que traerme una camita aquí”, dijo el lunes pasado la secretaria de Gobierno municipal, Frida Fonseca, en clara alusión su permanente presencia en el edificio legislativo.

Fonseca, que dejó en agosto del año pasado su banca de concejal para asumir como secretaria de Gobierno de la intendenta Bettina Romero, estuvo en el Concejo Deliberante el jueves 17, el lunes 21, y el viernes 25 de marzo, junto a otros funcionarios, para contener la embestida legislativa.

Equipos para multas de tránsito

En uno de los casos, el Concejo Deliberante planteó a través del bloque Salta Independiente, la derogación de tres decretos; dos de 2020 y uno de 2021, mediante los que se incorporaron al Derecho Público Municipal instrumentos emitidos por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para homologar equipos de detección de infracciones de tránsito (cinemómetros, equipos de mano POS y cámaras en cascos).

“Quien tiene la competencia de legislar es este Concejo Deliberante”, dijo la concejala Paula Benavides (Salta Independiente), "y aquí hay un evidente avasallamiento a las competencias otorgadas por la Carta Orgánica Municipal”.

La edil, que propugna la derogación de esos decretos, dijo: “Queremos el cumplimiento de la norma y el respeto a este Cuerpo legislativo, y que si el secretario Legal y Técnico quiere legislar que se presente a elecciones, que las gane y venga a este Concejo Deliberante”.

Ante un llamado formal de su ex colega concejal y ahora secretaria de Gobierno, Benavides retiró el proyecto de derogación y el lunes 21 escuchó los argumentos.

La secretaria de Gobierno, el secretario de Movilidad Ciudadana y una asesora de ese organismo, plantearon que no se vulneró la actividad legislativa.

Derecho Municipal en sentido amplio

“En los decretos no hay una facultad legislativa, ni siquiera una facultad reglamentaria, porque estamos aprobando los instrumentos que avalan el uso de tecnología”, dijo la asesora de Movilidad Ciudadana.

La secretaria de Gobierno dijo que “son decretos instrumentales”, y la asesora explicó también que en el caso los decretos conciben al Derecho Público Municipal "en forma amplia y no restrictiva” y que “los certificados emitidos por el INTI sobre la homologación y validez de los de los instrumentos tecnológicos se incorporan así, de manera genérica al DPM”.

Crematorio

Otra decisión cuestionada del Ejecutivo Municipal, y que llevó dos extensas reuniones entre concejales y funcionarios, es el procedimiento por el cual se adjudicó en enero pasado un servicio de crematorio y funerario.

En enero último, apenas conocida la resolución de adjudicación, firmada por el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, los concejales de Juntos por el Cambio+ y de la UCR plantearon un conjunto de objeciones e hicieron presentaciones formales frente al Ejecutivo municipal.

Ante el secretario de Servicios Púbicos y Ambiente, Mariano Castelli, que también fue el viernes, denunciaron lo que consideran violaciones cometidas por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social.

Detallaron el cumplimiento defectuoso de las múltiples etapas del procedimiento que concluyó con la adjudicación y la irregular tramitación del procedimiento, por cual pidieron su nulidad.

También presentaron un recurso de reconsideración ante el secretario Legal y Técnico, a quien cuestionaron su competencia en el tema y observaron que se atribuyó facultades legislativas que no le conciernen.

El funcionario rechazó el recurso y dijo que “los fundamentos invocados por los recurrentes resultan improcedentes, por carecer de sustento fáctico y jurídico; no existe vicio alguno que afecte el acto recurrido”.

Los ediles fueron en recurso jerárquico a la intendenta, a quien la semana pasada solicitaron pronto despacho e hicieron reserva de acudir a los estrados judiciales.

Ambigüedad

Cuatro funcionarios del Ejecutivo, incluido el Procurador Municipal, fueron el viernes último al Concejo Deliberante para explicar el proceso de adjudicación del crematorio.

Por una ordenanza de 1998, en la capital salteña, la cremación está declarada servicio público. Las otras ordenanzas que aplican al caso son las que rigen el procedimiento para evaluación de impacto ambiental, y la que regula las audiencias públicas en el ámbito comunal.

Para el Ejecutivo, la cremación es un negocio más, no un servicio público, por lo que su proceso de habilitación no difiere de otros.

“Es un servicio público, o no es un servicio público”, sentenció el concejal Alberto Salim (UCR) y acotó que “cuando se trata de un servicio público, para su desarrollo debe mediar un instrumento legal, ley u ordenanza; acá falta la participación plena del Concejo Deliberante, pero no se puede concesionar a través de una resolución y de una sola secretaría”.

El Procurador, Miguel Torino, contestó: “Va a ser muy difícil ponernos de acuerdo acerca de si es servicio público; interpreto que no es servicio público en sentido estricto. Hay una ordenanza que pretende regular una actividad de índole particular y le llamaron concesión de un servicio público; es un negocio común".

La secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, dijo que “evidentemente hay una ambigüedad en la ordenanza, nadie lo puede negar, porque si no, no estaríamos en este debate”. “Así como está, la ordenanza fue cumplida y en un procedimiento más agravado que el de la habilitación simple”.

Fonseca agregó que “el cuerpo ya planteó su norma, ahí se define cómo se tiene que hacer todo. Luego, con el decreto reglamentario está cerrada la participación del Concejo Deliberante”. “No me parece que no haya habido participación del Concejo Deliberante, porque intervino en todas las pautas para regular el servicio. Además, es imposible que cada habilitación deba venir al Concejo”, dijo Fonseca.

Otro cuestionamiento es que el secretario Legal y Técnico tiene facultades delegadas, por un decreto de diciembre de 2021, para manejar todas las audiencias públicas del municipio. El decreto se dictó 25 días antes de convocar a la audiencia pública por este crematorio.

En la sesión del miércoles 23 de marzo el Concejo Deliberante pidió por unanimidad la derogación de ese decreto. La reunión se extendió por más de dos horas, con extensas exposiciones en cuanto a la interpretación de detalles normativos y su aplicación.

A ello se suma el hecho de que otra empresa que posee cementerio y crematorio tiene pedido ante el Ejecutivo la renovación del servicio, que no fue otorgado por concesión administrativa, como en este caso. Con lo cual, si no se modifican las ordenanzas, en la ciudad habría dos actividades idénticas habilitadas en forma distinta.

Para esta semana está prevista una nueva visita de funcionarios al Concejo Deliberante para que expongan sobre otro tema que cobro urgencia en las últimas semanas. Es el anuncio de un empresario a los concejales, poniendo en conocimiento que demandó a la Municipalidad por $1500 millones.

El empresario propuso en 2017 desarrollar un emprendimiento hotelero en una parte de las serranías del este, una zona ambiental protegida. En principio le admitieron la iniciativa bajo el formato de proyecto especial. Esa decisión se revisó, el proyecto quedó estancado, presentó dos amparos por mora, hasta que finalmente se lo negaron y demandó a la Municipalidad por los gastos técnicos y por el tiempo que le hicieron esperar.

La demanda tiene como base un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso similar que condenó a la provincia de Santa Cruz a resarcir por haber excedido las restricciones a la propiedad privada.