Facundo Molares pasó detenido 263 días, la mayoría en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. El mismo juez federal que lo excarceló el último jueves, Guido Otranto, lo había recluido a pedido de un tribunal ordinario colombiano que exigía su extradición. La voz del militante político y fotorreportero que integró las FARC, la guerrilla hoy desmovilizada en el marco de los acuerdos de paz, se multiplicó en otras voces que reclamaron su libertad durante casi nueve meses. Entre ellas estuvieron el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo (línea Fundadora). Molares ahora deberá fijar domicilio en Buenos Aires hasta que se resuelvan trámites procesales que completen su definitiva desvinculación de la causa. Él exguerrillero enmarcó su caso en lo que llamó “un Plan Cóndor 2.0, ya no con dictaduras y sí con democracias”.
El fallo de diez carillas firmado por el magistrado de Esquel reconoció que el pedido de extradición “se encuentra a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del proceso de amnistía o indulto, por tal motivo es la autoridad competente para emitir un pronunciamiento”. Ése era el trámite requerido por Otranto para concederle la excarcelación. Una comunicación de la intervención de la JEP por sobre la Justicia ordinaria. Ese paso se demoró por trámites burocráticos de los dos estados, en Colombia y Argentina.
"Sanciones diferentes"
En su sentencia el juez evaluó que “la proyección de una pena ha disminuido a partir de que la situación jurídica de Molares Schoenfeld quedó bajo la órbita de la JEP, ya que en esa jurisdicción se aplican sanciones penales diferentes que prevén un monto punitivo significativamente menor en comparación con las que hubiese podido aplicar la jurisdicción ordinaria”. En esta última corría riesgo de una condena que llegara hasta los 50 años.
Otranto recordó en su decisión que “para asegurar su comparecencia en este proceso mientras subsista el interés por la extradición de la República de Colombia se recuerda que el pedido no fue dejado sin efecto, sino suspendido resulta suficiente exigirle su promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, la prohibición de salir de este país y la obligación de presentarse una vez por mes ante la dependencia de la Policía Federal Argentina próxima a su domicilio para dar cuenta de su paradero”.
En 2019 Molares había viajado a Bolivia a cubrir el golpe contra el entonces presidente Evo Morales, y durante unos disturbios en la localidad de Montero, en Santa Cruz de la Sierra, recibió tres impactos de bala y quedó detenido hasta ser repatriado a la Argentina en 2020. Fue detenido en Trevelin, Chubut, el 7 de noviembre de 2021. Casi de inmediato lo trasladaron al penal de Rawson y por problemas de salud – de los que todavía no se recuperó -terminó en Ezeiza. Uno de sus abogados, Gustavo Franquet, explicó que el pedido de extradición ahora caído y su captura fueron posibles porque intervino “una autoridad que no tenía competencia para hacerlo en Colombia. Nosotros se lo dijimos a todo el mundo. Sin embargo, Argentina acentuó y defendió la competencia de esta gente incompetente hasta que conseguimos los abogados en Colombia, que la JEP se pronunciara y pusiera las cosas en su lugar”.
Ya liberado, una vez que cruzó las puertas del penal, Molares pidió por la libertad de Carmen Villalba, la militante del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) que sigue detenida en su país pese a haber cumplido una condena a 18 de prisión. “Vamos por vos Carmen, hasta que te tengamos en libertad, con tu pueblo y con el nuestro”, dijo rodeado de familiares y compañeros que lo fueron a buscar a la cárcel, al costado de la autopista Ezeiza-Cañuelas.
