“Estamos ante una situación de desconocimiento absoluto sobre el tema de discapacidad”, sostuvo la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano, en diálogo con Página/12. La legisladora socialista, especialista en el tema, estuvo presente esta mañana en la audiencia de la comisión de la que se ausentaron todos los legisladores del oficialismo, ante la certeza de que las críticas por las bajas de las 80 mil pensiones por discapacidad que se produjeron este año se incluiría en la agenda de la reunión. En ese encuentro, el resto de los bloques presentes acordaron un proyecto de declaración para advertir que la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, violenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional.
Tras la reunión de comisión, Troiano dialogó con Stanley, quien “se comprometió a rever” la aplicación del decreto de 1997 con el que se cancelaron 170 mil pensiones sin consulta previa desde la asunción del presidente Mauricio Macri. Además, la diputada, quien considera la baja de pensiones como parte del ajuste vigente, presentó ayer un proyecto de ley para derogar el decreto del ex presidente Carlos Menem, que hoy sumó la firma del titular de la Comisión de Discapacidad, el diputado del FpV José Ciampini.
Si bien la ministra Stanley, ante el escándalo que produjo la divulgación de la noticia, se comprometió --según dijo la diputada Troiano-- a rever la aplicación del decreto 432/97, la diputada insistió en que "a las personas con discapacidad no les corresponde que les apliquen aquel decreto porque están amparadas bajo un marco superior que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocido en la Constitución".
El proyecto de ley que presentó la diputada socialista es contundente respecto de la decisión tomada por Desarrollo Social: "La denegación inopinada de la pensión, sin un examen previo de la situación de cada persona con discapacidad es un acto inconstitucional y de una falta de humanidad incalificable". Frente a esta situación, Troiano aseguró que recibió cientos de reclamos en su despacho de la Cámara baja y que prepara una lista de personas vulneradas por la decisión de Stanley para presentar ante el ministerio y la Defensoría del Pueblo.
-¿Qué desconoció el Ministerio de Desarrollo Social al aplicar los criterios de aquel decreto a las personas con discapacidad?
- El decreto reglamentaba una ley previa, la 13.478, que quedó vetusta e incluye conceptos como invalidez. En esa legislación se ordenaba el pago de pensiones para personas con discapacidad y para personas en estado de indigencia. Los criterios del decreto permitían establecer la situación de indigencia o no, pero no pueden aplicarse los mismos criterios para las personas con discapacidad.
-¿Qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al respecto?
-La convención establece que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no de asistencialismo. No pueden tomarse criterios como el ingreso mensual o si posee un auto. A una persona con discapacidad que no tiene una casa propia no le alcanza con un ingreso mensual, un automóvil para una persona con discapacidad no es un lujo sino una necesidad. Si hay un familiar que tiene un trabajo en blanco no es suficiente. Las personas con discapacidad necesitan un respaldo; deben enfrentar estudios médicos, existen discapacidades que requieren de medicamentos no reconocidos en el Programa Médico Obligatorio o, simplemente, acceder a un audífono cuesta entre 30 o 50 mil pesos.
-¿Cómo se puede avanzar desde el Parlamento frente a estas medidas del Gobierno?
-El decreto del 97 establece condiciones y requisitos ridículos para que una persona con discapacidad acceda a una pensión. Por eso, el lunes presenté un proyecto para derogar la aplicación del decreto 432, por inconstitucional, por violación a la convención y al Código Civil y Comercial de la Nación, que está acompañado por los diputados (Hermes) Binner, (Lucila) Duré, (Victoria) Donda y (José) Ciampini.
-El oficialismo se ausentó esta mañana de la Comisión de Discapacidad...
-Sí, la reunión no se pudo desarrollar porque no hubo quórum. El oficialismo no se presentó. Lo que se acordó entre todos los diputados presentes, inclusive algunos que se acercaron sin ser de la comisión, fue un proyecto de declaración que sostiene que las personas con discapacidad tienen derechos y no son sujetos del asistencialismo, como está alegando el Gobierno para quitarles la pensión.
-¿Cómo se explican estas decisiones políticas al mismo tiempo que se lanza un Plan Nacional de Discapacidad? ¿Qué contenido tiene ese plan?
-Desde que se lanzó el plan a través de los medios de comunicación vengo solicitando que me envíen el contenido. La convención de derechos resalta ‘nada de nosotros sin nosotros’, sin embargo no sabemos qué significa el plan, no hay precisiones. El jueves me convocaron a una reunión en la CONADIS (NdR: ente autárquico para la integración de personas con discapacidad bajo la órbita del Desarrollo Social), donde me comentaron que el plan se trata de una convocatoria a consultar a los ministerios provinciales y hacer una vinculación interministerial. El plan se lanzó como una carta de intenciones, mientras que por otro lado se bajan las pensiones. En la reunión con la CONADIS les solicité que respalden la derogación del decreto 432.
-¿Las pensiones canceladas este año fueron 80 mil, que impacto tiene sobre la población total de discapacitados?
- En el país hay 5 millones de personas que viven con discapacidad y sólo un millón, o menos, reciben una pensión no contributiva. El número de personas con discapacidad surge del censo nacional y es una cifra que se replica a nivel mundial, e inclusive es más elevada en los países del primer mundo por el mayor índice de edad de la población. Las personas con discapacidad no van corriendo a pedir una pensión, quieren vivir como cualquier otra persona; pero si tenés una dificultad motriz y tenés que llegar al trabajo en transporte público, vas a perder tu puesto en poco tiempo. Al Gobierno tampoco le importa la inclusión laboral, le importa el ajuste.
