Luego de una semana en la que protagonizó un nuevo episodio en su pelea con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, el cual casi repercute en la renuncia de este al gabinete, el diputado Gustavo Orozco nuevamente es noticia. Esta vez porque deberá presentarse el miércoles a una audiencia de imputación por cuatro denuncias que pesan en su contra y que datan de tiempos en que se desempeñaba como policía en Rosario de la Frontera.

Así lo determinó el fiscal de Derechos Humanos Gabriel González, quien se constituyó en la ciudad de Rosario de la Frontera con el fin de verificar el estado de las actuaciones relacionadas con las denuncias y procedió a la correspondiente toma de declaraciones testimoniales, y otras verificaciones determinadas.

A partir de esos trámites, la Fiscalía de Derechos Humanos, entre otras medidas, dispuso la citación a audiencia de imputación a Gustavo Orlando Orozco para el miércoles 4 de mayo. También citó a audiencia a los policías Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, en su caso para el jueves 5, y Nelson David Rojas y Denis Arnaldo Coronel, para el viernes 6 de mayo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, estas actuaciones se corresponden con cuatro hechos distintos, el decreto de imputación es por los delitos de imposición de torturas (4 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias (dos hechos) y apremios ilegales agravados por la violencia.

En el primero de los casos, la Fiscalía de Derechos Humanos intervino a partir de una denuncia radicada en 2015, por parte de una persona que en aquel año era menor de edad. En el relato del denunciante y otros seis testigos detenidos por el mismo hecho, se señala a Orozco y otros policías como los autores de los flagelos.

La metodología utilizada consistía en llevar a los detenidos a revisión médica, para luego infringirles torturas, como la colocación de bolsas plásticas en la cabeza, piñas en las costillas, rodillazos en el pecho, meterles la cabeza en el inodoro y tirar la cadena, y hacerlos observar cómo torturaban al otro.

Según indicó el MPF, a esto se agregaba la posterior amenaza de que “si denunciaban, la pasarían peor”. Gritos y llantos de las víctimas, alaridos de los policías, además de los métodos de tortura, fueron las coincidencias en las declaraciones.

La segunda de las actuaciones también se remite a 2015, por una denuncia contra Gustavo Orozco y demás policías de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera.

El denunciante expresó que al enterarse de que estaba siendo buscado por la Brigada, se presentó en la Comisaria 31. El ahora legislador y otros efectivos lo trasladaron a una pieza en el fondo donde comenzaron a golpearlo en la cabeza y el estómago, pese a que el denunciante sostenía que no había hecho nada y por eso se presentaba en la comisaría.

Después fue trasladado a la Base Operativa, en donde le ordenaron que se desnude, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo y nuevamente lo golpearon. El denunciante señaló a Orozco como quien se le acercó primero y le propinó un golpe en la nuca y una patada en la pierna, y que después era el encargado de asfixiarlo y pegarle en el estómago.

La tercera denuncia es del2014. El denunciante dijo que fue detenido por unos seis policías vestidos de civil, y reconoció a dos de ellos: Orozco y Ale Luna.

Fue trasladado inicialmente a la Brigada, donde le pegaron con la mano y lo ahorcaron con un cinto. Después lo llevaron al río y lo ahogaron, lo desnudaron y le pegaron con un palo envuelto con un trapo para que no se notaran los golpes. Luego, en el baño del destacamento, le metieron la cabeza en el inodoro y también le hicieron dar la cabeza contra la pared. Además, lo amenazaron con matarlo a él y su familia.

Finalmente, la Fiscalía de Derechos Humanos interviene en un cuarto caso iniciado en 2015, por una persona que denunció que fue detenido sin hacerle conocer la causa por personal policial de civil de la Brigada de Rosario de la Frontera a los que identifica como Gustavo Orozco, Medina, “Piri” y otros tres. El denunciante también señaló que lo torturaron con golpes en los riñones, le pisaban la cabeza, lo ahogaban en el inodoro y en un tacho con agua y lo asfixiaban con una bolsa. Posteriormente lo amenazaron de muerte para que no denunciara estos hechos. 

Otras causas

Durante su cruce con Cornejo en la Legislatura, hace tres semanas, el ministro le solicitó a Orozco que responda en la Justicia por las 35 causas que pesan en su contra. Ese número fue puesto en duda por el diputado, quien pidió ser investigado por una comisión conformada por sus pares en la Cámara Baja, al tiempo que solicitó se dé igual trato al funcionario provincial por supuestas graves denuncias que pesan en su contra.

Sin embargo, ayer, el Ministerio Público Fiscal ratificó que efectivamente son 35 las denuncias en contra de Gustavo Orlando Orozco.

Al respecto, informó que son tres las causas ya tramitadas, en la Fiscalía de Derechos Humanos, con decreto de imputación, requerimiento de remisión de causa a juicio, auto de elevación y juicio, y con audiencia de debate fijada y suspendida.

La última suspensión fue como consecuencia de un recurso de casación presentado por la defensa de Orozco en contra del rechazo de un pedido de sobreseimiento con el argumento de que había vencido el plazo razonable para perseguir los delitos que se le atribuyen. Este recurso de casación también fue denegado, en septiembre de 2021, esta vez por el juez Guillermo Poliotto y la jueza Virginia Solorzano, de la Sala II del Tribunal de Impugnación. La defensa presentó entonces un recurso de inconstitucionalidad y la causa está en la Corte de Justicia de Salta, donde espera una decisión desde el 15 de octubre de 2021.

La Corte de Justicia también debió dirimir una cuestión de competencia planteada en estas causas y ordenó al Juez de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán, que intervenga en el juicio oral. En este caso las acusaciones son por imposición de tortura, coacción, vejaciones agravadas por el uso de la violencia y severidades en perjuicio de tres víctimas. La Procuración General de la provincia ya creó unidad fiscal para el juicio oral y público, integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra.

Otra causa de la Fiscalía de Derechos Humanos que ya fue elevada a la etapa del juicio fue a la Sala IV del Tribunal de Impugnación por un recurso de casación planteado por la defensade Orozco por la denegatoria de un pedido de sobreseimiento que presentaron también en este caso con el mismo argumento del vencimiento del plazo razonable. El 25 de abril pasado la Sala IV rechazó este recurso y ahora se espera que se cumpla el plazo para que la causa fuelva al Juzgado de Garantías y siga su trámite. 

Otra causa tiene ya pedido de elevación a juicio, presentado por la unidad fiscal integrada por el fiscal Gabriel González y la fiscasla Verónica Simesen de Bielke, y desde noviembre de 2021 espera resolución del juez de Garantías de Metán, Mario Dilascio. En este caso Orozco está acusado por amenaza, por un hecho ocurrido el 28 de julio de 2021 en Rosario de la Frontera.

En otra causa que data de 2020 fue imputado por apología del delito del año. El Ministerio Público Fiscal indicó que el fiscal Nicolás Rodríguez está esperando que se incorpore más prueba solicitadas a Facebook. 

Y añadió que además de estas causas indicadas, las otras actuaciones están en trámite de averiguación preliminar, tanto en la Fiscalía Derechos Humanos como en la Fiscalía de Rosario de la Frontera.

Celeridad

Mediante la resolución 1339, el procurador General Pedro García Castiella, ordenó a la Fiscalía Penal de Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia especializada, conceda prioridad e imprima celeridad a los casos más graves de violaciones a derechos humanos, como son los supuestos de tortura previstos en el artículo 144 ter del Código Penal, con el propósito de evitar que los efectos del delito se sigan cometiendo.

El procurador también instó a que se tomen las medidas de protección indispensables para resguardar a las víctimas, así como reunir los elementos que permitan arribar a la verdad de los hechos y procurar que los denunciados sean eficazmente investigados y enjuiciados en tiempo oportuno.

García Castiella recordó en esa resolución que combatir y erradicar estas prácticas incompatibles con la condición humana, y la violencia institucional en general, es un compromiso asumido por la República Argentina ante el concierto internacional, a partir de la adhesión a los tratados e instrumentos internacionales que forman parte de la Constitución Nacional, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.