La Cámara de Senadores de Salta aprobó con modificaciones un proyecto que llegó de Diputados y que busca actualizar las tasas que prevén las multas a las empresas prestadoras de servicios públicos de agua y energía eléctrica ante incumplimientos, roturas y otros inconvenientes.

El senador Marcelo García recordó que las multas hoy son irrisorias y van desde los $100 a un millón como máximo, ya que la ley que estipula los montos fue sancionada en 1998. “En ese momento equivalía a un millón de dólares”, recordó el senador por Anta y por ello pidió a sus pares el acompañamiento.

Lo que se busca modificar es el articulado referente a las multas a empresas concesionarias de servicios públicos, la Ley 6.835, actualizando la medida de valor a utilizar para la multa de acuerdo a tres escalas de gravedad del daño producido por la empresa, leve, grave y muy grave.

Así, para Edesa, se utilizará el precio de un kilowatio por cada unidad de multa. De esa manera se actualizará automáticamente al aumentar también la tasa del impuesto que se cobra a los usuarios. Hoy equivaldría a unos $8,87 por unidad, por lo que una multa leve iría de los $10.000 a los $88.000; la grave, desde ese monto a los $8 millones, y la muy grave ascendería a los $41 millones. En el caso del agua, al valor de la unidad será el precio del metro cúbico. Y las multas son prácticamente iguales.

El senador por Orán, Juan Cruz Curá, celebró que se avance con esa actualización y destacó que representa a uno de los pueblos más castigados por los cortes de luz, “para que las multas verdaderamente les duelan y comiencen a invertir”, expresó. A la vez que subrayó que de esa manera se actualiza la multa “un 4.000% más de lo que se les cobra hoy”. “La gente del Norte pide a gritos que se mejoren los servicios”, agregó. Por último, pidió a sus pares de la Cámara de Diputados que se evalúe con celeridad el proyecto “para que se aplique lo más pronto posible”.

La presentación ya la había realizado el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) y había acumulados varios proyectos, por lo que se decidió unificarlos en uno solo que primero fue aprobado por la Cámara Baja y que fue modificada por el Senado, por lo que volvió a Diputados para su revisión.

Junto con ese, se dio media sanción a un proyecto que presentó el bloque del Frente de Todos para que esas empresas controladas por la provincia (Edesa y Aguas del Norte) tengan la obligación de avisar con 10 días de anticipación a través de los medios con mayor circulación en cada localidad, sobre los cortes programados, y que estos sean en días y horarios no laborales, “se debe tener como prioridad los tiempos del usuario y no los de la empresa”, reclamó Walter Wayar.

Javier Mónico declaró que la iniciativa surgió por intermedio de comerciantes de Rosario de La Frontera y otros municipios, “que se mostraban molestos por la forma de llevar adelante este tipo de corte que interrumpen el normal funcionamiento laboral”.

El Ente Regulador de Servicios será el que determine junto a la empresa, cuáles serán los días y horarios de cortes más convenientes y el que controlará que se cumplan con los anuncios y las obras a realizar e impondrá las sanciones en caso de incumplimiento.

Participación ciudadana

Después de varias idas y vueltas en las dos cámaras, se sancionó de manera definitiva la ley que establece el Procedimiento Participativo de la Ciudadanía antes del nombramiento de las juezas y jueces de la Corte de Justicia propuestos por el Ejecutivo.

El presidente de la comisión de Justicia, Jorge Soto, indicó que la normativa era necesaria en virtud de la reforma de la Constitución, que contiene en su artículo 156 la posibilidad de escuchar a la ciudadanía antes de nombrar definitivamente a un magistrado de Corte.

Soto detalló que la propuesta nació en el seno de esa Cámara pero que volvió con modificaciones tales como incluir “las voces de género”, y el orden de los artículos.

De ahora en más, cuando se deba renovar uno de los puestos de los representantes del máximo tribunal de la provincia, “cualquier ciudadano u organización podrá formular adhesiones o rechazos” a la propuesta a través del Ministerio de Seguridad y Justicia con un plazo de 15 días hábiles desde que los nombres se publiquen en el Boletín Oficial. Pasado ese plazo, el Ejecutivo volverá a evaluar los nombres y decidirá elevarlos o no al Senado para su tratamiento.

Día del pueblo gitano

A través de la sanción de un proyecto de autoría del ex diputado Manuel Santiago Godoy, que ya tenía media sanción desde 2021, la provincia adhirió al Día del Pueblo Romaní, que representa a la comunidad gitana y que se celebra cada 8 de abril para promover políticas públicas que visibilicen y apoyen la cultura gitana en sus distintas disciplinas.

El senador Emiliano Durand contó que en una reunión que mantuvo con el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, y miembros de esa comunidad, le relataron la discriminación que viven cotidianamente en todos los ámbitos de su vida, escuelas, calle, trabajo y hasta para tomar un colectivo o un taxi, “se tienen que cambiar la ropa para que los suban”, por el solo hecho de vivir con respeto a sus creencias y costumbres culturales.

El día fue elegido en conmemoración del primer Congreso Internacional Romaní. Desde el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) invitaron a la comunidad en general a participar de la presentación de imágenes del Holocausto Romaní, que continuará con un conversatorio a cargo de Elizabeth Infante, en representación de ese pueblo en Salta. La actividad está prevista para esta tarde a partir de las 17 en el Museo de la Ciudad "Casa de Hernández", peatonal La Florida esquina Alvarado.