Mi padre falleció antes que mi abuelo. Luego de la muerte de mi padre, tardamos un mes en darle la noticia a mi abuelo. Temíamos por el daño que pudiera causar la tristeza, pero en ese mes su salud empeoraba hora tras hora, como nunca antes.

Mi abuelo preguntaba por su hijo, pero nos habíamos recibido en especialistas en esquivar las preguntas o endulzar las respuestas. Ante el empeoramiento de su salud fuimos a ver a su médico de cabecera quien nos preguntó si ya le habíamos contado del fallecimiento de su hijo. Le explicamos que no lo hicimos justamente porque no lo veíamos muy bien de salud y temíamos. La respuesta nos sorprendió: “a “Quicho” -así lo llamábamos- lo está matando la incertidumbre. Nada es peor que la incertidumbre, les suplico que le digan la verdad y verán cómo, luego de procesar la necesaria e inevitable tristeza, mejorará”. Y así fue.

Los economistas saben que la incertidumbre es muy dañina, los sanitaristas también, los políticos no tienen dudas, pero los juristas creemos que tener un sistema judicial que no nos otorgue certeza sobre la vigencia de las garantías constitucionales, sobre que nos tocará un juez independiente, defensores oficiales que se ocuparán de defender a capa y espada, fiscales que serán objetivos, juzgados que no han sido elegidos a dedo por empatía política o ideológica, no tiene ningún costo para nuestra expectativa comunitaria de vivir en una república.

Algunos juristas creen que no es dañino no saber a ciencia cierta si “nuestro caso” responderá a los estándares corporativos que harán que los planteos reciban tratamiento express, o será sometido, por incómodo, a una lenta agonía o a un rechazo que será incluso avisado y estigmatizado en los medios hegemónicos de comunicación.

Algunos otros confían en que la incertidumbre sobre qué impacto generará en un Juez el hecho de tener que resolver sobre cuestiones relevantes y que afectan al escenario político de un Presidente en ejercicio que además es compañero de Paddle o Tenis, no es para nada problemática.

Otros juristas, constitucionalistas o filósofos, hacen mutis por el foro, sobre la incertidumbre que genera que un miembro del máximo tribunal no se excuse a la hora de resolver sobre casos de corporaciones que supieron contar con su asesoramiento legal en cercanas épocas de ejercicio libre de la profesión de abogado. Deben creer que ello no genera daño alguno.

Esos mismos juristas o abogados creen que la incertidumbre sobre si un testigo, imputado, o arrepentido, declaró en condiciones transparentes, sin ser obligado a decir esto o aquello, sin ser presionado, sin ser extorsionado con el riesgo de ser encarcelado, no tiene tanta gravedad.

Ellos pertenecen al mismo grupo de quienes no parecen escandalizarse ante la sensación de que la prisión preventiva, las cuotas de encarcelamiento que necesitan algunos medios de comunicación, se distribuye con parámetros para nada objetivos, sólo vinculados a intereses de coyuntura. La incertidumbre sobre la libertad.

Esta incertidumbre parece molestar a pocos que, para mal de males, son sindicados como que sólo pretenden la impunidad de algunos.

Esta pequeña nota solo tiene por objetivo poner sobre la mesa otra de las razones que explican la necesidad de una reforma judicial: la incertidumbre y el daño que genera para el estado de derecho el nunca tener certezas sobre si los jueces resolverán de acuerdo a la ley o a otros intereses.


El autor es Doctor en Derecho. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires.