A pesar de la oposición de comunidades del Pueblo Wichí de la jurisdicción del municipio de Embarcación, el gobierno de Salta oficializó ayer la licitación de la nueva ruta que conectará de manera directa los departamentos San Martín y Orán, a través de las localidades de Embarcación y San Ramón de la Nueva Orán. Además, el proyecto incluye la ejecución de un puente sobre el río Bermejo.
La comunidad wichí Misión La Loma definió como "injusto" la decisión del Ejecutivo provincial, ya que viene denunciando durante meses que el procedimiento llevado a cabo por el gobierno salteño no respetó la existencia de las comunidades en el lugar. En esa línea, las comunidades aseguran que no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que se insiste en desconocer a las comunidades, ya que la obra pasaría por territorio indígena.
"Es una tristeza tremenda lo que están haciendo", expresó a Salta/12, Mirco Jonathan Neuenschwander, secretario de la comisión directiva de la comunidad wichí Misión La Loma. Desde hace meses integrantes del Pueblo Wichí del Chaco salteño insisten en que se frene la construcción de la nueva ruta porque el recorrido, informado por el gobierno de Salta, pasaría por el territorio de sus comunidades.
Precisamente, el 24 de mayo último, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregó las carpetas técnicas de Relevamiento Territorial a la Comisión Directiva Wichí Misión La Loma de Embarcación, del departamento San Martín. Esta acción se llevó a cabo en el marco de lo dispuesto por la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena.
A partir de ese relevamiento quedó cuantificado que 2500 hectáreas pertenecen a las comunidades wichís de la zona. Según Neuenschwander, el proyecto impulsado por el gobierno salteño ocuparía 600 de ellas, ya que la nueva ruta tendrá 26 kilómetros, que irán desde el empalme de la ruta nacional 50 hasta el empalme con la ruta nacional 34.
De acuerdo a la planificación, la ruta partirá desde San Ramón de la Nueva Orán, cruzará el Bermejo por el nuevo puente que tendrá 350 metros y se extenderá hasta un kilómetro antes de llegar a la ciudad de Embarcación.
Tras la licitación de la obra, el gobernador Gustavo Sáenz se manifestó vía Twitter, y afirmó que la obra, que fue licitada por la Dirección de Vialidad de Salta, "es de suma trascendencia ya que garantizará la conexión vial del departamento San Martín con el resto de la provincia, teniendo en cuenta que se comunica a través de un solo puente de 50 años de antigüedad".
Sin embargo, miembros de Misión La Loma aseguraron reiteradas veces que jamás fueron consultados al respecto, a pesar de que gran parte del recorrido pasaría por su territorio. Después de que la comunidad denunciara que no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada y que tampoco hubo acciones para acercarles información sobre la obra y el impacto que tendrá sobre su territorio, recién el gobierno provincial impulsó reuniones, pero no fueron más que informativas para las comunidades afectadas.
Incluso, en un informe de impacto ambiental y social que se presentó para respaldar el proyecto, sólo se indicó que "debido a la complejidad del estudio y del campo social" se realizaron 31 entrevistas a "encargados y/o trabajadores de fincas de ambas localidades (15), residentes en la calle Arenales de Orán (3), representantes de comunidades indígenas de Orán y Embarcación (12) y al representante de la comunidad La Quena".
El secretario de la comisión directiva de Misión La Loma, reiteró que la obra quitaría 600 hectáreas de todo su territorio, afectando directamente su cotidianeidad, dado que unas 900 hectáreas relevadas son consideradas inhabitables.
Por eso, las acciones concretadas por el gobierno provincial son consideradas injustas por el Pueblo Wichí, ya que afirma que con gran facilidad se autorizó un desmonte de 600 hectáreas a una empresa privada, cuando las comunidades vienen pidiendo a la Secretaría de Ambiente de la provincia que les otorgue "la guía", el permiso para que puedan sacar leña del mismo monte que les pertenece. "Y ahora a la empresa, se lo dieron fácil", cuestionó Neuenschwander.
La apertura de los sobres fue encabezada por el titular de la Dirección de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, quien destacó la importancia del proyecto para el norte provincial. La única empresa oferente fue Vicente Moncho Construcciones SRL, que contará con un presupuesto oficial es de $3.200.000.000 para ejecución de la obra.
“Sin dudas va a potenciar la zona y asegurará la conexión entre ambos departamentos”, dijo Macedo, al recordar que hoy la vinculación se da por el paso Manuel Elordi ubicado sobre la ruta nacional 34. El funcionario indicó que cumplida la apertura de sobres se trabajará en el proyecto ejecutivo y que los trabajos podrían iniciarse en cinco meses.
El proyecto de la nueva ruta fue gestionado por el gobernador Gustavo Sáenz y de acuerdo al convenio que el mandatario firmó con el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, será financiada por ese organismo.
Cuando la iniciativa de la nueva ruta fue dada a conocer, en noviembre del año pasado, desde Misión La Loma, comentaron que se enteraron de casualidad. Aseguraron que se dieron con la noticia mientras estaban discutiendo otras problemáticas en la zona, como el acceso al agua potable. De concretarse el proyecto, se afectará a más de 200 familias de los pueblos Wichí, Chorote y Guaraní.
En su perfil de Facebook la comunidad afirmó que la iniciativa afectará gravemente la zona porque "destruirá nuestra amada naturaleza". Aseguró que habrá deforestación, inundación y la pérdida de fauna y flora nativa, "todo para ahorrarse unos cuantos minutos".
"Afecta derechos territoriales reconocidos"
Por su parte, el director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI, Martín Plaza, aseguró que el proyecto del gobierno de Salta "afecta derechos territoriales reconocidos por el Estado nacional, en el marco de la aplicación de la Ley 26160". Recordó que la legislación es de orden público, y que "se viene aplicando de manera mancomunada con la provincia".
En ese sentido, sostuvo que "este tipo de decisiones no se comprenden", dado que se desconocen derechos que fueron trabajados desde Nación y Provincia. Por tal razón, dijo que "ninguna obra debería afectar los derechos territoriales de ninguna de las comunidades involucradas", ya que "esos derechos territoriales tienen un respaldo nacional, a partir de la aplicación de la Ley 26160".
La entrega de las carpetas técnicas a Misión La Loma fue el mismo 24 de mayo, y en esa ocasión también se entregaron las carpeta técnicas de los relevemientos territoriales a las autoridades de la Comunidad Kolla Aborigen de San Pedro, la Comunidad Aborigen Kolla de El Alisal del Porongal, la Comunidad Aborigen La Mesada Grande, la Comunidad Indígena Kolla La Banda Finca Casa Grande, y el Centro Comunitario Kolla Finca San José, todas estas pertenecientes al departamento Iruya.
