La denuncia de las organizaciones sociales, y que el propio Presidente Alberto Fernández replica, es la misma: desde la visita del mandatario, hace dos semanas, a la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, durante su internación por un cuadro de trombosis venosa profunda, se recrudeció la persecución contra los movimientos opositores al gobernador radical Gerardo Morales. Lo hizo mediante 16 allanamientos, presuntamente irregulares y arbitrarios, a diferentes agrupaciones y comedores comunitarios de la provincia.
Frente a este panorama, y tras reunirse con representantes de las agrupaciones allanadas, el Presidente publicó en sus redes sociales que le “preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos”. “No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social”, lanzó por Twitter. En este contexto el pedido de la oposición a Morales es cada vez más unánime, la rápida intervención de la justicia provincial para la rápida restauración en el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Consultada por AM750, la directora nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti consideró como “arbitrarios, irregulares, viciados” los allanamientos ordenados por la justicia jujeña y consideró que demuestran que “el problema es qué pasa cuando vivís en Jujuy, estás organizado y no te alineás a las políticas oficialistas”.
¿Se puede intervenir Jujuy?
En este panorama, Carpineti aseguró que ante la incógnita de “si se puede hacer algo respecto a lo que está pasando en Jujuy con las herramientas jurídicas y políticas”, hay quienes creen que no, “porque no hay ninguna herramienta por fuera de la legalidad jujeña que permita hacer algo”.
Sin embargo, explicó que esta no es su posición: “Otros creemos que nuestra propia Constitución y herramientas de carácter nacional y federal nos brindan formas de encontrar un camino para poder hacer algo”.
“Esta semana un conjunto de abogados y abogadas organizamos una misión que viajó a Jujuy de manera urgente. Están desde el miércoles realizando una serie de entrevistas, recibiendo denuncias, para poder recabar información para transformarla en denuncias y presentaciones tanto en las vías provinciales como nacionales e internacionales”, empezó explicando.
Y añadió: “Queremos dar cuenta de lo que está pasando. La Constitución no sólo describe atribuciones y competencias para los poderes, también dispone cuestiones generales para los gobernadores de las provincias. El artículo 128 establece que son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la constitución y las leyes de la nación”.
En este sentido, “cualquier autoridad del poder Ejecutivo nacional podría notificar al gobernador de las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los fines de que se arbitren los medios necesarios para que se restablezcan las leyes constitucionales y de la Nación”.
“Los Derechos Humanos integran todo el plexo de la Constitución. Tienen la máxima jerarquía. Esa notificación al gobernador Morales podría conllevar el apercibimiento para que esto se informe al Congreso de la Nación. Ahí que el Congreso si está en condiciones de seguir gobernando o no frente a un conjunto de sucesos inconstitucionales. O si la violación al artículo 128 exijan que se intervenga la provincia”, finalizó la especialsita.
El ataque de Gerardo Morales a Alberto Fernández
En campaña por Lomas de Zamora, este jueves el gobernador de Jujuy atacó a Alberto Fernández por su visita a Milagro Sala, presa política desde enero de 2016, y por su encuentro con movimientos sociales, a quienes el mandatario recibió esta semana: "Recibe delincuentes en la Casa Rosada", disparó Morales.
Sin filtro, Morales aseguró que "la foto del Presidente recibiendo a organizaciones vinculadas a Milagro Sala dio la sensación de una reunión en la que están pidiendo impunidad".
