La decisión que tomó hoy el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió a todos los que la oyeron en vivo en una de las salas de audiencia Comodoro Py y al resto del público que la escuchó vía streaming. Por lo mala porque resolvió por mayoría absolver a Juan Alfredo Etchebarne, expresidente de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura, quien llegó al debate acusado de participar en el secuestro y las torturas de una veintena de personas vinculadas a los grupos económicos Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi.
En sus alegatos, la Fiscalía y las querellas consideraron que había prueba de sobra para condenarlo a más de 20 años de prisión. Penas similares habían pedido para Raúl Antonio Guglielminetti, el exagente civil de Inteligencia también acusado en el juicio: para él los jueces Adrián Grünberg, Adriana Paliotti y Daniel Obligado fijaron 10 años de condena. Los fundamentos para explicar semejante disociación entre lo registrado durante el debate y el fallo se conocerán en junio próximo.
“Es un fuerte revés en el proceso de juzgamiento sobre la participación activa de civiles que eran funcionarios orgánicos de la dictadura porque acá el Poder Judicial blindó a Etchebarne, un exfuncionario civil de la última dictadura”, consideró sin miramientos Nicolás Tauber Sanz, representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Para el abogado, las pruebas “son contundentes” contra el exfuncionario de la CNV respecto de su participación en los crímenes que fueron juzgados desde marzo de 2021 hasta este mediodía. Para Eduardo Tavani, referente junto a Guillermo Torremare de la querella de la APDH, el Tribunal “decidió contrariando y desconociendo la prueba producida en la causa” y “logró una vez más proteger a los verdaderos poderosos, a los ideólogos del genocidio, y condenó a quienes ya están condenados, a la mano de obra militar que lo llevó a cabo”.
La lectura del veredicto comenzó demorada, pero luego la jueza Adriana Paliotti leyó el primer artículo que trazó una conducta judicial que hasta este mediodía estaba en duda: los hechos juzgados fueron considerados por les jueces como crímenes de lesa humanidad. Contrariamente a lo que solicitaron las defensas de los dos acusados, los secuestros y las torturas de 28 personas vinculadas a los grupos económicos Industrias Siderúrgicas Grassi y Chavanne: dueñes, gerente, directores, abogados, secretarias así como también personal jerárquico del Banco de Hurlingham, la pieza clave en todos estos operativos, son delitos imprescriptibles, leyó la magistrada.
El problema llegó con las penas fijadas por el Tribunal. A Raúl Antonio Guglielminetti lo hallaron culpable de las privaciones ilegales de la libertad de nueve víctimas y lo condenaron a 10 años de cárcel. La Fiscalía había solicitado 12 años de encierro; la querella de la SDH, 20; la acusación de la APDH, 25. Todas habían considerado además de las privaciones ilegítimas de la libertad, los tormentos a los que fueron sometidas las víctimas.
La indignación apareció cuando Paliotti leyó que por voto mayoritario –ella y su colega Obligado; Grünberg votó en disidencia– Etchebarne resultó absuelto. La decisión resultó “sorpresiva para mal por la cantidad de prueba que hay en contra de Etchebarne, pero no sorprende si se analiza en general la impunidad de la que gozan los civiles que participaron de los crímenes de la dictadura”, asumió Tauber Sanz en diálogo con este diario momentos después de escuchar el veredicto. Tras conocer en detalle los fundamentos de la sentencia, la SDH apelará el fallo, adelantó el abogado.
Los hechos
Entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978 fueron secuestradas 28 personas vinculadas a los grupos económicos Industrias Siderúrgicas Grassi y Chavanne: los hermanos René y Luis Grassi, dueños de la siderúrgica que, por entonces, contaba con más de 2000 empleados y varias unidades de negocios; los dueños del Grupo Chavanne, gerentes de ambos grupos, secretarias, abogados y personal jerárquico del Banco de Hurlingham, la pieza clave en todos estos operativos.
Los Graiver habían vendido la entidad al Grupo Chavanne a finales de 1976. Tiempo después, los Grassi se sumaron al negocio. Pero el banco no era cualquier banco: se sospechaba que allí estaba guardado el pago que Montoneros había cobrado del secuestro de los hermanos Born. Y a la dictadura le interesaba: decía que perseguía a la “subversión económica”, pero lo que querían era la plata. En junio del 78, René Grassi, director de Industrias Siderúrgicas Grassi y presidente del Banco de Hurlingham, recibió la primera amenaza. El propio ministro de Economía de la Junta Militar, José Martínez de Hoz, ante la negativa de Grassi de vender el banco, le dijo: “Hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz”.
Luego, llegó la persecución penal, que manejaron a lo largo de los años los jueces Eduardo Marquardt y Rafael Sarmiento. La cuestión rápidamente se convirtió en militar: Carlos Guillermo Suárez Mason, entonces comandante del Primer Cuerpo del Ejército, armó un grupo de tareas con Roberto Roualdes, Víctor Rei, Francisco Obdulio D’Alessandri, Idelfonso Marco Solá, Darío Alberto Correa, Raúl Alberto Gatica y Guglielminetti, el único civil que, en tanto, era agente de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército. Es, también, la única persona del grupo de tareas que llegó vivo hasta el juicio.
A las inspecciones violentas le siguieron los secuestros, los interrogatorios en Campo de Mayo, las torturas, el despojo de la entidad bancaria, el vacío de las cuentas, “el atentado al prestigio”, como declaró Marcelo Chavanne, una de las víctimas. Las 28 personas fueron trasladadas a la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Allí, la patota se mezclaba en los interrogatorios con inspectores y peritos de la Comisión Nacional de Valores. Incluso hay testimonios que ubican en la sala de torturas a Etchebarne.
La dificultad para juzgar a los propios
Para Tauber Sanz, el fallo de este mediodía es “una pésima señal” para el proceso de juzgamiento de responsables civiles de los crímenes del terrorismo de Estado porque “les demuestra que todavía gozan de impunidad”. “Prueba hay y mucha” sobre la participación de Etchebarne en los crímenes, sostuvo el abogado. Entre esos elementos, hay testimonios de varios testigos que declararon haberlo visto en Campo de Mayo, como es el caso de Rosa Laurito, una de las víctimas, que lo dijo en el debate; o de Raúl Aguirre Saravia, cuyo testimonio se dio en el marco de la Causa número 13 (la que derivó en el juicio a las Juntas) y se incorporó a este dabate por lectura, quien lo ubicó presente en su sesión de tortura. “La documentación de la CNV deja clara su participación en los secuestros, la elaboración de la causa penal; hubo declaraciones de Suárez Mason y de Roualdes que lo señalaron como quien realizó las denuncias ante la autoridad militar”, enumeró.
Lo que también hay es un Poder Judicial decidido a omitirla. El abogado de la APDH Guillermo Torremare subrayó que “el Poder judicial definitivamente no se anima a condenar a quienes fueron responsables finales de este genocidio que se llevó adelante y que significó no sólo la destrucción de un grupo humano sino la transformación de un sistema económico social y político en la Argentina”.
En ese sentido, el abogado de la SDH recordó que en el caso ventilado en el juicio que culminó este jueves, las responsabilidades civiles “llegan también a la Justicia”. “Hay que dejar bien en claro que hay dos jueces –Eduardo Marquardt y Rafael Sarmiento– que participaron de una causa judicial que se usó para encubrir estos crímenes”, amplió. El expediente penal que nació con la denuncia de la CNV previa a los secuestros “tuvo solo el objetivo de otorgarle un viso de legalidad a lo que ocurría en Campo de Mayo” ya que “estuvo paralizada hasta que la autoridad militar mandó el expediente que se había labrado con los testimonios de las víctimas obtenidos bajo tortura”.
