La jueza de Violencia Familiar y de Género, María Carolina Cáceres Moreno, intimó al fiscal general federal Francisco Snopek a cesar toda conducta de violencia de género laboral o discriminación en perjuicio de la defensora oficial pública Clarisa Galán. La magistrada también le advirtió que si no cumple con esta orden, incurrirá en desobediencia judicial, con las consecuencias que conlleva, citándolo para el 10 de agosto.  

La medida judicial se tomó en una nueva causa por violencia de género que suma el fiscal federal, esta vez por denuncia de la defensora oficial pública. El fiscal ya está imputado por lesiones agravadas, daño, resistencia a la autoridad y privación ilegal de la libertad, por hechos cometidos en perjuicio de su pareja y de los policías que fueron a auxiliarla. 

La defensora oficial denunció al fiscal federal por hechos de "violencia de género del tipo psicológico y simbólico en el ámbito laboral e institucional". En tanto para la jueza Cáceres Moreno, es claro que esa es la situación, "Me encuentro ante un caso de violencia de género en el ámbito laboral que amerita mi intervención mediante el dictado de medidas de protección en el marco de las leyes antes mencionadas", aseguró en la resolución. 

Añadió que de acuerdo a la Ley 7888, que regula en la provincia la protección contra la violencia de género, la Ley nacional 26485, de protección integral para sancionar y erradicar la violencia de género, y lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida por su sigla en inglés, CEDAW), "corresponde el dictado urgente de medidas de protección a los fines de hacer cesar en lo inmediato el padecimiento sufrido por la Denunciante; y, de ésta forma, resguardar su integridad psicofísica y hacer efectivo su derecho humano y esencial a vivir una vida libre de toda violencia".

Y ordenó a Snopek "abstenerse y cesar toda conducta que por acción u omisión, de manera directa o indirecta, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica y laboral, como así también su seguridad personal; y/o constituya acto de discriminación laboral en contra" de Ana Clarisa Galán Muñoz, "bajo apercibimiento de desobediencia judicial".  

Además, la magistrada le prohibió al fiscal "acercarse a la Víctima" y le ordenó que deberá mantenerse a una distancia de 50 metros del domicilio particular, del domicilio de trabajo de la defensora y de los lugares a donde concurra. 

Lo intimó también "a presentar por ante este Juzgado la constancia correspondiente a la realización y/o inicio de la capacitación específica y obligatoria sobre violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, conforme lo establecido en la Ley N° 27.499, a la que la Provincia se encuentra adherida mediante Ley 8139", más conocida como Ley Micaela. 

La jueza apercibió asimismo al fiscal federal que si no cumple estas órdenes, tomará "las medidas que se estimen eficaces a la protección de la víctima", y será "responsable por los daños que su obrar pudiere ocasionar, en el orden psicofísico de las personas involucradas" y incluso como magistrada podrá "ordenar compulsivamente el sometimiento a tratamiento terapéutico y remitir los antecedentes a la Fiscalía Penal correspondiente a fin de que investigue los hechos acaecidos y proceda a la imputación del delito de desobediencia judicial y/o el que considere corresponder".

Por otro lado, dispuso una consigna fija por diez días en el domicilio de la defensora oficial y que luego se deberán hacer rondas periódicas diarias por otros 15 días. Además, las psicólogas de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta deberán realizar un informe psicológico del fiscal denunciado, con la posibilidad de "hacer comparecer solamente al denunciado por la fuerza pública". 

La jueza informó de esta decisión a la Defensoría General de la Nación, para que "arbitre los medios pertinentes para su cumplimiento en resguardo de la integridad psicológica y física de la denunciante y/o a los fines que estime corresponder", y a la Procuración General de la Nación, con el mismo fin. 

Apoyo a la denunciante

La Colectiva de Trabajadores del MPD (Ministerio Público de la Defensa), las Mujeres Trabajadores de Comodoro Py las Mujeres Trabajadoras del MPF (Ministerio Público Fiscal) expresaron ayer "apoyo y acompañamiento a la Defensora Pública Oficial Ana Clarisa Galán Muñoz y a las compañeras de la jurisdicción salteña que alzaron su voz para denunciar el acoso laboral y la sistemática violencia de género que sufren por parte del Fiscal Federal Francisco Santiago Snopek". "Es hora de poner fin al largo silencio que se ha mantenido sobre las graves inconductas de Francisco Snopek", afirmaron. 

Según indicaron las trabajadoras, los hechos de hostigamiento y maltrato por parte del fiscal federal vienen desde hace seis años. Detallaron que Snopek utilizaba la expresión "Te voy a enseñar como se trabaja acá" dirigiéndose a Galán. Y tras eso "se desencadenaba una larga lista de situaciones hostiles y degradantes padecidas en el trabajo diario de la defensoría". 

La defensora oficial pública contó en su denuncia que desde que fue designada para actuar en los tribunales orales de Salta, a fines de 2015, viene sufriendo situaciones de violencia por parte de Snopek, con quien comparte su ámbito de trabajo. 

Las trabajadoras señalaron que Galán también detalló situaciones de "permanente hostigamiento mediante el trato desacreditado, la diferenciación en el trato entre hombres y mujeres propiciada por el fiscal, lo que la afecta no solo a ella, sino también a su equipo de trabajo, particularmente mujeres". 

Asimismo, recordaron que además de la causa por lesiones en perjuicio de su pareja, el fiscal fue denunciado antes por otra trabajadora del Ministerio Público Fiscal. Y afirmaron "una clara actitud tolerante" frente a estos hechos, de la Procuración General de la Nación que "omitió deliberadamente avanzar" en la investigación de una denuncia administrativa presentada en su momento por Galán, que fue archivada. 

"El ejercicio de violencia de género no es compatible con los mandatos de idoneidad y aptitud para ejercer la magistratura", recordaron antes de advertir que si "la cobertura con la que cuenta el fiscal federal Francisco Snopek por parte del procurador (Eduardo) Casal logra una vez más su impunidad", aumentará la lista de "compañeras víctimas de actos de violencia y la revictimización de la magistrada denunciante". Exigieron al Ministerio Público Fiscal de la Nación que avance con el sumario administrativo "y aplique las sanciones correspondientes para frenar definitivamente el acoso laboral, el abuso de poder y la violencia de género en esa jurisdicción".