Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para lograr la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, al considerar que la Justicia de esa provincia tiene "prácticas autoritarias" y no garantiza "la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático". A la distancia y junto a otros referentes políticos y sociales, del acto participó Milagro Sala, detenida en la provincia que gobierna Gerardo Morales. 

La iniciativa fue elaborada por los legisladores del Frente Patria Grande Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho, junto a Juan Grabois, dirigente del espacio. Con el apoyo de otros diputados oficialistas --como Leonardo Grosso, Verónica Caliva, Natalia Souto, Eduardo Toniolli y Juan Carlos Alderete--, el proyecto promueve designar a un interventor federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

"Proponemos la intervención de la Justicia de Jujuy por parte de la Justicia Federal, entendiendo todos los atropellos que se han vivido a través de ese poder, utilizado por el gobernador Morales para poder llevar adelante sus objetivos políticos", explicó Fagioli. "En Jujuy utilizan a la Justicia para perseguir militantes sociales y populares; modifican la composición del Tribunal de Justicia según le convenga a los intereses del gobernador", aseveró.

La diputada Mara Brawer (FdT) planteó que, como militante, le avergüenza la situación que se vive en la provincia, donde el Poder Judicial "está absolutamente copado por el gobernador y con una banda de personas que no cumple con su deber".

Juan Grabois remarcó que "el Poder Judicial de Jujuy frente a cualquier conato de critica, de oposición que ponga en riesgo el poder absoluto de Gerardo Morales, actúa de la forma más perversa con el objeto de perpetuar un régimen que se basa fundamentalmente en tres ejes: el narco Estado, el saqueo y entrega inescrupulosa del litio y Jujuy como un laboratorio del neofascismo en la Argentina".

Vía teleconferencia, Milagro Sala enfatizó: "Tengo tantas cosas que decir y tengo mucha indignación porque algunos periodistas dicen que el pedido de intervención judicial es por Milagro Sala; pero no es así es por las diversas denuncias que se le han hecho al ministro de Seguridad por las diversas escuchas y pinchaduras de teléfonos, es por distintos sectores que hoy no pueden salir a pedir un pedazo de pan a la calle porque tienen hambre, porque les arman contravenciones".

En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de "garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático". También destaca que, desde que asumió Morales como gobernador, se hicieron "modificaciones en el Poder Judicial provincial, donde el poder político tiene un alto grado de injerencia y no está garantizada la independencia". Entre esas modificaciones "se encuentra la ampliación del Supremo Tribunal de 5 a 9 miembros". La reforma del máximo tribunal provincial se realizó mediante un ley, "que tuvo la particularidad de que dos de los diputados que votaron la modificación a los dos días asumieron como integrantes del superior tribunal: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Es decir, se votaron a ellos mismos".

El texto recuerda que "Federico Otaola, actualmente presidente del Tribunal, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Morales en el año 2011". 

Los fundamentos del proyecto señalan también que Morales "forzó la renuncia de tres miembros del Supremo Tribunal y pretende forzar la renuncia de tres integrantes más con el claro objetivo de imponer una mayoría propia".