Con Claudio "Morocho" Mansilla recapturado después de haber estado casi un año prófugo, Fiscalía hizo nuevas imputaciones y recalificaciones penales que agravan la situación de los presos que protagonizaron la fuga del 27 de junio de 2021, en la cárcel de Piñero. Además de la evasión, se los imputó por uso y portación de armas, lo que robustece las penas en expectativa. Otras tres personas fueron acusadas por favorecimiento para la fuga y todos quedaron en prisión preventiva por decisión del juez Gonzalo López Quintana, durante la tarde del lunes. Ayer, los fiscales Franco Carbone y Aurelio Cicerchia dieron detalles del caso y aseguraron que hubo comunicaciones "minuto a minuto" entre los presos y las personas que estaban afuera. "Sin esos celulares adentro del penal, la fuga no podría haber ocurrido", aseguraron. 

En la audiencia estuvieron tanto el último de los capturados, Mansilla -quien ya tiene una pena a 25 años por homicidio, entre otras imputaciones-, como Daniel Piscione y Martín Cartelli, quienes no habían sido imputados aún por el hecho; mientras que se recalificó la imputación a Sergio Cañete, Joel Rojas, Alejandro Schmittlein, Ezequiel Romero, Alejandro Candia, en relación a pericias mencionadas que permitieron determinar roles de cada involucrado y el uso de armas. Se sumaron Elisa Álvarez, Rodrigo Gramajo y Franco Cantero, por haber formado parte del grupo que brindó ayuda externa para el fuga.

La imputación expresa que la evasión se realizó "a partir de un plan común previamente organizado". Los fiscales detallaron: "A todos los evadidos les imputamos también la portación ilegítima de todas las armas de guerras usadas en contexto de la evasión. Hubo varias pericias contundentes en relación a eso, en este año de investigación. También pericias a celulares que permitieron terminar de atribuir las responsabilidades, los roles y cómo se organizó la evasión", señaló Carbone sobre el hecho que tuvo "una inteligencia previa".

Consultados sobre si se investigará al personal del Servicio Penitenciario, indicaron que "en principio no está previsto. Hubo autocríticas del Servicio Penitenciario en cuanto al protocolo de actuación, en su órbita, que realizó actuaciones en torno a corregir y evitar situaciones como la que ocurrió". Carbone señaló: "No se puede hablar de complicidad en la fuga. Sí fueron muchas las falencias que detectamos en su momento, que las cámaras no funcionaban, que los tejidos perimetrales eran fáciles de flanquear y no había comunicación entre los centinelas y puestos de seguridad en las garitas; pero tenemos conocimiento de que muchas de esas cosas fueron cambiadas". Y agregó: "En el marco de esta evasión no se ha podido detectar una connivencia. Sí había, como siempre solemos ver y denunciar los fiscales, una comunicación directa por parte de los internos: la comunicación de Cañete con una de las personas de afuera, minuto a minuto, hasta el momento de la fuga quedó evidenciada. La fuga no pudo haber ocurrido si no hubieran estado esos celulares dentro del penal", planteó. 

A modo de resumen de lo que fue la audiencia, Carbone planteó: "Se recaratuló la causa en sí para todos". Con esto, indicó que personas que tenían expectativa de condenas cortas, pueden llegar a tener penas más altas, y mencionó que en algún caso podría llegar hasta 25 años.

Sobre las recapturas, el fiscal aseguró que demandaron "un trabajo arduo", y manifestó que varias medidas permitieron dar con Mansilla, el más buscado. "Se movió mucho durante este año", dijo. Incluso, sobre las versiones que indicaban que habría huido a Paraguay, Carbone indicó que "nunca fue así y si bien lo sabíamos íbamos trabajando en diferentes líneas. No estuvo solo en la ciudad, sino también en otras provincias, en la ciudad de Santa Fe". Ante la pregunta sobre una posible complicidad en ese punto, deslizó: "Posiblemente pudo haber una connivencia o apoyo de una fuerza de seguridad, no lo sabemos y se está investigando (por parte de las fiscales Marisol Fabbro y Georgina Pairola). Lo cierto es que se hicieron más de 70 allanamientos en su búsqueda". 

Los fiscales también fueron consultados sobre las balas que dieron muerte al hombre  del grupo de apoyo a los evadidos que resultó fallecido. "Es una investigación que está a cargo del fiscal Gastón Ávila, pero en principio no se pudo determinar que sea de una de las armas que portaban las personas que venían de afuera", indicaron.

Aquella tarde, un grupo comando irrumpió en el predio del penal en un vehículo. Tres personas bajaron con armas y cortaron el cerco perimetral. Durante la huida de los presos, hubo un tiroteo con agentes de las garitas de control del perímetro.