A 8 meses del encarcelamiento de Miranda Ruiz, que, aunque fue liberada unas horas después, continúa imputada en una causa por practicar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y feministas, realizarán hoy a las 10 un Pañuelazo y conferencia de prensa en las puertas de la Ciudad Judicial.

“Hay una fuerte militancia antiderechos desde Salta”, dijo la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Rocío García Garro, quien no tardó en concatenar el accionar de la justicia de la ciudad de Tartagal con las presentaciones legales que realizó la hoy diputada provincial Cristina Fiore. La legisladora fue primero con acciones legales en contra del Protocolo para garantizar las interrupciones legales del embarazo (ILE), y luego contra la Ley 27.610, que enmarca la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Está claro que como esto no da resultado, ahora apuntan directamente contra profesionales de la salud que garantizan ese derecho”, indicó la letrada.

Y es que al avance contra Ruiz en la causa que se resuelve en los tribunales salteños tras su imputación, se le sumaron luego el accionar del ex diputado provincial Andrés Suriani, quien viralizó la imagen de una médica del Hospital Materno Infantil que garantiza el derecho a las IVE, con ataques verbales directos. La imagen, que según Suriani se compartió en “la Red Celeste”, integrada por quienes defenestran la garantía de ese derecho a personas gestantes, se terminó viralizando. La semana pasada la jueza Gisela Centeno conminó a Suriani, quien además es comunicador, a no realizar ninguna manifestación más que configuren violencia de género en contra de esta médica.

“Es necesario que el Estado provincial les ponga un coto a los representantes legislativos”, añadió García Garro en diálogo con Salta/12, al mencionar también a la concejala de Salvador Mazza (municipios del departamento San Martín), Claudia Subelza. La edila intervino en las denuncias que hicieron familiares de la mujer adulta que accedió a una ILE tras la evaluación que hiciera un grupo interdisciplinario del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, equipo del que formaba parte Miranda Ruiz.

Una Justicia permeable

Para García Garro, es preciso que la Justicia “deje de ser permeable al poder mediático” al momento de tomar decisiones. Pues consideró que Miranda Ruiz fue detenida mediante una “causal insostenible”. Y recordó que cuando se pidió el sobreseimiento “la investigación se sofisticó y cambiaron la carátula” de la imputación agregando que no había consentimiento para realizar la práctica legal.

Frente a un nuevo rechazo al segundo pedido de sobreseimiento, la causa llegó finalmente a la vocalía N° 2 de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta Capital para ser resuelto. “Es la primera vez que la causa sale de los tribunales de Tartagal”, dijo la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir al explicar la razón que guió al Pañuelazo en la capital salteña.

La causa contra Miranda Ruiz parece apuntar a intereses de un grupo en particular que se opone a la Ley, pero también a los de un médico que había sido denunciado por la profesional por realizar abortos clandestinos a cambio de sexo o dinero. Ese médico, que era quien estaba de guardia cuando sucedió la ILE por la que se imputa a la médica, está ahora también acusado formalmente en la causa por presunto falseamiento del certificado sobre el que se erigió la acusación al principio.

Por ahora se presentaron como amicus curiae (amigas del tribunal) diversas organizaciones y organismos (como el INADI), con fundamentos legales que exponen la irregularidad de la imputación de Miranda Ruiz. Hoy los fundamentos volverán a volcarse en la conferencia a cargo de las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).

Apoyo de senadoras nacionales

Ayer, en tanto, la Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación aprobó un proyecto de declaración de la senadora nacional por Salta Nora Giménez que pide a la Justicia de Salta la aplicación sin restricciones de la ley 27.610. En ese sentido, reclama además poner fin a la criminalización de la médica Miranda Ruiz, perseguida judicialmente por hacer cumplir los protocolos previstos en esa norma.

En su proyecto de declaración, la senadora Giménez resaltó que “si bien es un derecho que fue muy debatido, hoy en día existen diferentes sectores que impiden el cumplimiento de la ley debido a factores religiosos y culturales, criminalizando a los profesionales que lo ejercen como así a las personas que hacen uso del mismo”.

Recordó además que en marzo pasado estuvo en Tartagal y se reunió con Miranda Ruiz, lo que le permitió conocer los pormenores de la causa judicial. Debido a ello insistió en afirmar que “el proceso que se impulsa es contra derecho. Por ello, y ahora con el respaldo de las senadoras de todo el país, pido el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz”.

Los argumentos legales y las situaciones que terminaron en la imputación de la médica residente del Hospital de Tartagal fueron expuestos en más de una ocasión. Sin embargo, el accionar que mostró hasta ahora la Justicia tartagalense, representada en este caso por el juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta, en coincidencia con el fiscal a cargo de la causa, Gonzalo Vega, pareciera cumplir con el objetivo de aleccionar y disciplinar a profesionales de la salud que garantizan el derecho de personas gestantes a una ILE o IVE. De esta manera, ponen en riesgo a toda la población que quiera acceder a esta posibilidad, pese a todos los argumentos legales, fácticos, y hasta la existencia de una Ley.