Organizaciones campesinas e indígenas de Santiago del Estero vienen reclamando la libertad de Felipe Benicio Suárez, integrante de la comunidad del Pueblo Tonokoté del paraje Punitayoj, en el departamento Figueroa, más de 100 kilómetros al norte de la capital provincial. 

Suárez fue detenido el jueves de la semana pasada, en el marco de una disputa territorial con el empresario Jorge Karam, informó Angélica Serrano, kamachej o "jefe guía" de la comunidad Yacu Muchuna, del PuebloTonokoté de Santiago del Estero, comunidad integrante del Consejo Llajtaymanta del Pueblo Tonokoté, igual que Punitayoj. 

Yacu Muchuna y organizaciones indígenas y campesinas participaron el 2 de mayo de un corte en la ruta provincial 5, en reclamo de la libertad de Suárez y acompañamiento a "la resistencia de su territorio porque apareció un empresario, Jorge Karam, intentando despojarla a la comunidad de un espacio muy importante de territorio donde la comunidad está asentada desde décadas, desde hace años, todos sus ancestros" fueron originarios de ese luga, aseguró Serrano. "Y el hermano Felipe también es nacido y criado en el lugar y vive en el lugar produciendo alimentos para traer el pan día a día al hogar", añadió. 

Serrano contó que Suárez fue detenido la mañana del 28 de abril "por orden del fiscal (de Tierras) Miguel Torressi y la jueza (de Garantías) Ana Cecilia Vittar, que tomaron una resolución arbitraria, porque eso es lo que pasa en los territorios de las comunidades originarias", denunció. 

La jefa guía indicó que además la jueza ordenó la detención de "otros tres compañeros" que "se están escodiendo para no ser detenidos porque se sienten perseguidos, y es que están perseguidos por la justicia santiagueña". 

Salta/12 comenzó esta conversación con Serrano a la siesta del 2 de mayo. El diálogo, complicado por la deficiencia de la señal de telefonía e internet en el lugar, se interrumpió porque se desató una represión policial. Luego Serrano dijo que la Infantería usó gases lacrimógenos "de manera violenta contra las mujeres, los niños y todos los compañeros y compañeras de las comunidades campesinas indígenas que se hicieron presentes en la ruta 5 para hacer un corte de ruta y una manifestación". 

En esas acciones fue detenido el referente de la Unión de Trabajadores por la Tierra (UTT), Lucas Tedesco, que había intentado dialogar con los funcionarios policiales, y que finalmente fue liberado ayer desde la ciudad de La Banda, a donde había sido trasladado por la Policía. 

Tras la represión el corte se levantó. Serrano calificó la acción de la infantería de "lamentable", dijo que hubo "hermanas golpeadas, hermanos golpeados por la represión". "Sabemos que quien lo ordenó y causó esta represión es el propio gobernador", acusó. 

Ayer hubo una de delegados de la UTT. Serrano dijo que seguirán conversando para decidir las medidas a tomar ante "la continuidad de la detención del compañero Felipe Suáre". "Como organizaciones campesinas indígenas no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar defendiendo nuestros derechos y estos hechos aberrantes de represión no nos van a hacer bajar los brazos. Así que estamos firmes aquí para seguir luchando por el derecho a la tierra", aseguró. 

En un comunicado en el que reclamó la "inmediata libertad" de Felipe Suárez, el MOCASE también denunció que esta detención es "arbitraria" y acusó: "la justicia baila al ritmo del usurpador Jorge karam", mientras que "a los poseedores ancestrales los acusan de usurpadores de sus propios territorios y así criminalizan la lucha de las familias campesinas - indígenas". 

El MOCASE detalló que la comunidad Punitayoj viene resistiendo la presión sobre su territorio desde "hace varios meses", y señaló que el empresario hace esto "con el apoyo de familias que vendieron sus derechos".  

La organización destacó que "Se radicaron las denuncias correspondientes en su debido momento" y siguen resistiendo "con el apoyo y aconpañamiento de las comunidades vecinas, como familias autorreconocidas de la comunidad indígena Yaku Muchuna del paraje San Felipe, San Roque, y otras organizaciones como La UTT (Unión de Trabajadores por la Tierra), UPPSAN (Unión de Pequeños Productores del Salado Norte) del dpto Alberdi base del MOCASE, entre otras".

"Todo estaba calmo y tranquilo, después de actos de resistencia pacífica sin ninguna cuestión que altere la paz social", hasta que el 27 de abril (que era feriado provincial), fueron policías de la Subcomisaría de la localidad de Bandera Bajada, cercana a Punitayoj, diciendo que tenían una "orden para verificar, sobre denuncias por corte de alambres". 

Y el jueves 28 de abril fueron policías de la capital provincial junto a los de la Subcomisaría de Bandera Bajada "acompañados del oficial Santillán", con una orden, del fiscal de Tierras Miguel Torressi y la jueza de Garantías Ana Cecilia Vittar, "de detención y allanamiento en la carpa de Resistencia". Según indicó el MOCASE se había ordenado la detención "de cuatro compañeros" a los que se acusa de usurpación, robo, amenazas y daño. "Nadie puede usurpar su propio territorio, sino, cuidar", aseguró la organización, y también negó las otras acusaciones. "Nadie robó nada, ya que no necesitamos nada ajeno". "Nunca se amenazó a nadie, la acción de defensa del territorio comunitario, es y será, siempre de manera Pacífica". "¿Que daños podemos ocasionar? Lo único, que necesitamos es proteger a nuestra pacha mama", sostuvo.  

También la Rama Agraria Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) repudió "el accionar mafioso del Poder Judicial y la Policía de la Provincia de Santiago del Estero que reprimió y detuvo a compañerxs de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra, mientras se encontraban realizando una movilización en defensa de su Territorio y exigiendo la liberación de compañerxs detenidxs en la Subcomisaría de Bandera Baja, por resistir un desalojo el jueves pasado en el Departamento de Figueroa".

Cuando se emitió este comunicado Lucas Tedesco estaba todavía detenido. Además de exigir su "inmediata liberación" y la de Suárez, la Rama Agraria demandó también "el fin de la persecución política a las comunidades campesinas indígenas", la reglamentación y presupuesto urgente de la Ley 27118 de la Agricultura Familiar y el "cumplimiento efectivo de la Ley 26160 de Relevamiento de Comunidades Indígenas".