Si algo quedó claro en la declaración que brindó el jefe de la división de Evaluación y Control Operativo Regional de la Dirección General de Aduanas, Néstor Fernando Gallardo Sansone, en el juicio que se sigue contra tres gendarmes y un finquero por contrabando de granos, es que esta ha sido una modalidad delictiva bastante extendida durante 2020 y parte de 2021.

De los datos que brindó el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se desprende que el transporte de granos hacia la frontera con Bolivia se multiplicó por 35, si se compara la solicitud de cartas de porte (documento obligatorio para transportar granos sin procesar) antes de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, con las registradas durante los últimos dos años.

Gallardo Sansone explicó que esta fue la primera alerta que llevó al organismo de control nacional a iniciar una investigación. Desde 2006 y hasta 2017, el límite de cartas de porte fijado por la AFIP para el transporte de granos hacia la zona de vigilancia aduanera de Salvador Mazza y Aguaray, en la frontera norte de la provincia de Salta, no había superado las 580 toneladas mensuales, es decir, el equivalente a 20 camiones. Sin embargo, el funcionario aduanero detectó en 2020 un salto muy significativo de las cartas de porte solicitadas para esta región, que alcanzaron las 8.400, es decir, un promedio mensual de 700 camiones.

Según Gallardo, este aumento significativo de las cartas de porte no podía tener otra explicación que el contrabando de granos. En primer lugar, porque no podía existir un aumento tan importante del consumo de maíz en esa región. En el caso del transporte de soja esto era todavía más evidente, ya que el grano sin procesar no es apto para consumo humano ni animal, para lo cual se requiere su procesamiento, y el norte argentino y el sur boliviano no cuentan con la infraestructura necesaria para ese proceso industrial.

La segunda alerta fue el porcentaje de estas cartas de porte que eran anuladas. Mientras a nivel nacional el promedio de anulación alcanza el 5% (habitualmente por errores que obligan a rehacer la solicitud), Gallardo Sansone se dio con que el porcentaje llegaba al 34% en las solicitudes de transporte de maíz hacia la frontera norte salteña, y al 73% en el caso del traslado de granos de soja.

Ante estos dos hechos inusuales, decidieron hacer un control específico de los camiones que transportaban granos y detectaron que algunos de ellos descargaban la mercadería en dos depósitos de la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Curiosamente, las cartas de porte de esos camiones habían sido anuladas a pesar de que la carga había llegado a destino. En algunos casos, la anulación se daba inmediatamente después de superado el control de la AFIP.

Los agentes pudieron comprobar que los granos eran descargados en los depósitos, donde eran embolsados y luego cargados en camiones de menor porte, para ser llevados a El Chorro, una zona ubicada al oeste de Salvador Mazza y conocida por poseer una gran cantidad de pasos clandestinos. Asimismo, pudieron ver que en esta área fronteriza se descargaban los granos en un depósito para subirlos a carretillas que después eran transportadas por una camioneta.

Aunque Gallardo Sansone reconoció que no podía confirmar que los granos hubiesen cruzado la frontera, es el supuesto más razonable, teniendo en cuenta que no podían tener como destino su consumo local, ni estaba documentada su exportación por vías legales.

Ganancias extraordinarias

Esta sofisticada logística solo se explica por las ganancias extraordinarias que se obtienen al evadir el pago de los derechos de exportación sobre la producción agrícola, y por obtener como retribución dólar billete que puede ser cambiada a pesos a la cotización informal (o "blue", como se la conoce popularmente), un tipo de cambio mucho más rentable que el oficial, al que están obligados a liquidar los dólares quienes exportan legalmente.

A través de sencillas operaciones matemáticas, Gallardo Sansone mostró cómo una exportación ilegal de maíz significaba ingresos un 85% superiores al de su venta por vías legales, y un 150% más en el caso de la soja.

Con un dólar oficial a 90 pesos, en marzo de 2021 un productor de maíz ganaba 600 mil pesos por un camión que lograba transportar 29 toneladas de maíz, valuadas en ese entonces en 203 dólares por tonelada, es decir, un total por carga de 6.670 dólares. A ese monto, debía restarle 72 mil pesos de retenciones (en ese momento fijadas en un 12%), por lo que le quedaban 528 mil pesos. Si en cambio, las sacaba del país a través del contrabando, esos 6.670 dólares significaban 980 mil pesos a la cotización paralela de 147 pesos, es decir, que ganaba 450 mil pesos más por camión de maíz.

Una carga de soja, que ya cotizaba en marzo de 2021 a 500 dólares por tonelada, habría significado una venta de 14.500 dólares, poco más de 1.300.000 pesos a los que había que descontarle 430 mil pesos por el 33% de los derechos de exportación que tiene este producto. Al que exportaba legalmente, le quedaban 834 mil pesos, un cifra sustancialmente inferior a los más de 2.131.500 pesos si lo exportaba ilegalmente y cotizaba los dólares al cambio paralelo, sin la obligación de pagar retenciones. La ganancia extraordinaria: 1.257.150 pesos más por camión.

Según el jefe de la División Investigación de la Regional NOA de la AFIP, Carlos Meneses, tienen registrados 43 traslados con un estimativo de 1.260 toneladas de granos cuyas cartas de porte fueron anuladas tras superar los puestos de control, lo que significaría un perjuicio impositivo de alrededor de los 63 millones de pesos, solamente si se toma en cuenta la aplicación del IVA.

Sin embargo, si se multiplica la gran cantidad de solicitudes de transporte de granos anulados durante los últimos años por las ganancias extraordinarias calculadas por Gallardo Sansone, el daño al fisco y la alta rentabilidad de los dueños de los granos, parecen ser de magnitudes incalculables.

El juicio

Los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Gabriela Catalano, integrantes del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, son los responsables de juzgar al ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, Marciano Alberto Páez; al alférez Diego Ernesto Radaelli y al sargento Rodolfo Ayala, además de a Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en la localidad de Campo Durán.

Páez, Radaelli y Ayala están acusados por el delito de contrabando de granos. En el caso de los dos primeros, la fiscalía reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento se le endilga solo el segundo agravante.

En concurso real, y para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor.