Habrá quien no lo recuerde porque era chico o porque la memoria corta es plaga en este suelo. Durante ¡una década! en la Argentina se mantuvo la paridad peso-dólar y no hubo inflación. Milagros de la Convertibilidad, el plan de estabilización exitoso que se volvió catastrófico al eternizarse. Unido al desguace estatal, a la venta a precio vil de empresas públicas, terminó dejando un tendal.

La entrega de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) transformó en fantasmas a poblaciones pujantes de provincias petroleras. Los pobladores de Cutral Có en el sur y de General Mosconi en el norte armaron sus protestas. Necesitaban trabajo, respeto… visibilidad como eslabón previo. Cortaron rutas nacionales, comenzaron una matriz de protesta. Los llamaron “piqueteros”, nombre que perdura.

La metodología hizo escuela en los Conurbanos, con el bonaerense a la cabeza como suele acontecer. Muchedumbres cortaron calles o rutas en la zona Metropolitana. Igual método, impacto mayor.

Los trabajadores sin patrones y sin fábricas enfilan la “lesividad”, ora a los gobiernos, ora a la sociedad civil. La huelga no existe en su repertorio, por motivos evidentes.

El gobierno de Carlos Menem había lanzado antes los planes Trabajar, pioneros. Eran prestaciones dinerarias, poca plata, contados beneficiarios si se compara con las cifras actuales. Distribuidos a piacere por las autoridades. Discrecionalidad menemista, imagínense.

Durante la gestión de Fernando de la Rúa se multiplicaron los planes Trabajar. Las organizaciones sociales se movilizaban al Ministerio de Trabajo donde descollaron dos estadistas: primero Alberto Flamarique, luego Patricia Bullrich.

Pocos evocan así pero cuando amaneció la recuperación democrática se repartían cajas PAN con alimentos. Había necesidades. Es regla apostrofar sobre “las deudas de la democracia”, la amnesia deja de lado que la democracia nació con deuda externa e interna, siderales. La dictadura diseñó un modelo de país, remember.

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La alianza de clases contra la Alianza: La Convertibilidad envejeció mal, pero tuvo larga existencia. La consigna “piquete y cacerola/ la lucha es una sola” nació promisoria durante una época atroz. La romántica alianza de clases contra la Alianza fue bella mientras duró. Duró poco.

La recuperación económica a partir de 2002 fisuró ese frente callejero. Hoy se cumplen 20 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en aquel trance ya se incubaban rechazos de sectores medios a la ocupación del espacio público. El entonces presidente Eduardo Duhalde acababa de implementar el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JJDH). Un ingreso básico para jefes de familia con, por lo menos, un hijo menor a cargo. Mensual, 150 pesos que ya no equivalían a 150 dólares. Requisitos sencillos para acceder. La inscripción rebasó las previsiones oficiales, se cerraron las ventanillas.

Las mujeres prevalecieron sobre los varones: más familias “monoparentales”. O monomarentales, pongalé. Más avispadas las madres frente a la crisis. Se frenaron las inscripciones, se contradijo la universalidad, de todas maneras, se llegó a cerca de dos millones de beneficiarios.

Se discontinuaron otros planes, el Trabajar a la cabeza. El nombre perduró por error, a menudo como insulto. Se lo apodó “plan Descansar”… aunque se preveía alguna contraprestación laboral era complicado “inventar” tantas con recesión y un sistema productivo destartalado.

Hugo Moyano usó el mote peyorativo en un acto durante el mandato de Mauricio Macri. El propio “Mauricio” demostraba su ignorancia cuestionando a los Planes Trabajar en 2016, 13 años después de su remoción.

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Altas y bajas manipuladas, un precedente: Altos funcionarios duhaldistas mantenían relaciones con dirigentes de las organizaciones sociales (OS en adelante). Se reunían, negociaban cortes de rutas limitados a una mano, escuchaban, contenían. Cuando cesó de facto la inscripción al JJDH las OS pusieron el grito en el cielo. Se instrumentó entonces un nuevo Plan, que así llamaremos a los que no son universales o sujetos a requisitos objetivos, de fácil verificación. Discrecionales, pues. El Programa de Empleo Comunitario (PEC) comenzó a otorgar altas que se potenciaron tras la masacre de Avellaneda para distender el clima social. Las OS llevaban listas de potenciales beneficiarios, se las validaba de volea. En un momento se las facultó a entrar derechito al sistema del Ministerio de Trabajo, que comandaba la hoy diputada Graciela Camaño. Los dirigentes llevaban diskettes formateados con el software oficial (ustedes eran chicos, los diskettes eran etc..).

El PEC comenzó a ser nombrado por funcionarios como PLC (Piedra libre para todos los compañeros) porque cundía el descontrol. Parte de la dirigencia social, según se contó, abusó de sus potestades, manipulando altas y usando las bajas como mecanismo de control interno. Imposible tabular cuántos lo hicieron, poco serio sindicar quiénes. En todo caso, la metodología existió, sirve como remoto precedente de prácticas que se critican válidamente en 2022.

La maraña constituyó un desafío cuando llegó al poder Néstor Kirchner. “Ni palos ni planes”, sintetizó el añorado presidente. No reprimir mientras se generaba trabajo genuino. Con un porcentaje de desocupados más alto que de votos el “pingüino” pensaba en un regreso al Estado benefactor, recalculado con los condicionantes de su tiempo. Tuvo que sostener los planes un tiempo, consiguió bajar la desocupación desde el 17,8 por ciento al 8 por ciento en cuatro años. Demoró más de dos en perforar el piso de dos dígitos. El empleo no registrado retrocedió del 49,1 por ciento al 37 por ciento.

Con criterio peronista y jauretcheano Kirchner construyó su legitimidad de ejercicio mejorando la vida de los argentinos a toda velocidad. Un modo de construir consenso y gobernabilidad, de cimentar doce años de estabilidad política y paz social. Habrá economistas ortodoxos que alerten contra recalentamientos… Pero el liderazgo democrático requiere apoyo masivo, cotidiano, elección tras elección. Economía política: “comprar” estabilidad y gobernanza. La alternancia actual, la inestabilidad de los gobiernos es un ejemplo inverso, usted escoja.

Kirchner tipificaba las políticas sociales como interinas, rueda de auxilio hasta lograr pleno empleo, un modelo laborista-neo desarrollista. No le “cabían” las propuestas de Ingreso ciudadano o Salario universal que ya se debatían en el Agora.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), el gran salto de calidad de las políticas sociales K, fue decidida por Cristina Fernández de Kirchner en 2009 enfrentando a la crisis mundial desatada en 2008. Reparación para necesidades de los argentinos más humildes que el mercado de trabajo no alcanzaba a resolver.

Un programa universal, no supeditado a la digitación de los funcionarios. Derecho de los menores de 18 años que perciben las madres (mayoría absoluta entre las jefas de hogar). Acceso límpido, transparencia.

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La economía popular: Los rotundos avances de los doce años de gobiernos kirchneristas no consiguieron (ni hubieran podido conseguir) el retorno al Estado benefactor ni al pleno empleo. En ese sentido, este cronista opina (sin originalidad y muy bien acompañado) que ese pasado dichoso es irrepetible. Por eso piensa que cuando se habla de “transformar los planes en trabajo” se simplifica de más, fuera quien fuera quien lo diga.

El empleo privado formal es una de tantas de las variables de trabajo que coexisten en la Argentina y el mundo actual. El capitalismo global, con predominio del sector financiero, excluyente, se expande en todo el globo. El sociólogo Darío Capelli lo explica así en un artículo publicado en La [email protected] Eñe  cuya lectura íntegra se aconseja: “lxs trabajadorxs de la economía popular no sólo inventaron su propio trabajo en una etapa del capitalismo que los descarta sino que además han elaborado los marcos conceptuales para entenderse y entender cómo actuar sobre la realidad en un sentido transformador”. 

Suponer que la economía popular se constriñe a las cooperativas reales (eventualmente “dibujadas”) que se sostienen desde las políticas sociales públicas es un reduccionismo.

Es errado creer que en el fragmentado universo de la clase trabajadora todas y todos comparten como porvenir deseado el trabajo en relación de dependencia o alguna de sus variantes. Muchos laburan sin patrón y habría que ver cuántos lo prefieren. Seguramente muchos. Para dar un solo ejemplo, en esta nota que merecerá ampliaciones: la agricultura familiar es una realidad construida desde las bases, con camino recorrido, expandida en todo el territorio patrio. Hay alrededor de 250.000 establecimientos que involucran a alrededor de dos millones de personas. Es una actividad digna, mano de obra intensiva, que produce alimentos saludables y relativamente baratos, que fomenta el arraigo al suelo. Claro que los trabajadores precisan cobertura médica, hacer aportes para jubilarse en su momento, crédito accesible para contar con capital de trabajo. Y políticas específicas del tipo del “compre nacional”, la ley de góndolas, centros comunitarios de ventas cercanos a aquellos en que se produce. Más numerosos etcéteras. No son novedades, algunas ya existen (mejor o peor).

A los fines de esta columna de divulgación, solo se apunta a remarcar cuan surtidas son las realidades de la clase trabajadora. Más allá de los méritos o carencias de sus dirigentes o de los funcionarios políticos concernidos.

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Estigmas y ejemplos: Para la agresiva derecha nativa todo es sencillo, brutal, desde los orígenes que resumimos líneas arriba. Desprecio de clase, ninguneo, cuando no reclamos de represión.

El antropólogo Pablo Semán publicó en el portal Panamá hace seis años un artículo que parece escrito ayer. Va fragmento: “Tal vez ese sea uno de los grandes rasgos del pos-pos-neoliberalismo en la región. Las élites enfrentan la problemática social con agresividad y metonimia: allí donde hay un reclamo hay una ilegitimidad y un sujeto a denigrar. No hay protesta justa: la masa de excluidos puede ser descompuesta en un sinnúmero de sujetos despreciables sobre los que ninguna violencia es mucha: no sólo aparecieron nuevos rótulos negativos como mafiosos, terroristas o planeros; la mácula de la indignidad resignifica categorías sociales enteras: industrial textil, pobre o pibe ya llegaron a ser estigma”.

Diferente, confrontativa, tiene que ser la mirada y la praxis de fuerzas nacional-populares o progresistas. El sector más humilde de la clase trabajadora viene prodigando templanza mientras labura muchísimo con escasa retribución. Fortaleció a la comunidad durante la pandemia, contribuyó a la paz social, prodigó solidaridad en tareas de cuidado.

La manipulación dirigencial de los recursos estatales debe ser cuestionada y evitada. El traspaso a esferas municipales o provinciales no es garantía absoluta contra la subjetividad o la arbitrariedad o el clientelismo. El punto da para más, se abordará en notas futuras.

Entre 2003 y 2015 el kirchnerismo construyó un inédito piso de protección social para los menores de 18 años y los mayores de 65 años. Una cobertura notable que el macrismo socavó, pero no pudo destruir plenamente. Ahí radica la ventaja de las conquistas institucionales. No es sencillo derogarlas en una sociedad celosa de sus derechos, muy activa para movilizarse. Ese es el gran argumento a favor de los Programas regulados por ley no potestativos respecto de los planes en los que las mediaciones resuelven demasiado.

Se atraviesa una coyuntura con pasables niveles de empleo. Pero los ingresos fijos suelen ser insuficientes para llegar a fin de mes. Expandir la protección social a la masa trabajadora comprendida entre los 18 y los 65 años mediante una audaz política de ingresos pinta como una de las claves para mejorarle la vida a millones de compatriotas. El Salario Básico Universal, proyecto que se trata en Diputados significaría un paso adelante en ese camino.

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