La reciente media sanción al proyecto de ley que prorroga el financiamiento directo a la industria cultural nacional deja varias enseñanzas. En un amplio espectro de organizaciones culturales, sindicales, trabajadores de la cultura, artistas, funcionarios e intelectuales, el subsuelo de la patria cultural salió a pelear por su supervivencia y encontró algo más que la aprobación del proyecto del diputado Pablo Carro (FdT Córdoba/CTA).

Por un lado, la conciencia de unidad del sector cultural, y de su poder, que no sólo llevó a la media aprobación del proyecto en la cámara a priori más peliaguda, sino también a que la oposición escamoteara su discurso más economicista y, en última instancia, se abstuviera en la votación. La oposición había emitido un dictamen de minoría en la Comisión de Presupuesto, con argumentos fiscalistas en línea con la ley 27.432/17, que fue la que impuso la fecha de caducidad el 31/12 de este año. Sin embargo, en la sesión ni siquiera pudo sostener, salvo excepciones muy radicalizadas a derecha, un voto en contra. Si los argumentos ya eran otros (la propuesta de giro a la Comisión de Cultura, la preocupación por las "burocracias", la chicana de la reducción de los impuestos a las películas nacionales), algo que bien señaló la diputada Florencia Lampreabe (FdT PBA), fue explícito el temor a quedar posicionados en contra de la cultura nacional.

El ataque de la oposición se centró en particular en la Defensoría del Público, con argumentos falaces de superposición de funciones con ENACOM y como supuesta "usina de pensamiento único" llena de "militantes" y "burócratas''. La Defensoría es, precisamente, el hito institucional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que consagró a la comunicación como derecho humano con sus pilares de diversidad y pluralidad, propugnados por UNESCO. Eso seguramente explica el odio de parte de la oposición. Aunque no tiene la señalada -y necesaria- capacidad de sancionar a los infractores de la comunicación democrática, la Defensoría es la única institución estatal con la misión explícita de velar por los derechos de las audiencias, en particular de las minorías. Aún cercenada en su faz antimonopólica y desmonopolizadora por el decreto 267/15, la LSCA como paradigma sigue vigente. La pequeña gesta defensiva de los fondos de fomento a la cultura tuvo un aire de familia con la militancia por la sanción de la LSCA, y como tal se festejó.

Para señalar, en el contexto del monitoreo de la economía nacional por el FMI, el discurso del diputado Hugo Yasky fue ovacionado al enarbolar que no se pagará la deuda ni con el hambre de nuestro Pueblo ni con el financiamiento de nuestra Cultura, fuente de Identidad, y por tanto de soberanía. Destacable, además, en un marco donde no sobran causas que llenen los palcos del Congreso.

Esta semana, el Senado recibe en comisiones el proyecto de Diputados. La previa unificación de proyectos de varies Senadores en coincidencia con el plazo de cincuenta años de extensión del financiamiento específico augura una aprobación menos ajustada y la sanción de la ley. En el Senado, como antes en Diputados, la unidad parece haber encontrado un para qué nodal en la defensa de la soberanía cultural. Y otro punto empezó a asomar: la federalización de la producción y su fondeo. En la actualidad, el 80% de las empresas productoras se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, la importancia económica del sector audiovisual también fue un argumento de peso en el debate, sobre todo a partir del estudio de impacto económico y tributario del sector audiovisual, publicado por el Observatorio Audiovisual del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El sector audiovisual es un impulsor de la economía, especialmente en materia de producción y postproducción, con relevancia en materia de actividad económica (5,2% agregado total; 3,1% del PBI), empleo (3,1% agregado total) y recaudación (3,6% agregado total). Tiene además efectos multiplicadores sobre la economía, de 7,65 en PBI, 6,74 en empleo y 4,24 para la recaudación tributaria. En términos de PBI, el sector es más grande que la hotelería y los productos textiles, y en materia de empleo, es tan grande como el sector de la pesca o el de los servicios de electricidad, agua y gas.

La unidad en la diversidad de las fuerzas nacionales y populares del sector audiovisual, dispersas en distintas organizaciones empresariales, sectoriales, sindicales y profesionales es una condición indispensable para poder avanzar en una agenda que se impone urgente y necesaria: los servicios de comunicación de las plataformas trasnacionales y su relación con el sector audiovisual (anche también musical) nacional. La Unión Europea, con un proceso de integración regional ya consolidado, impone a través de sus directivas audiovisuales la obligatoriedad de cuotas de catálogo, prominencia de los contenidos y la sugerencia de impuestos para fomentar la producción local. Para lograrlo en nuestro país, será necesario actualizar la vetusta Ley de Cine (17.741) y aggiornar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en armonía con el ecosistema de leyes que regulan los servicios digitales y la economía del conocimiento.

Con la mayoría recientemente conquistada en el Congreso, es útil señalar un cálculo preliminar del citado Observatorio del INCAA, compartido por otras entidades del sector: de aplicarse a los servicios de comunicación audiovisual por suscripción un tributo análogo al que pagan las entradas de cine (10,5%), sin perjuicio del consumidor, el Fondo de Fomento Cinematográfico se quintuplicaría. Para eso, es necesario dejar de pensar sólo en términos de soporte o tecnología (cine, cable, TV) para avanzar en la concepción de servicios de comunicación de lo que el especialista Santiago Marino denomina “audiovisual ampliado”.

En la encrucijada, asoma la necesidad de un paradigma audiovisual industrial con público, que contenga todas las expresiones de nuestra cultura audiovisual en atención permanente a la formación de públicos y la búsqueda de audiencias. La cultura argentina tiene brillo propio en la constelación global. Superada esta instancia crítica para asegurar el financiamiento y con un horizonte más claro, hay que destrabar su potencial y salir a conquistar.

* Profesor titular en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, integrante del Observatorio Audiovisual del INCAA; lideró el equipo que creó y puso en funcionamiento la plataforma ODEON, actual Cine.ar Play.