La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, ratificó ayer que mantendrá habilitada la feria judicial de invierno para tratar un planteo de nulidad presentado por el vicario judicial del Arzobispado de Salta y juez del Tribunal Eclesiástico, Loyola Pinto y de Sancristóval, en la causa en la que él y otros sacerdotes están acusados de haber incurrido en violencia de género en perjuicio de religiosas de clausura del Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas. 

Pinto y de Sancristóval apeló la decisión del 9 de mayo último, por la que la jueza María Carolina Cáceres Moreno le ordenó abstenerse de realizar cualquier acto o manifestación, pública o privada, a través de cualquier medio, que afecte la vida, la dignidad o la integridad de las monjas. Con el patrocinio del abogado Carlos Cornejo Costas, el sacerdote planteó que esta resolución es nula, sostuvo que no está fundada, negó haber incurrido en actos de violencia contra las mujeres, aseguró que afecta su buen nombre y honor y pidió a la Cámara que la revoque. 

El vicario judicial está denunciado en la misma causa en la que las carmelitas descalzas también acusaron por violencia de género al arzobispo de Salta, Mario Cargnello; el sacerdote de la Catedral Basílica Lucio Ajalla y al obispo emérito Martín de Elizalde. Todos tienen medidas restrictivas. 

En la apelación a las medidas restrictivas dictadas por la jueza de Violencia Familiar y de Género, Pinto y de Sancristóval aseguró que fue un "mero mensajero", y que solo fue a leer una resolución de la Santa Sede ante las religiosas cumpliendo instrucciones del arzobispo. Sin embargo, trascendió que Cargnello aseguró que el vicario fue a notificar por su propia cuenta. 

Para resolver este planteo, la Sala V de la Cámara de Apelaciones, integrada por la jueza Soledad Fiorillo y los jueces Alfredo Gómez y Martín Coraita, habilitó la feria el pasado 12 de julio, decisión que fue impugnada por los abogados de las religiosas, Claudia Zerda Lamas y José Viola, quienes objetaron que se haya tomado esta decisión "sin que la parte recurrente haya solicitado nada". Recordaron que la habilitación de la feria judicial "tiene carácter excepcional y está restringida a supuestos de verdadera y comprobada urgencia". 

La Cámara confirmó ayer, con el voto de Fiorillo y Gómez (la resolución no incluye referencia alguna a la posición del juez Coraita) su decisión de tratar la apelación del vicario judicial en la feria, dijo que esto es porque se trata de un tema de interés público. Hay un dato que se añade a esta cuestión, y es que Pinto de Sancristóval estaría citado a declarar la semana próxima en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género. 

La discusión por una notificación 

En el caso de Loyola Pinto de Sancristóval fue denunciado con posterioridad a los otros religiosos, por un hecho ocurrido el 28 de abril último, luego de que se impusieran restricciones al arzobispo y los otros curas. El propio vicario judicial dijo en su momento que fue comisionado para notificar a las carmelitas una resolución de la Santa Sede que les ordenaba la desvinculación con la fundación civil “Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús", íntimamente relacionada con la Virgen del Cerro.

Según la versión el vicario, en ese acto hubo una "desaveniencia" con la priora del convento, María de Fátima del Espíritu Santo, porque Pinto y de Sancristóval pretendía que estuvieran todas las religiosas para leerles la resolución y la priora se opuso. En este caso, los abogados de las religiosas explicaron que lo hizo cumpliendo con su deber de proteger a las monjas a su cargo, debido a que dos se encuentran con problemas de salud y que en general sienten temor hacia los sacerdotes debido, precisamente, a los hechos de violencia que denunciaron. 

Los abogados de las carmelitas pusieron el eje en que esta notificación fue posterior a la medida cautelar dictada en contra de Cargnello, por lo que si envió a Pinto y de Sancristóval a comunicar a las religiosas de esa resolución de la Santa Sede, no fue un acto inocente, sino que "constituyó nuevamente un acto de violencia para re victimizar a las hermanas". 

Además, aseguraron que era innecesario ir a notificarlas porque la resolución le llegó por el correo a la priora del Monasterio, y concluyeron que esta acción del vicario "importó una maniobra de una gravedad inusitada e implicó la continuidad en la violencia psicológica".