Por segunda vez, y en continuidad con las resoluciones judiciales anteriores, el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, negó el sobreseimiento de Miranda Ruiz, la médica residente del Hospital Juan Domingo Perón, que desde el año pasado se encuentra encausada por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE). 

Para el abogado de la profesional, Oscar Guillén, no están garantizados los derechos de defensa de Ruiz. Y es que entre los argumentos para negar el sobreseimiento, Mariscal Astigueta, afirmó que necesita contar con más pruebas. "La semana pasada presenté más de diez pruebas y el fiscal (Gonzalo Vega), que debe hacer a lugar, negó todo", contó Guillén a Salta/12.

"Me rebeló ver tanto abuso", dijo el letrado cuando fue consultado sobre su decisión de defender a Ruiz desde hace dos semanas aproximadamente. Si bien conocía la causa por los ribetes mediáticos que tomó desde la detención de la médica, el 3 de septiembre de 2021, afirmó que cuando estudió el expediente se dio con distintas circunstancias que a su entender son inadmisibles en un trámite judicial. 

Entre esos puntos mencionó que ya solicitó se deje sin efecto la querella presentada por la tía de la mujer que accedió a la ILE, dado que se presenta por una persona que es mayor de edad y con todas sus aptitudes para defenderse. "Pero el fiscal dijo que no", contó. 

También se refirió a las obligaciones impuestas a Ruiz, que debe comparecer cada dos meses a la Justicia indicando que "ni siquiera llegaron a tanto con algunos acusados por delitos de lesa humanidad".

A pesar de esta situación, el abogado confió en que va a poder hacer algo a esta altura de la causa en favor de su defendida. Pero sostuvo que "eso se hace muy difícil cuando los poderes se asocian", yendo en contra del buen funcionamiento del sistema. "Si voy a subir a un ring con las manos atadas y el fiscal con las manos libres, es difícil que pueda hacer algo", graficó. 

Aunque apelará todas las decisiones del fiscal Vega, adelantó que va a ser difícil que en Tartagal se garanticen los derechos de su defendida, más aún cuando a su entender el fiscal va a empezar a defenderse a sí mismo a partir de ahora, por las distintas actuaciones realizadas en el proceso. "Entonces estamos ante dos poderes que van a defender lo que han hecho", indicó. A ello agregó que el fiscal solicitó una prórroga de cuatro meses más para seguir investigando el caso, lo cual demora que la causa llegue a tribunales superiores establecidos en la Justicia de la capital salteña.

"Si es necesario vamos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y si no, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió el abogado. 

Antiderechos intimidantes

Ayer Guillén junto a Ruiz y la otra abogada defensora, Fernanda Guillén, habían convocado a una conferencia de prensa en la Ciudad Judicial de Tartagal en horas de la mañana. Entre 4 y 10 personas fueron entonces a manifestarse con una bandera, y ante la aproximación casi a medio metro de los entrevistados, decidieron retirarse de la conferencia. Pues para Guillén y Ruiz fue una actitud claramente provocadora, por lo que decidieron no reaccionar.  

El abogado entendió que el haber encarcelado a Ruiz es generar en el inconsciente colectivo que ella es una criminal, lo cual la puede poner en riesgo.