La Justicia dispuso este viernes la prisión domiciliaria para Juan Carlos Guardati, uno de los titulares de la corredora de granos GyT que quedó en prisión preventiva por 90 días la semana pasada, por el delito de colusión. Fue a pedido de la defensa del imputado, que argumentó cuestiones de salud. Guardati fue detenido hace diez días junto con su socio Ángel Torti, tras una serie de allanamientos en el marco de la causa que los tiene imputados desde el año pasado por administración fraudulenta. En la audiencia de la semana pasada, donde el juez Hernán Postma ordenó que queden en prisión preventiva, el fiscal Sebastián Narvaja los acusó por "dos convenios, con dos acreedores, comprometiéndose al pago del 100% de los créditos verificados y/o admisibles, a cambio de obtener la conformidad respecto de la propuesta concursal que hubiera sido realizada por Guardati Torti S.A.". 

Poco más de una semana después de que se ordenara la prisión preventiva de 90 días para ambos, ayer se realizó una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal. Fue a pedido de la defensa de Guardati, de 76 años, que alegó cuestiones de salud por las que se solicitó una junta médica que determinó -según se indicó- que donde estaba detenido no era un lugar apto por su situación.

Ante ello, la Fiscalía no se opuso, pero pidió una serie de requisitos para el arresto domiciliario, como tener acceso a cámaras y de ser posible que se le coloque tobillera electrónica. El juez Postma ordenó además que se realicen controles sorpresivos y periódicos para constatar el cumplimiento de la domiciliaria del imputado, hasta completar el plazo establecido previamente. 

La nueva audiencia se realizó un día después de que la Brigada de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad provincial realizara nuevos allanamientos en el marco de la investigación por fraudes con ahorros de unos 150 inversores y balances falsos.

 

Esos procedimientos se realizaron en Laprida al 1300 y en la sede de la empresa bursátil, en el piso de un edificio de Puerto Norte. Según se indicó desde la AIC, en el operativo se incautaron documentación, pendrives y una computadora all in one marca Lenovo.

La imputación que dejó presos a los directores de la sociedad anónima tiene que ver con hechos del 6 y el 8 de junio. En aquel momento, Narvaja explicó que "llegó a conocimiento de la Fiscalía que con dos de las personas que estaban verificados como acreedores en el concurso -que se tramita ante el juzgado comercial de tercera nominación-, habían realizado un convenio en el que pactaban una serie de pagos a estos acreedores además de lo que éstos habrían de cobrar en el concurso, a cambio de que dieran su voto o conformidad ante el juez para que se apruebe el concurso preventivo". El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos agregó que "la ley castiga eso como delito de colusión (es decir que) cuando hay un proceso de concurso preventivo abierto, los deudores ofrezcan ventajas a algunos de los acreedores a cambio del voto, o dicho de una manera más simple, comprarles el voto dentro del concurso. Esa conducta perjudica a todos los otros acreedores, que si el concurso se aprueba van a tener que cobrar, probablemente en condiciones que no son las ideales -con quitas o plazos-, incluso cuando estén en contra si se llega a las mayorías necesarias. Lo que no quiere la ley es que esto se haga juntando voluntades, pagando por fuera del concurso. Si un acreedor abre el concurso, lo que la ley quiere es que el acuerdo con sus acreedores se haga dentro del marco del concurso, que es un proceso que garantiza transparencia y lo que se llama paridad entre los acreedores. Entre los grupos de acreedores, la oferta tiene que ser la misma".